Con el informe del fiscal
El juez Pedraz rechaza la personación de la Generalitat en el 3%
El magistrado tiene en cuenta que "en la Generalitat hay miembros del partido político heredero del investigado"
Ángeles Vázquez
Periodista
Periodista especializada en tribunales. Vivo entre la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional. Descubrí '100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida' y lo conté en un libro.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado la personación de la Generalitat como acusación particular en la pieza separada del caso 3%, en la que se investiga la presunta financiación ilegal de CDC a través de la productora audiovisual Triacom, que es la única parte del caso de corrupción que sigue aún en instrucción.
El grueso de este procedimiento, cuya investigación se inició en 2015, se elevó cinco años más tarde a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para juzgar a los exgerentes de CDC Daniel Osàcar, Andreu Viloca y Germá Gordó, al exresponsable jurídico de esta formación Francesc Xavier Sánchez Vera y a otras 28 personas físicas y 16 jurídicas, entre las que figuran Convergència y el PDECat por los delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Herederos
En una providencia de apenas un párrafo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 argumenta, conforme le había informado la Fiscalía Anticorrupción este mismo lunes, que la Generalitat no ha acreditado su condición de ofendida o perjudicada ni ha aportado datos en los que se pueda soportar su nueva condición en este momento en un procedimiento que lleva tiempo en instrucción. La pieza relativa a los pagos a través de Triacom se desligó de la pieza principal en 2018.
Aunque el primer argumento del juez para negar también hace constar que la personación del Govern sería cuando menos cuestionable, ya que ”en la Generalitat hay miembros del partido político directamente heredero de los partidos políticos investigados en esta causa”, en referencia a los de Junts per Catalunya, formación que proviene directamente de la extinta Convergència.
Esa circunstancia, por la que sorprendió tanto la petición de personación, adelantada por EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, hace difícilmente incompatible con que puedan ejercer la acusación particular, que es la que corresponde a los perjudicados directos de un delito, en el procedimiento.
Financiación irregular
En la pieza que aún sigue en instrucción el juez Pedraz investiga si se canalizaban aportaciones de distintas sociedades hacia CDC, o se pagaban servicios al partido, a través de las que la productora audiovisual Triacom, dirigida por el imputado Oriol Carbó, libraba a TV3. En el escrito solicitando la personación se especificaba que la causa "tiene como objeto la investigación relacionada con la presunta financiación irregular" de Convergència.
La petición se acompañaba de un documento firmado por Aragonès y dirigido al director de su gabinete jurídico, Francesc Esteve Balagué, en el que autorizaba la comparecencia de la abogacía de la Generalitat "en representación y defensa" de la institución catalana, tras haber tenido "conocimiento a través de distintos artículos" publicados en los medios de comunicación y que, a su entender, "la investigación comprendería hechos que afectarían a los intereses y la esfera jurídica" de la Administración catalana.
De "ser acreditada", detallaba, esta actuación podría ser calificada de fraude contra las administraciones públicas, malversación, tráfico de influencias o cohecho, resultando "perjudicadas" la Generalitat y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), de la que depende TV3.
A diferencia del grueso del caso 3%, donde se investigaron los pagos a través de donaciones a las fundaciones de CDC CatDem y Fòrum Barcelona, la investigación se centra en los pagos de la televisión catalana a la productora que produjo, entre otros, el programa 'El Gran Dictat', por un importe total de 31,3 millones de euros entre 2008 y 2016.
Estas prácticas, que el juez califica de "una singularidad dentro del patrón de comportamiento habitual" seguido para la financiación ilegal de CDC, fueron denunciadas por Joan Manuel Parra a través de la grabación de una conversación suya con el exgerente de CDC Germà Gordó, por el cobro de su empresa, Hispart, de 750.000 euros por la campaña electoral de 2010.
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