Crímenes de guerra

España enviará guardias civiles y policías a Ucrania

Desplegará ocho expertos en criminalística, explosivos y ataques nucleares, químicos o biológicos

España enviará guardias civiles y policías a Ucrania

VALERIA FERRARO\EFE VIDEO EFEEPA Oleg Petrasyuk

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Juan José Fernández

Expertos en criminalística de la Policía y la Guardia Civil irán a Ucrania para ayudar en la investigación de los crímenes de guerra supuestamente cometidos por Rusia durante su invasión, y de los que van surgiendo cada vez más evidencias desde los macabros hallazgos en la localidad de Bucha. Con un comunicado oficial, el Ministerio del Interior ha confirmado esta tarde el envío, como adelantó este diario, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya visitado en Kiev a su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski.

Será un Equipo Especial de Apoyo (EPA) el que se despliegue en Ucrania, y será tras petición ucraniana, si bien los resultados de sus investigaciones son susceptibles de ser comunicados también a la Corte Penal Internacional. El EPA de policías y guardias civiles estará integrado por ocho especialistas a los que la Secretaría de Estado de Interior ha comunicado ya sus instrucciones: buscar pruebas de crímenes de guerra y de lesa humanidad "en el marco del Derecho Internacional", explica Interior. Son materia de ese tipo de investigaciones no solo las matanzas: también los cautiverios, las desapariciones forzadas, las torturas y las violaciones, entre otras agresiones a la población civil.

Unidades de Policía Científica cederán expertos para esta iniciativa. Pero no solo acudirá a Ucrania la policía forense: también expertos en desactivación de explosivos (TEDAX). El uso de trampas explosivas o IED se ha generalizado en las zonas abandonadas por el ejército ruso, con minas y detonadores escondidos a veces bajo los cadáveres o haciendo muy peligroso el acceso a zonas de acumulación de cuerpos, según precauciones difundidas a sus fuerzas por el Ministerio de Defensa de Ucrania hace ya tres semanas.

A los policías de unidades de criminalística y a los TEDAX acompañará también una pequeña representación técnica de expertos en NRBQ, o incidentes nucleares, radiológicos, biológicos y químicos.

Disposición del Gobierno

El pasado 12 de abril, fuentes del Ministerio del Interior confirmaban a este diario la disposición del departamento a enviar policías y guardias a la zona de guerra para investigar los crímenes de la invasión. “Colaboraremos con nuestros expertos de Policía Nacional y Guardia Civil en cualquier iniciativa nacional o internacional en la que seamos requeridos”, indicaron las fuentes ministeriales consultadas.

Preguntado tras la reunión del Consejo de Ministros, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska no dio ese día más detalles, limitándose a subrayar la disposición del ministerio a "una total coordinación y cooperación", pero en el marco de la investigación por posibles crímenes de guerra abierta por la Fiscalía General del Estado.

El día anterior, la embajada francesa en Kiev había confirmado la llegada a Leópolis de 17 gendarmes del IRCGN (Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale), el área de criminalística forense del cuerpo armado galo, convirtiéndose Francia en el primer país OTAN en enviar ayuda policial a Ucrania.

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El trabajo que desarrollarán los agentes de fuerzas de seguridad españolas en Ucrania está contenido en la instrucción 6/2022 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que fue dictada este miércoles. El EPA fue constituido en 2006, previendo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la posibilidad de que otros estados requirieran ayuda de investigación criminal a España. Se trata de una iniciativa hija de las experiencias de grandes ataques terroristas surgidas del 11-S.

En la actualidad, el EPA mixto de Interior tiene entre sus ámbitos de interés también “escenarios que pueden dar lugar a la comisión de graves delitos vulneradores de los derechos humanos o violaciones del Derecho Internacional humanitario cuyo esclarecimiento puede exceder en muchos casos las capacidades de las instituciones propias de los Estados afectados o implicados”, según indica la instrucción.