Alivio en el Gobierno tras el acuerdo europeo, pero también inquietud por la reacción tardía a los paros

La apuesta era una. Y clara. Repetida por activa y por pasiva. Primero, Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo. Después, Consejo de Ministros, el 29, con el plan nacional de respuesta a la crisis provocada por la guerra de Ucrania. Pedro Sánchez se negó a alterar esa hoja de ruta, que luego se probó arriesgada, y con el peaje de un gran “desgaste”, pese a la presión de la calle. El presidente mantuvo su itinerario hasta el final, aunque admitió un requiebro en la curva final, consciente de que tenía que dar una salida urgente a la huelga de transportistas. Concluida la cumbre de Bruselas, cerca de las ocho de la tarde del viernes, regresaba a Madrid con el visto bueno a la 'excepción ibérica' que le permitirá bajar el precio de la energía, junto a Portugal, en aproximadamente un mes, y con el conflicto con los camioneros solo parcialmente enderezado, porque los convocantes de la huelga rechazaron la oferta de la ministra Raquel Sánchez tras reunirse con ella.

Las brumas no han dejado de crecer en las dos últimas semanas para el Gobierno. Sánchez y el PSOE se han visto cercados por la oposición, a izquierda y derecha, por la falta de medidas inmediatas anticrisis, y abandonados por sus socios de coalición, Unidas Podemos, por el giro inesperado respecto al Sáhara. Tras días bajo una presión máxima, el acuerdo del Consejo Europeo vino a dar oxígeno a Sánchez, al Ejecutivo, como reconocen incluso desde el entorno de Yolanda Díaz.

“Objetivo cumplido”, se congratuló el presidente. “Exitazo”, repetían en la Moncloa. Más allá de la redacción concreta del texto final de la cumbre [aquí en PDF], pesaba el compromiso político inequívoco de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, al término de las casi diez intensas horas de debate: Madrid y Lisboa gozarán de un “trato especial” atendiendo a su condición de “isla energética”, por su desarrollo de las renovables y su débil interconexión con Europea (del 2,8% entre España y Francia). Los dos países presentarán su plan conjunto, excepcional y temporal, que fijará un precio máximo para el gas, y el mecanismo de compensación ‘ex post’ a las gasistas, que será absorbido por el sistema eléctrico. No habrá subvenciones ni ayudas de Estado para ellas. Bruselas supervisará pero la propuesta está “hablada y pactada con ellos”, según aseguran fuentes próximas a la vicepresidenta Teresa Ribera, muy implicada en las negociaciones.

La propuesta de excepción ibérica no era fruto de “improvisación”, sino de meses de trabajo y de conversaciones con los socios comunitarios y con la Comisión, y Sánchez la defendió de modo "firme"

En realidad, Sánchez tuvo que reajustar sus objetivos a la vista de que Berlín se negaba a cualquier intervención en mercado mayoritario europeo. Pero la propuesta de excepción ibérica que defendió con su homólogo luso, António Costa, no era fruto de “improvisación”, sino de meses de trabajo y de conversaciones con los socios comunitarios y con la Comisión, indican en la Moncloa. Recalcan que la estrategia, pues, fue “muy buena”. Pero podía haber descarrilado, por las prevenciones de países como Alemania y Holanda. El presidente, defienden en su círculo, sabía el terreno que pisaba y defendió su propuesta de manera “firme”. Hasta se levantó de la mesa cuando habían transcurrido cuatro horas de debate sin muchos avances y se filtró la idea de que amagaba con vetar las conclusiones.

"Ganando posiciones"

Tras el Consejo, está claro, siguen fuentes gubernamentales, el “marco jurídico”, la “cobertura” de la que dispondrá el Ejecutivo para aplicar su propio paquete anticrisis, sabedor de que estará “blindado” por la Comisión. Los ministerios económicos —especialmente los dirigidos por las tres vicepresidentas—, coordinados por Presidencia (Félix Bolaños) ultiman este fin de semana el real decreto ley que aprobará el martes el Gobierno y que 24 horas antes presentará, en sus grandes líneas, el propio Sánchez en una conferencia en Madrid. Serán medidas, anticipan en la Moncloa, “muy contundentes”, algunas de “mucho calado” que persiguen aliviar la factura económica de la guerra de Ucrania. En principio, el bipartito se inclina más por ayudas directas y no por rebajas fiscales, como anhelaba el PP. “Vamos ganando posiciones”, aplauden en Unidas Podemos. Hacienda sí descartó un impuesto a las eléctricas, como querían los morados.

El Ejecutivo sí se vio obligado a rectificar la trayectoria, al adelantar la reunión con los transportistas y ceder a una cita con los convocantes 'rebeldes'

Las concreciones se guardan con muchísimo celo. El Gobierno espera recobrar el pulso perdido tras dos semanas aciagas, dos semanas en las que es consciente de que ha sufrido erosión. “No ha habido falta de reacción. También hay que tener en cuenta que si tomábamos medidas por nuestra cuenta perdíamos fuerza de negociación frente a Bruselas, y ese punto era clave”, alegan en la Moncloa.

