La Fiscalía Europea sugiere a Delgado que lleve al TJUE la controversia sobre el contrato del hermano de Ayuso

La investigación sobre el contrato de Priviet Sportive por el que la Comunidad de Madrid adjudicó la compra de mascarillas en plena pandemia y que salpica al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, suma una nueva complejidad. La Fiscalía Europea ha movido ficha y ha solicitado esta misma mañana a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que considere la opción de elevar este asunto al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ante el conflicto de competencias surgido con la Fiscalía Anticorrupción española.

Según el comunicado del organismo europeo, dado el carácter inédito de asunto y "la compleja interacción entre las leyes nacionales y europeas", Delgado debe considerar esta posibilidad. 

En la misma nota se señala Fiscalía Europea lamenta la controversia y añade que, aunque la, la Fiscalía Europea no comenta casos concretos, cree que éste en particular "tiene implicaciones más amplias".

Competencia "preferente"

El objetivo de toda investigación de la Fiscalía Europea es establecer los hechos y determinar si existen suficientes evidencias de que se ha cometido un delito que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea, añaden, para subrayar que con el objetivo de evitar duplicidades el propio Reglamento de la Fiscalía Europea se reserva una "competencia preferente" para todos los hechos relacionados con un posible fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea.

La sugerencia se anuncia horas antes de que, a las 16.00 horas de este lunes se reúna la La Junta de Fiscales de Sala, un órgano del que forma parte la cúpula de la carrera fiscal, analice este asunto. La reunión fue convocada a raíz de que el fiscal jefe Anticorrupción español, Alejandro Luzón, rechazara entregar todo el asunto a Europa tal y como había pedido la representante española en la Fiscalía Europea, Concepción Sabadell. 

Desde España no se puede impedir que la Fiscalía Europea abra una investigación, pero la clave está en los delitos que pueden afectar a funcionarios españoles, como es el tráfico de influencias, el cohecho, la prevaricación o las negaciones prohibidas a funcionarios, que desde Anticorrupción se defiende que no pueden ser cedidos al organismo europeo.