El Govern renuncia por ahora a buscar avales privados para el Tribunal de Cuentas

Cuando el Tribunal de Cuentas reclamó 5,4 millones de euros a 34 dirigentes del 'procés' -en la causa que sigue por el eventual uso irregular de dinero público para la política exterior del independentismo- se abrió una larga pugna entre el Govern y este organismo para lograr que las arcas catalanas pudieran ejercer de avalistas. La cuestión fue tortuosa, en el seno incluso del Institut Català de Finances (ICF) y provocó un conflicto en el seno del Ejecutivo catalán. Pero tras diversas resoluciones jurídicas -Consell de Garanties, fiscalía-y movimientos políticos -entre ellos el cambio de integrantes del Tribunal, a propuesta del PSOE y PP- estos avales parecen garantizados. Pero lo que también se consolida es que será el Govern y no ninguna entidad financiera quien asuma, si es el caso, la cuantía económica.

Esto es lo que ha dado a entender el Govern al anunciar que la Conselleria d'Economia sea definitivamente la gestora del fondo con los avales que siguen siendo del ICF y con los que ha cubierto las fianzas que 29 dirigentes políticos independentistas debían satisfacer al citado Tribunal, formado por juristas elegidos a dedo por los partidos. Tribunal que se ha rectificado a sí mismo.

Se trata de un fondo total de 10 millones de euros, que generó controversia jurídica pero que ha sido defendido en todo momento por la Generalitat como vía legítima de defensa de los investigados. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha subrayado que las distintas decisiones judiciales sobre este conflicto "han confirmado la validez jurídica y constitucional" del procedimiento.

En todo caso, con la decisión adoptada este martes se cierra por el momento la puerta que el Govern abrió a que este dinero lo adelantaran entidades financieras privadas, algo que no se logró. Plaja ha defendido que, en todo caso, la "cobertura de los avales era jurídicamente impecable".

Pulso con Junts y la ANC

Por otra parte, el Govern se ha mantenido firme en su defensa del "consenso político" que ha generado la reforma de la ley de política lingüística, pese a la posición ahora crítica de Junts per Catalunya, socio del Ejecutivo, y el rechazo frontal de la Assemblea Nacional Catalana. La portavoz ha eludido el conflicto con estas organizaciones y ha insistido en la idea de que "se está trabajando" en favor del consenso social, pero siempre defendiendo la bondad de lo acordado por los grupos parlamentarios de ERC, JxCat, el PSC y los 'comuns'. La clave es hasta qué punto está dispuesto el Govern a mover el texto del pacto, a riesgo de que algunos de sus firmantes se descuelguen del mismo, para dar cabida a otras voces. También es clave si Junts ejecutará su amenaza de salir del acuerdo si no lo avalan otros agentes soberanistas.