Pero esa hoja de ruta inicial se vio alterada cuando el Ejecutivo comprobó que los paros de los transportistas no cesaban y que se tensionaba la cadena de suministro alimentario. Tras defender que los huelguistas estaban alentados por la “ultraderecha”, el Gobierno rectificó. Y la ministra Sánchez, desdiciéndose de sus palabras, aceptó recibirles el pasado viernes, aunque sin lograr que aceptasen la oferta de más 1.000 millones de euros en ayudas que puso sobre la mesa y que sí sirvieron para firmar la paz, la madrugada anterior, con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). Agricultura, por su parte, consiguió que se apeasen de la protesta los pescadores.

"La política son emociones"

En la Moncloa admiten que hubo que reaccionar para frenar la contestación social. Por eso se anticipó al jueves la reunión con el CNTC, que estaba prevista para después del Consejo Europeo. “Este es un Gobierno que resuelve, que es infatigable, que se ha reunido con los sectores, con los grupos, con las comunidades. Lo único que pedíamos era conocer el marco, saber de qué palancas disponíamos”, justifican en el equipo del presidente. “Ante situaciones extremas, debemos responder de manera seria y solvente, y no dejarnos llevar por la precipitación. Y Raquel Sánchez ya había acordado con el sector del transporte antes, así que no íbamos tarde”, abunda una ministra de peso en el Gabinete.

En el Gabinete hay quienes señalan la "desesperación" de muchos españoles. "Nos tiene que preocupar reconciliarnos con los ciudadanos en este punto de la legislatura", añade otra ministra

Sin embargo, otros miembros del bipartito, y no solo de Unidas Podemos, creen que han faltado reflejos. Y la preocupación ahora es saber si el acuerdo del Consejo y el paquete anticrisis del martes servirán para amortiguar la protesta. “La cuestión energética es lo que teníamos que haber arreglado hace tiempo. La gente está pagando facturas enormes de luz. El problema es que ahora hay demasiado cabreo social. Muchos ciudadanos los están pasando muy mal, están desesperados, y no han sabido negociar”, se duele una ministra. Su reflexión conecta con lo que expresa una compañera de Gabinete: que no vale de nada el pacto de la cumbre europea si no tiene una traslación directa y visible para los ciudadanos en sus bolsillos: “Nos tiene que preocupar reconciliarnos con los ciudadanos en este punto de la legislatura”, cuando ya se ha atravesado el ecuador. “Nos hace falta algo que volviera a dar ilusión a la gente. La política son sentimientos, son emociones”, culmina esta última fuente.

Una veterana socialista con escaño en el Congreso también detecta que al Gobierno le falta “empatizar”, “tocar calle”, porque los ciudadanos necesitan “un Ejecutivo que les dé seguridad, que les guíe” en un momento de máxima incertidumbre. En definitiva, que se echa en falta “piel”. Un mensaje que el núcleo duro del Gabinete ha intentado combatir en estos últimos días, insistiendo en que es un Gobierno “empático”, “sensible”, atento a las inquietudes de la calle.

La explicación pendiente del Sáhara

En el fondo, la pregunta es hasta qué punto la contestación social puede castigar en las urnas a Sánchez. Y aunque los socios habituales del bipartito alertan de que la legislatura puede estar yéndosele “de las manos” al presidente, la Moncloa no traslada sensación de fin de ciclo o de prontitud de unas nuevas generales. El plan, por tanto, sigue siendo agotar el mandato, hasta finales de 2023.

En el Gobierno confían en que vaya imponiéndose una cierta calma, aunque no una vuelta completa a la normalidad, porque la guerra en Ucrania sigue

De camino, se ha cruzado la tormenta política por el giro en el Sáhara, que ha unido a la oposición y a Unidas Podemos. El pasado miércoles, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, pudo comprobar la total soledad del sector socialista del Ejecutivo frente a la Cámara. Las críticas se sucedieron portavoz tras portavoz. El presidente comparecerá el miércoles, 30 de marzo, en el Congreso para dar cuentas de la cumbre de la OTAN, del pasado jueves, y del Consejo Europeo, pero también para informar del abandono de la neutralidad mantenida durante más de 46 años en la antigua colonia española.

Los colaboradores de Sánchez avanzan que habrá explicaciones prolijas del cambio de postura, de la “nueva etapa” que continuará perfilando el titular de Exteriores el viernes, cuando viaje a Marruecos para despachar con su homólogo, Nasser Burita, y preparar la visita, aún sin fecha, del jefe del Ejecutivo.

Sánchez, pues, ha sufrido semanas turbulentas. Ahora en su Gobierno confían en que vaya imponiéndose una cierta calma, aunque no una vuelta completa a la normalidad, porque la guerra en Ucrania sigue. Porque desde el martes “se reducirán los costes económicos” del conflicto, señalan en el Ejecutivo, pero el decreto ley no devolverá a España a la “situación de partida”. Y recuerdan: el mundo ha cambiado y no hay vuelta atrás.