La estrategia independentista

Movilización y lista cívica: las 5 claves de la nueva hoja de ruta de la ANC

La entidad soberanista se marca como principal objetivo incidir en las elecciones generales, catalanas y municipales

Concentración de la ANC frente al Parlament

Concentración de la ANC frente al Parlament / EUROPA PRESS / LORENA SOPENA

Júlia Regué

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Barcelona
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La ANC está inmersa en una renovación de liderazgos sin alterar las bases de su apuesta posreferéndum. La desobediencia y la unilateralidad siguen siendo la bandera de la entidad, pese al recelo que generan estos postulados en la línea política independentista, un frente en el que estudian hacerse hueco con una lista cívica.

La nueva hoja de ruta aprobada por la organización, que se expondrá este domingo, también refuerza el papel del soberanismo en el extranjero y se propone volver a las calles. Estas son las claves de la nueva estrategia que seguirá el futuro líder de la entidad tras la marcha de Elisenda Paluzie:

Si bien la ANC descarta convertirse en un partido político, sí se propone impulsar una lista cívica "independiente de los partidos" a los próximos comicios catalanes, previstos en 2025. Una candidatura propia como lo fue Primàries, que no obtuvo representación en las municipales en Barcelona y que se quedó con 26 ediles en solo 14 de los 40 ayuntamientos a los que concurrió. 

En las elecciones municipales de 2023 apostarán por "promover el voto a partidos y plataformas independentistas" y por "denunciar" los pactos con fuerzas que no sean secesionistas exigiendo incluso un acuerdo "escrito" a las formaciones que se presenten en el que se comprometan a "no regalar" más ayuntamientos, consejos comarcales o diputaciones a formaciones como el PSC o los 'comuns'. 

De cara a los comicios generales, volverán a proponer una "candidatura única con una estrategia compartida" y, si no se diera, como es previsible, pedirán el voto blanco o nulo.

Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que fija un mínimo del 25% de clases en castellano, la ANC se conjura para movilizar las calles para no acatarla y tratar de blindar, a su vez, el actual modelo de inmersión lingüística. A su juicio, el pacto lingüístico entre PSC, ERC, Junts y 'comuns' -todavía pendiente de enmiendas para su aprobación- obedece al cumplimiento del fallo del tribunal.

La entidad considera que hay que finiquitar cuanto antes la mesa de diálogo porque "cohesiona y refuerza al Estado internamente y lo legitima internacionalmente", así que no cabe esperar más: "Hay que preparar un nuevo embate democrático contra España de mayor potencia que el del 2015-2017", cuyo resultado mantienen que es "legítimo y que se debe implementar".

Deslizan que las leyes de desconexión, que provocaron la aplicación del artículo 155 y la suspensión de la autonomía, están "vigentes" y que "constituyen las bases de la legitimidad republicana". Y consideran que el 52% de voto independentista se ha "malgastado" y que se deben agitar las calles para reivindicarlo y que ERC y Junts lideren la Generalitat haciéndoselo suyo y forzando la desconexión: "La ANC tiene que volver a arrastrar a los partidos con un auge de las movilizaciones".

La ANC considera que el Consell per la República que dirige el 'expresident' Carles Puigdemont desde Bruselas "podría cumplir con la función de autoridad nacional", pero considera que debe hacer "pasos decididos" para ser "un organismo de representación institucional, transversal y ampliamente reconocido por todo el independentismo y que se coordine con la mayoría independentista en el Parlament". En este momento, sólo Junts apuesta decididamente por esto.

Paluzie, recientemente elegida vicepresidenta de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO), pretende internacionalizar el 'procés' desde este foro, pero también vincular la ANC con el Consell a través del "Ministerio libre de Exteriores", un ente creado para hacer paradiplomacia independentista.

La entidad dará continuidad a campañas como Eines de País para asumir puestos de poder en cámaras de comercio, en sindicatos, asociaciones empresariales, organizaciones juveniles, colegios profesionales, universidades y asociaciones; además de campañas de consumo de proximidad o incentivar que los impuestos vayan a la Generalitat. También defienden la gestión pública del agua o que los ayuntamientos contraten a empresas catalanas.

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