El Gobierno acusa el "desgaste" del malestar en las calles, pero confía en que su plan de choque lo frenará

"Hay un interés en aparentar que estamos de espectadores, pero la realidad es que no dormimos. Literalmente. No dormimos porque estamos con reuniones todo el día y barajando las medidas que, sobre todo, sean más eficaces, porque es de lo que se trata". Una ministra verbalizaba este martes la frustración que anida en el Gobierno, la plena consciencia de que está sufriendo un enorme "desgaste" en las dos últimas semanas, especialmente por el paro de los transportistas que está poniendo en jaque la red de distribución de todo el país, pero también por el controvertido (y no explicado hasta ahora con detalle) giro en la posición del Sáhara, que ha supuesto el abandono de la neutralidad de España en el conflicto después de casi 47 años. En el Ejecutivo esperan que a finales de esta semana, cuando el Consejo Europeo adopte medidas para controlar los precios de la energía, se detenga la hemorragia interna, porque pondrá negro sobre blanco el margen de que dispone para aliviar en los ciudadanos y en las empresas el alza de la factura eléctrica. Es decir, que el camino que tome Bruselas determinará la orientación y los contenidos del plan nacional de respuesta a la guerra de Ucrania, que en la Moncloa confían en poder pactar con el PP.

Este martes, el Consejo de Ministros no aprobó medidas parciales para amortiguar el coste de la energía, como sí han adelantado otros países, porque su "estrategia", su "apuesta", es otra, explicaba otra integrante del Gabinete. Y es la de tomar medidas "de calado", no parches, y fiar todo en el cambio de la UE, al Consejo Europeo de este 24 y 25 de marzo, lo que explica la gira del presidente, Pedro Sánchez, por varias capitales, tour que ayer debía haber concluido en Dublín, pero que no fue posible por el covid del primer ministro irlandés, Micheál Martin, con el que no obstante sí se reunió telemáticamente.

El Ejecutivo empuja, como Italia, Portugal y Grecia, hacia un rediseño, siquiera coyuntural, del mercado energético, que permita desacoplar el gas de la factura eléctrica. El argumento, repetido hasta la saciedad, es que si no se "interviene" el sistema, no se cortará el "contagio" de una tecnología, el gas, que está distorsionando el precio de la electricidad. Por eso, el Gobierno defiende que no basta con rebajas fiscales o ayudas directas, ya que el mercado se las come si no se corrige su comportamiento "disfuncional", desbocado aún más tras la invasión rusa de Ucrania.

"Hay un interés en aparentar que estamos de espectadores, pero la realidad es que no dormimos. Literalmente. No dormimos porque estamos con reuniones todo el día y barajando medidas", explica una ministra

"Lo que esperamos es que si no hay un acuerdo de máximos entre los Veintisiete, sí nos facilite una percha para poder actuar, porque el mercado energético está hoy día regulado a nivel europeo y tu margen de actuación como país es muy menor", explica una ministra. Es más, en el Ejecutivo apuntan que Bruselas es consciente de que España no aceptará cualquier salida mínima. Si no se ataja el problema de raíz, como pide el presidente, "el Gobierno no estará de acuerdo". Las decisiones en el Consejo Europeo se adoptan por unanimidad, y si hay un país que ejerce su derecho de veto, no hay pacto. En otras palabras, que Sánchez está dispuesto a pisar fuerte, dispuesto a jugar su carta hasta el final.

Críticas de los socios

En los últimos días, sin embargo, la presión de la calle ha ido en aumento. La huelga de los transportistas dura ya más de una semana y se ha acrecentado —aunque la percepción de los socialistas es que en las últimas horas más camiones han podido trabajar gracias al despliegue de 24.000 efectivos policiales—, y a ella se sumó, el pasado domingo, la masiva protesta del mundo rural (150.000 concentrados en Madrid, según la Delegación del Gobierno, 400.000, según los convocantes), más el plante de los pescadores. "El Gobierno da señales de ensimismamiento, improvisación y bandazos en un momento en que la gente lo está pasando mal... Si no hay una reacción de inmediato y con firmeza, se le puede ir la legislatura de las manos", decía este martes Íñigo Errejón, líder de Más País, socio habitual del bipartito. Igual que ERC, que no para de advertir de que "o la izquierda se pone las pilas e intenta crear y aplicar iniciativas o todo esto se lo queda Vox".

