Una cuestión de procedimiento retrasa la causa contra Laura Borràs

Un paso atrás. Una cuestión de procedimiento ha retrasado la causa abierta contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y un amigo suyo, Isaías Herrero, por un presunto delito de malversación de fondos que se remonta a cuando ella era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. El juez del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jordi Seguí, ha admitido el recurso presentado por otros dos imputados por la presunta vulneración del derecho de defensa y ha anulado el auto por el que se daba por finalizada la investigación y dejaba a un paso de juicio a la máxima representante de la Cámara catalana.

El magistrado expone que no se ha respetado "el contenido esencial" del derecho de defensa de los investigados porque no se les ha permitido la práctica de examinar las actuaciones con la antelación necesaria para ejercer como abogados de los encausados. Para el "restablecimiento" del derecho de defensa, el juez ha revocado ese auto en el que se concluía la instrucción y ha concedido un plazo de 15 días para que las partes insten lo que convengan.

Es decir, podrían pedir nuevas pruebas o testificales, con lo que el proceso se retrasa y el fiscal no podrá, por el momento, presentar su escrito de acusación. Sin embargo, el juez no ha aceptado las alegaciones de Borràs sobre la vulneración de derechos fundamentales al haberse enterado por los medios de comunicación del mencionado auto y de que se habían incorporado a la causa hechos nuevos.

Una compleja instrucción

El togado hace una cronología detallada de las vicisitudes del proceso que se inició en el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona. La parte de Borràs viajó al Tribunal Supremo tras ser elegida diputada en el Congreso, y cuando fue nombrada miembro del Parlament se hizo cargo de las diligencias judiciales el TSJC. Al cabo de unos meses, el proceso que todavía estaba en el juzgado de Barcelona se acumuló a este del alto tribunal. El problema nace de que cuando se dio por concluida la investigación, la defensa de los dos nuevos implicados todavía no habían tenido acceso a la causa.

Borràs está imputada por favorecer presuntamente a Herrero, con quien, según el juez, acordó, entre marzo de 2013 y febrero de 2017, el fraccionamiento de 18 contratos menores de prestación de servicios informáticos, reflejando importes y conceptos inventados. Las cuantías de cada uno de ellos eran inferiores a 18.000 euros. Para el magistrado, la actual presidenta del Parlament "abusó de las funciones que tenía reconocidas", dictando "resoluciones injustas" para trocear los contratos y eludir la concurrencia pública. De esta manera, ayudaba a los intereses de su amigo "en detrimento de la defensa de los intereses generales". Los contratos investigados suman 330.442 euros.