La jueza encarga un peritaje de las subvenciones de L'Hospitalet al Consell Esportiu

La jueza que instruye la causa por presunta malversación de fondos públicos en el Consell Esportiu de l'Hospitalet ha encargado a la Intervención General del Estado una prueba pericial sobre las subvenciones que el Ayuntamiento de esta localidad ha otorgado a esta entidad de promoción del deporte, sobre todo escolar, según la providencia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La Policía Nacional considera que existen "irregularidades que se repiten de modo continuado" desde el año 2015 en la tramitación de estas partidas por valor de unos 210.000 euros anuales. En este sentido, los investigadores destacan la "pasividad, permisividad o dejadez" ante la falta de control, aunque los técnicos imputados han defendido que su actuación fue correcta y que las subvenciones pasan por dos auditorías.

La pericial encargada por la magistrada debe analizar las subvenciones que el Consell Esportiu solicitó al Ayuntamiento de l'Hospitalet y que fueron concedidas, a fin de determinar si la cantidad percibida en tal concepto entre 2016 y 2019 está debidamente justificada, en atención a la documentación aportada al proceso judicial.

La Intervención General del Estado también tendrá que aclarar la "discordancia existente" entre las cuentas generales presentadas en el consistorio para la solicitud de esas partidas y las entregadas con posterioridad a la Generalitat, así como si los fondos públicos entregados se han destinado a los servicios por los que se dieron. O, en cambio, "si se ha realizado un uso fraudulento" como se desprende de los apuntes contables que obran en la causa.

Supuestos pagos en efectivo sin ningún control fiscal de servicios realizados o no, sospechosos cobros de dietas "desproporcionadas", gastos sin justificación (como compra de libros en Amazon, algunos de autoayuda, compra de camisetas, pago de multas, gasolina o colegios profesionales), el desembolso de 45.000 euros fraccionados por un presunto falso despido de un exregidor imputado y miembro del Consell, Cris Plaza, y la posible falsificación de actas de la junta de la entidad, son algunos de los tejemanejes investigados, según se desprende de las diligencias judiciales. Ahora falta concretar cada una de las sospechas.

La policía sostiene que "los actores" que participan en la "estructura" que se está rastreando son los responsables del propio Consell Esportiu y el área de Deportes del Ayuntamiento. Así sitúa al actual teniente de alcalde de l'Hospitalet de Llobregat, Cristian Alcázar, como uno de los responsables de la trama de presunta malversación. A su entender, existe "connivencia" entre este alto cargo municipal; Eduard Gali, exdirector del la entidad; y los técnicos municipales "responsables de la verificación de las subvenciones". En ese caso, también está imputado el exconcejal Cris Plaza, que dimitió de su cargo al estallar el escándalo y había ocupado cargos en el Consell. A la alcaldesa Nuria Marín solo le atribuyen el no haber denunciado cuando tuvo conocimiento de las irregularidades. La dirigente socialista ha pedido el archivo. Los principales implicados siempre han negado las irregularidades y en sus declaraciones desmintieron descontrol de las subvenciones.

El despido supuestamente amañado

La jueza, por otra parte, ha abierto una investigación separada por el despido en 2016 de Cris Plaza, que dirigió el Consell Esportiu durante 17 años y que percibió una indemnización de 47.147 euros. El denunciante del 'caso Consell Esportiu', el concejal Jaume Graells, aseguró que el despido no se había acordado y que, tal y como explicó Plaza, fue una renuncia voluntaria. “Relevo pactado”, tituló el diario municipal de L’Hospitalet. De hecho, seis meses después, el grupo municipal del PSC le contrató como asesor y en 2019 entró como concejal, encargándose del área de Deportes. En diciembre del 2020, al estallar el caso, dejó el acta.

Los investigadores sospechan que el despido fue arreglado y, por tanto, Plaza habría percibido indebidamente la indemnización y, además, no habría tenido derecho a cobrar los 6.497 euros de la Seguridad Social durante el periodo que estuvo en el paro. Las defensas, sin embargo, alegan que una comisión directiva del Consell sí que acordó despedirlo en la última reunión de 2016 y sustituirlo por Eduard Gali. En esta pieza separada incoada por la jueza aparecen como denunciados Plaza y Cristian Alcázar.

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