Fiscalía General del Estado

Fiscales denuncian en la UE la enmienda del PSOE que cambia las relaciones entre el Gobierno y Delgado

La reforma no prevé que sean públicas, que es lo que sugiere el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO)

Fachada de la Fiscalía General del Estado.

Fachada de la Fiscalía General del Estado. / EP

Cristina Gallardo

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La Asociación de Fiscales (AF) ha denunciado ante el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, la enmienda introducida por el PSOE en la reforma de la Ley Concursal que pretende cambiar las relaciones entre la Fiscalía y el Gobierno, situando en la fiscal general la iniciativa para informar al Ejecutivo de turno de los temas que considere de "relevancia". La enmienda asegura además un puesto a Dolores Delgado en la máxima categoría de la carrera cuando sea cesada de su cargo. 

Esta intención de reformar el Estatuto Fiscal por la puerta de atrás, tal y como lo interpretó la oposición, se incluye en la enmienda número 603 a la reforma de la Ley Concursal, que se viene tramitando en el Congreso de los Diputados para transponer la directiva de la Unión Europea sobre reestructuraciones de deuda y prevención de insolvencias.

Según explica la asociación mayoritaria de fiscales a Reyndes en una extensa carta de doce páginas, de aprobarse la enmienda "nos encontraríamos ante una fiscal general del Estado, propuesta por un Gobierno que preside la misma persona que la hizo ministra, con quien compartió lista y proyecto electoral, que podrá informar al Gobierno de los asuntos que entienda de especial relevancia sin que deba dejar constancia por escrito de los informes que dirija al Gobierno a tal fin, ni por supuesto dar a conocer públicamente".

Sin discriminar la causa del cese

El ascenso automático de quien deje de ser fiscal general, según la AF, propiciará además que pueda ascender a la máxima categoría de la carrera aquel que haya sido cesado por incurrir en incompatibilidad o prohibición.

Por otro lado, recuerdan que el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) -cuyas recomendaciones han servido al PSOE para justificar la enmienda-, sugiere que sean dos los elementos que contemple cualquier reforma sobre las comunicaciones entre el Gobierno y el Ministerio Fiscal: primero, que se hagan por escrito con registro del documento concreto por el que se articulan tales comunicaciones; y segundo, que sean públicas como medio indispensable para hacer efectiva la transparencia que debe presidir estar relaciones.

"Sin embargo, la reforma que se pretende a través de enmienda se refiere únicamente al primero de los aspectos señalados, estableciendo la necesidad de documento escrito y de registro del mismo. Pero en modo alguno a la segunda, que es precisamente la única útil a los efectos de control ciudadano y parlamentario de las posibles injerencias del Gobierno en el Ministerio Fiscal".

Con la carta remitida se ruega a la alta institución europea que tome conocimiento de la reforma proyectada, llamar su atención sobre el riesgo que la misma supone para el Estado de Derecho, adoptando, en su caso, las medidas que entienda oportunas para evitar el menoscabo de la independencia del Ministerio Fiscal y de su imparcialidad como pieza clave en todo sistema democrático. 

Ascenso de Delgado

A propósito del ascenso a fiscal de Sala de Delgado una vez abandone su actual cargo, la carta incide en el contexto en que se produjo su nombramiento, tras haber "concurrido a las elecciones generales celebradas en noviembre de 2019 en las listas de candidatos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), participando en la campaña electoral en actos organizados por este partido y solicitando el voto para el mismo". Con la reforma proyectada se le garantiza su vuelta a la Carrera Fiscal, una plaza en la máxima categoría de la misma, sin necesidad de concurrir con otros candidatos a ocupar tal plaza en concurso de méritos y capacidad, aducen los fiscales de este colectivo.

"No es necesario realizar esfuerzo dialéctico alguno que evidencie la regalía de la disposición para quien hoy es fiscal general del Estado", añaden. Apuntan también al "descrédito que llevaría aparejado tal reforma para la función que constitucionalmente está llamado a cumplir el Ministerio Fiscal". 

Reconocen que la necesidad de reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal es una realidad incontestable pensando en un modelo de proceso penal donde el Fiscal asuma la investigación de los delitos como ocurre en los países de nuestro entorno. 

No obstante, apuntan que ésta debería ir acompañada "de la necesaria reflexión e informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, sin embargo, con la pretendida reforma se escamotearán dichos informes y da la sensación de que su finalidad última es la de premiar a la actual Fiscal General del Estado al cese de su mandato, lo que comportaría una mayor politización de la Institución".