El fiscal se apoya en el Estatut para defender la competencia del Supremo para reclamar a Puigdemont

El fiscal Fidel Cadena fue el primero en defender la competencia del Tribunal Supremo para reclamar a los huidos del 'procés', entre ellos, el 'expresident' Carles Puigdemont, con euroórdenes. La vista, que se celebró este martes en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), pretende responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por el juez Pablo Llarena sobre si el país requerido puede negar la entrega de un reclamado porque no lo solicita el juez competente, como alegó Bélgica respecto al alto tribunal español en el caso del 'exconseller' Lluís Puig. La fiscalía y las defensas contrapusieron sus argumentos, pero las tesis de la ministerio público fueron secundadas por la Abogacía del Estado y por la Comisión Europea.

El abogado general Jean Richard de la Tour anunció que formulará sus conclusiones, que suelen marcar la sentencia final, el próximo 14 de julio.

Cadena, que viajó a Luxemburgo con la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal, sostuvo que la "competencia para conocer cada proceso penal corresponde a los jueces" y ve "ilógico que el país receptor controle las normas competenciales del emisor". En el 'procés', dijo, se han pronunciado reiteradamente al respecto tanto el Supremo como el Constitucional, que rechazó toda vulneración de derechos y refrendaron la competencia del primero al resolver los recursos de amparo de todos los condenados del 'procés'.

Sus sentencias, añadió, están "respaldadas por el derecho explícito, con normas que marcan la competencia", como la ley orgánica del Poder Judicial, la de enjuiciamiento criminal y el propio Estatut, cuyos artículos declaran la competencia del Supremo para investigar a los diputados del Parlament que cometan delitos fuera de Catalunya. Entre esos delitos, que por conexidad atraen al resto, citó la creación del censo de catalanes en el extranjero.

Problema sistémico

A su posición se sumaron la abogada del Estado Andrea Gavela, en representación de España, y Julio Baquero Cruz, en nombre de la Comisión Europea. La primera afirmó que con el criterio belga la euroorden sería una "herramienta inoperante" y que "si hubiera un problema sistémico en el sistema judicial español afectaría a todos los casos y no solo a unas personas".

El segundo apuntó que la propia decisión belga negó vulneraciones sistémicas en España y apuntó a que debía haberlas para negar una entrega, salvo ciertos caso, como una enfermedad. Su argumento fue luego discutido por una de las magistradas que forma la Sala en las preguntas que pueden formular para dictar su sentencia.

Al término de la vista, el abogado general anunció que dará a conocer sus conclusiones el 14 de julio

Y en cuanto al informe del grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias, en el que Bélgica también basó la supuesta vulneración de derechos de Puig, Cadena sostuvo que la jurisprudencia europea exige que el riesgo de la vulneración no sea "una mera especulación", sino que debe ser "cierto" y "relevante". Las defensas, en cambio, esgrimieron las veces en que una delegación española ha colaborado en sus trabajos.

Acabar ya

El abogado de Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, Gonzalo Boye, argumentó que sus defendidos eran la minoría catalana dentro del Estado español y por ello víctimas de una persecución por convocar un referéndum "brutalmente reprimido", pese a que ello no es delito ni en España y ni "en ningún lugar en el mundo". Según él, "hay 3.000 catalanes represaliados".

Dijo que el Supremo decide la competencia de forma "arbitraria" y recordó que no esperó a que el propio TJUE se pronunciara sobre la inmunidad del presidente de ERC, Oriol Junqueras, antes de dictar la sentencia del 'procés' que le condenó a 13 años de cárcel. Dijo que "el Supremo utiliza las euroórdenes con fines políticos" y recordó la comparecencia en Bélgica de Puigdemont y sus arrestos en Alemania y Cerdeña, así como que nunca ha podido desplazarse al territorio por el que fue elegido europarlamentario, Catalunya, porque el Supremo no respeta la inmunidad que le da ese escaño. "Esto tiene que acabar ya", sentenció.

En su intervención, dirigiéndose expresamente a los miembros de la Corte, criticó que el magistrado del Constitucional Enrique Arnaldo no se apartó de las sentencias que niegan vulneraciones de derechos, pese a que antes de incorporarse reclamó el encarcelamiento de Puigdemont.

Efecto desaliento

Isabel Elbal, en nombre de Clara Ponsatí, argumentó que los hechos por los que es reclamada no tienen encaje legal, porque introducirían "un marco de arbitrariedad y un efecto desaliento en las libertades de reunión y de manifestación en la Unión Europea, que esta no se puede permitir".

Andreu van den Eynde, abogado de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y Benet Salellas, de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, se centraron en la supuesta arbitrariedad del Supremo a través de los procedimientos por el 'procés' que se siguen en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. El propio Supremo acaba de remitir al TSJ la causa contra Meritxell Serret, al estar solo acusada de desobediencia.

Además, Van den Eynde destacó que tres de los nueve magistrados que participaron en las deliberaciones del TC eran partidarios de revocar la condena de Oriol Junqueras. Ninguno por falta de competencia del alto tribunal.

España frente a Bélgica

Las vistas ante el TJUE tiene ciertas peculiaridades distintas a las que se celebran ante la justicia española, como las preguntas que pueden plantear los magistrados que necesiten aclarar dudas y la réplica final, donde las partes pueden precisar lo que consideren oportuno.

Al tratarse de un asunto que afecta a dos países, también intervienen sus representantes. La abogada del Estado Andrea Gavela restó importancia a las conclusiones del grupo de trabajo de la ONU y negó que pueda tener tanta importancia el derecho interno del país requerido a la hora de tramitar una euroorden, porque la directiva deja claro las condiciones por las que se rige.

Por su parte, la representante belga se centró en la separación de poderes y recordó que ya ha habido varias sentencias por negación de euroórdenes por riesgo de vulneración sistémica de derechos fundamentales. El ponente de la sentencia que se dictará, Lars Bay Larsen, dirigió sus preguntas a esta delegación, que dejó la puerta abierta a cambiar de criterio en función de lo que denominó un cambio en la jurisprudencia.

Oídas todas las partes intervino en nombre de la Comisión Europea, Julio Baquero Cruz, que quiso centrar el debate: "Lo que se determina aquí es ver si hace falta un problema sistémico para el rechazo de una euroorden o basta un problema puntual", para a continuación negar que exista en España, como Bélgica misma decía en su decisión.