Nuevo plan de acción

Interior desplegará policías contra el odio

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. / EL PERIÓDICO

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Juan José Fernández

Unidades de policías y guardias civiles específicas para la persecución de los delitos de odio serán diseminadas por todo el territorio, en el marco de un nuevo plan de actuación contra un fenómeno que “ataca al corazón mismo de nuestra democracia”.

El comentario es del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien este martes, en rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo de Ministros, ha anunciado la entrada en vigor desde esta misma semana del segundo Plan de Lucha Contra los Delitos de Odio y Conductas Discriminatorias.

El plan estará en vigor hasta finales de 2024, y desarrolla 86 medidas para “prevenir, detectar, investigar y atajar delitos de odio”, ha explicado el titular de Interior.

Policías especializados

La principal de esas medidas es la creación de “grupos específicos” en la Comisaría General de Información y sus brigadas provinciales, así como en la Jefatura de Información de la Guardia Civil y sus unidades periféricas.

Los grupos especializados en delitos de odio manejarán herramientas como un indicador de riesgo

Esos grupos específicos estarán repartidos por todo el territorio español, según ha asegurado Grande-Marlaska, y trabajarán con herramientas como un indicador de riesgo.

Los delitos de odio y discriminación han aumentado sensiblemente en España en el lustro comprendido entre 2016 y 2021: un 41%. En 2016 fueron 1.272 denuncias las atendidas, y en 2021 se investigaron 1.802 casos.

Y, sin embargo, no son ni mucho menos todos los que se producen. Uno de los objetivos que busca Interior es “reducir el fenómeno de la infradenuncia”, ha asegurado el ministro, quien ha aportado el dato de que ocho de cada diez de estos delitos no se denuncian.

El plan se plantea como objetivo que la víctima que sufre ataques discriminatorios, vejatorios, violentos o coactivos basados en su condición social o personal no se quede sin pedir y obtener protección de la Seguridad del Estado. Grande-Marlaska ha dicho que trata de “impedir que estos comportamientos que nos agreden a todos queden sin el necesario castigo”.

Presupuesto

Entre las líneas de acción de este segundo plan, según ha anunciado una nota de Interior, está la capacitación y sensibilización de los agentes de la seguridad pública, la coordinación con organizaciones civiles del tercer sector y y también una ampliación de la plantilla que trabaja en la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio (ONDOD).

Interior dedicará 1.073.425 euros al desarrollo del plan, con una partida específica de 284.575 euros para la "mejora de la asistencia y apoyo a las víctimas", dice el ministerio, y otra de 277.210 euros para desarrollar herramientas que mejoren la investigación policial.

Desde 2014, año en que se acuñó estadísticamente el odio como figura delictiva, 11.811 casos han sido ya parte del trabajo de las distintas policías españolas.

Acceso a cuentas

En este Consejo de Ministros, Interior ha introducido en agenda legislativa dos iniciativas, además de este plan operativo policial.

El ministerio ha enviado a las Cortes para su tramitación parlamentaria un proyecto de ley orgánica que dará a las Fuerzas de Seguridad acceso al registro centralizado de cuentas bancarias y pagos, el Fichero de Titularidades Financieras (FTF) que gestiona el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) que depende del Ministerio de Economía.

Con esta nueva ley, los investigadores policiales podrán mirar cuentas... con las limitaciones de “prevención, detección, investigación y enjuiciamiento”, ha dicho Marlaska, de delitos comúnmente propios de la delincuencia organizada.

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Además, el ministro ha anunciado un Real Decreto que modifica del Reglamento Penitenciario en un asunto que se demostró clave durante el confinamiento por el covid, un momento especialmente delicado en las cárceles. Se trata del acceso de los presos a las tecnologías de la información para que puedan mantener videollamadas con sus familias y personas cercanas.

Con la medida se busca proporcionar a las personas encarceladas “el ejercicio conjunto de todos sus derechos”, ha dicho el titular de Interior.