Comunidad Valenciana

El juez ve indicios de delito en la actuación de Oltra en el caso de los abusos a una menor tutelada

El instructor de la causa contra cargos de la conselleria de Políticas Inclusivas pide al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que impute a la vicepresidenta

Mónica Oltra.

Mónica Oltra. / EFE

Ignacio Cabanes

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El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de

Valencia

, que lleva la causa contra cargos de la Consellería de Políticas Inclusivas por el presunto encubrimiento del caso de abusos a una menor tutelada por parte de un educador, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que se cite como investigada a la vicepresidenta Mónica Oltra al apreciar "indicios racionales" de la participación de la misma en los hechos que están siendo investigados.

Tras tomar declaración a trece investigados el juez instructor entiende que "se ha agotado la investigación en todo lo que ha sido posible sin dirigir el procedimiento contra la persona aforada, ni afectar sus derechos". Así aclara que se han acordado y practicado numerosas diligencias de investigación de carácter documental y se ha oído a todos los investigados no aforados y argumenta que no se pueden dar más pasos en la investigación sin que la propia consellera figure como investigada para no quebrantar su derecho de defensa.

El TSJ decidirá sobre la imputación

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana deberá deliberar ahora si dada la exposición razonada de los motivos que esgrime el juez instructor procede a citar como investigada a la aforada Mónica Oltra.

Como ha venido informando este periódico a lo largo de estas semanas de interrogatorios a los investigados, entre ellos altos cargos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, la investigación se centra en "la sospechosa actuación" del personal directivo y técnico de la Conselleria, concretamente con la "instrucción parajudicial" que realizaron una vez judicializado el caso y de cuyos informes no se supo hasta una vez iniciado el juicio contra el educador, exmarido de la consellera, y que fue condenado a cinco años de prisión como autor de un delito continuado de abuso sexual

, con prevalimiento, a persona menor de 16 años. Así como por el tratamiento dado a la víctima, a quien no le dieron credibilidad y que incluso fue llevada a juicio esposada.

Dos denuncias vinculadas con la extrema derecha

Los hechos por los que tendría que responder ahora Oltra, si así lo estima la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, derivan de sendas denuncias, una interpuesta en mayo de 2021 por la propia víctima de los abusos sexuales - ya mayor de edad -, representada por el letrado José Luis Roberto (líder de la formación de extrema derecha España 2000). Y la otra por la asociación Gobierna-te, que preside Cristina Seguí, próxima a Vox en el pasado. La primera como acusación particular y la segunda como acusación popular sostienen que la actuación de altos cargos de la conselleria y de responsables del centro de menores donde se produjeron los abusos podrían ser constitutivos de delitos de encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación, denegación de auxilio, abandono de menores o personas de especial protección y contra la integridad moral.

En marzo del pasado año la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia condenó a cinco años de prisión al educador Luis Eduardo R. I., exmarido de la vicepresidenta del Consell, por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento a una menor tutelada de quince años en el centro concertado de València en el que desempeñaba su trabajo, tal y como informó en su día Levante-EMV, diario que pertenece al mismo grupo que este medio. Dicha sentencia fue recurrida por la defensa del condenado y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat desestimó dicho recurso. Ahora está pendiente de que el Tribunal Supremo se pronuncie respecto al recurso de casación interpuesto por su defensa en el que se solicita que se repita de nuevo la totalidad del juicio ante un nuevo tribunal, alegando la parcialidad de los magistrados que lo juzgaron, y teniendo en consideración los dos informes de la conselleria y del Instituto Espill que no fueron incluidos en su momento y sobre los que no se pudo interrogar a la menor cuando se repitió parcialmente la vista oral.