¿Por qué el Poder Judicial tiene que ser renovado un mes antes del 12 de junio?

“Hemos acordado retomar las conversaciones –para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC)– y lo vamos a hacer rápido” dijo ayer el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al expresar su decepción por la primera reunión –“ha sido menos fructífera de lo que me hubiera gustado”– con Pedro Sánchez. Feijóo intentó, pues, difuminar este acuerdo por su presunta frustración ante la negativa del presidente del Gobierno a aceptar la propuesta de incluir en el plan económico de medidas por la crisis de Ucrania una rebaja temporal de las retenciones del IRPF para compensar la inflación.

Esa difuminación ha resultado tanto o más curiosa en cuanto que el miércoles por la tarde, en su visita al rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, el flamante líder apuntó que “el Partido Popular hará una política responsable de Estado. Somos un partido nacido para escribir la Constitución, dentro de nuestro ADN está la España constitucional”.

Se supone que una vez escrita, la Constitución debe ser cumplida. Y la última vez que se renovó por cinco años el Poder Judicial fue hace nueve, en diciembre de 2013. El PP ha bloqueado esa renovación durante tres años y cuatro meses.

Cuando el PP estuvo a punto de conseguir en noviembre de 2018 un presidente de su agrado para el CGPJ –Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo– con el sistema de elección vigente –aplicado antes por los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy– no puso reparos en renovar en plazo el órgano de los jueces. Al punto, incluso, de ceder la mayoría aritmética al sector progresista a cambio de la presidencia del Tribunal Supremo y del CGPJ.

Fue el escándalo del famoso whatsapp del portavoz del PP en el Senado Ignació Cosidó en el que explicaba a su grupo de 146 parlamentarios que se cedía la mayoría porque con la presidencia se lograba “que las votaciones no sean de 11-10 sino de 21-0. Y además, controlando la Sala Segunda [del Tribunal Supremo] desde detrás…“. Fuentes solventes señalan que si bien Cosidó transmitió el mensaje, su autor fue el entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea.

Tanto el PSOE como el PP habían acordado el nombre de Marchena, que trascendió por una filtración interesada antes de que los vocales fueran elegidos. La operación, gestionada por el exministro de Justicia Rafael Catalá, que contaba con la aquiescencia de Marchena, y la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, naufragó y abrió un interregno anómalo que, según se ha apuntado, ya dura tres años y cuatro meses.

Feijóo tiene que lidiar ahora dentro de su campo con la derecha mediática y fuera con las críticas de Vox.

“Para esa derecha las instituciones son patrimonialmente del PP, si dejas de tener el dominio porque legal y constitucionalmente ya no te corresponde al vencer el plazo de los mandatos y pactas la renovación a la que estás obligado es que estás entregando esas instituciones”, señala un magistrado consultado.

Esta es la razón por la que en el documento de pactos propuesto por el Gobierno-PSOE a Feijóo se exige el “reconocimiento pleno de la legalidad democrática del Gobierno”

Otra fuente consultada afirma: “Hemos llegado al colmo de la anormalidad constitucional que es pedirle al partido de la oposición que reconozca que el gobierno es legítimo. Pedro Sánchez quiere empezar desde cero con Feijóo, pasar página de la etapa Pablo Casado”.

El Gobierno ha puesto fecha a la renovación. El próximo 12 de junio vencen lo nueve años de mandato de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional: Pedro González Trevijano, actual presidente; Juan Antonio Xiol, vicepresidente; Santiago Martínez Vares y Antonio Narváez. Y hay un quinto, Alfredo Montoya, que debe ser sustituido por enfermedad.

Para cubrir las cuatro vacantes el Gobierno, según la ley orgánica del Tribunal Constitucional, debe designar a dos magistrados y el CGPJ a otros dos.

El actual CGPJ ya caducado no puede hacer nombramientos, según una ley orgánica aprobada por el Congreso a propuesta del Gobierno en 2021. Pero dicha ley ha sido recurrida por el PP y por Vox.

Si el CGPJ es renovado en mayo, llegaría perfectamente a hacer los dos nombramientos que le corresponde el 12 de junio.

Pero si no se elige el nuevo CGPJ, ello no sería insalvable para renovar el TC. Hay dos posibilidades. Que el propio TC declare parcialmente inconstitucional –atendiendo los recursos pendientes– la ley orgánica que prohibió en 2021 al CGPJ hacer nombramientos y autorizar a cumplir el mandato constitucional de nombrar a los dos magistrados del TC. La otra alternativa es que el Gobierno enmiende su propia ley vigente y permita al CGPJ caducado realizar esos dos nombramientos.

Pero ambos recursos dejarían mal a Feijóo. Porque empezaría con mal pie al continuar la política de bloqueo de Pablo Casado.

“El argumento del cambio del sistema de elección no puede servir para seguir con la anormalidad constitucional. Porque nunca se podría aplicar para renovar este CGPJ. Sería para la renovación que tendrá lugar dentro de cinco años. Se puede crear una ponencia en el Congreso para elaborar ese proyecto de modificación. ¿Pero qué sentido tiene si habrá elecciones generales antes y, por tanto, según la nueva mayoría todo sería susceptible de cambiar? Pero si se quiere salvar la cara, pues que se haga”, señala un diputado del Congreso consultado.

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