En el Ejecutivo niegan que España vaya "tarde", porque países como Francia han anunciado medidas que entrarán en vigor el 1 de abril, cuando se espera esté operativo el decreto anticrisis

En el Ejecutivo replican que sí son conscientes del "malestar" social, que son "sensibles", pero a la vez son "responsables" y están estudiando posibles soluciones ("no dormimos"). "Todo el mundo se pone muy dramático, pero hay que estar en el Gobierno para mantener la templanza. Se trata de tomar las medidas más eficaces, no ir deprisa y corriendo. Nos dimos una hoja de ruta, que es esperar a Bruselas, porque en función de lo que acuerde el Consejo Europeo, las medidas serán unas u otras. En ese ínterin, hasta el Consejo de Ministros del 29 de marzo, nosotros también sufrimos, es verdad. Tenemos desgaste", se defienden en el equipo más directo del presidente, donde niegan que España esté actuando "tarde", porque países como Francia han anunciado medidas para bajar el precio de los carburantes que entrarán en vigor el 1 de abril, fecha en la que previsiblemente también entrará en vigor el paquete anticrisis que está preparando el Gobierno de coalición.

Esa hoja de ruta diseñada por la Moncloa es la que hace esperar al Gobierno (y al PSOE) que la tormenta amainará a partir del viernes, cuando concluya el Consejo Europeo. De hecho, en el equipo de la titular de Transportes, Raquel Sánchez, señalan que será entonces cuando se puedan concretar las salidas adelantadas a los transportistas este pasado lunes. Concreción que debería llevar, eso creen en el ministerio, al final de la huelga este mismo fin de semana. En suma, que se muestran "bastante optimistas" tras 15 días muy turbulentos.

La seguridad en su paquete de medidas lleva a pensar al Ejecutivo que el PP lo acabará apoyando en el Congreso, en parte por el cambio que supone la llegada de Alberto Núñez Feijóo. Pero aunque esperan su voto favorable al real decreto ley consideran que hagan lo que hagan los populares seguirán reclamando la rebaja fiscal, al margen de que en estos momentos sea menos eficaz. "Ellos entienden que esto les da votos". 

12.000 millones menos de recaudación

Fuentes gubernamentales explicaban ayer martes que al Ejecutivo le da igual ingresar menos —la opción de bajar impuestos— que incrementar el gasto —bonificaciones vía endeudamiento—. Pero lo que reclaman los sectores más afectados por la subida de los combustibles, los transportistas y los agricultores (tractores), son ayudas directas. El IVA que cobran, sea más alto o más bajo, se lo descuentan. "Lo que está valorando el Gobierno es qué es más útil". "Que cuando salgamos con el paquete de medidas, realmente sirvan". 

Los socialistas reconocen la "frustración" de haber bajado los impuestos de la factura de la luz, esfuerzo que se ha quedado en nada porque el mercado se lo ha comido con la escalada de los precios

Desde el Ejecutivo se niega tajantemente que con esta situación el Estado esté recaudando más, y se subraya que quienes se benefician son las comunidades autónomas, porque el 50% del IVA y el 58% del impuesto de hidrocarburos están cedidos. Lo que más convendría al Gobierno es la bajada fiscal, sostienen, porque sería una merma de ingresos que repercute en las autonomías. Si se opta por las ayudas directas, para el Ejecutivo hay una doble penalización, ya que dentro de dos años se deberá devolver el exceso de IVA a cada región. Se están valorando todas las opciones, pero el Gobierno parece decantarse por bonificaciones a los sectores más afectados, confirmaban desde Hacienda. 

La prueba, señalan en el Gobierno, es la rebaja fiscal que se ha aplicado ya con la electricidad, y que "no ha dado resultado". Esto, reconocen, ha sido una "frustración" porque aunque se ha actuado para frenar la factura energética, la bajada de impuestos no ha servido de nada. La luz ha continuado subiendo por la repercusión del precio del gas en el cálculo de la electricidad. Si las medidas aprobadas hasta ahora se mantienen todo el año, apuntan, el Estado habrá dejado de ingresar hasta 12.000 millones de euros, sin que haya supuesto un gran alivio para las familias y las empresas, porque el precio ha seguido escalando. Por eso la insistencia en que se tomen decisiones a nivel europeo. 

En la parte socialista del Ejecutivo creen que el paquete anticrisis del próximo martes no debe generar un nuevo conflicto con Unidas Podemos porque ellos son por sistema menos favorables a ayudas fiscales. El problema podría ser que exijan subidas impositivas a las grandes empresas, algo que ayer en su reunión con las eléctricas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya después, como después ratificó en rueda de prensa la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. 

Al malestar en la calle por la subida de la inflación, el Gobierno suma el terremoto político por el cambio de posición sobre el Sáhara Occidental y el respaldo dado al plan autonomista de Marruecos. Las críticas han sido muy unánimes de toda la oposición por el giro, la falta de transparencia y los pormenores del acuerdo. Incluso en el PSOE ha generado mucho desconcierto. La idea es que esta polémica pierda fuelle a partir de este miércoles con la comparecencia en el Congreso del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y que el Gobierno pueda ir quitándose problemas de encima.