Juicio en la Ciutat de la Justícia de Barcelona

La fiscalía acusa a Torra de "insumisión institucional" por no retirar una pancarta a favor del los presos del 1-O

  • La defensa asegura que solo queda "quemar" al exjefe del Ejecutivo "en la hoguera" y recuerda que Putin se fue del Consejo de Europa porque no le gustaba sus resoluciones, "lo mismo que a la señora fiscala"

Quim Torra anuncia que no se presentará a un juicio que considera una farsa. / FERRAN NADEU / VÍDEO: EFE / TWITTER QUIM TORRA

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J. G. Albalat
J. G. Albalat

Redactor

Especialista en Judiciales

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La fiscalía acusó este jueves al expresidente de la Generalitat, Quim Torra, de "insumisión institucional" ,al no retirar una pancarta que pedía la libertad de los presos del 1-O y lucía un lazo amarillo, y que se colgó en la fachada del Palau de la Generalitat en septiembre de 2019. El exmandatario catalán no acudió al juicio celebrado contra él por el presunto delito de desobediencia. "No legitimaré una nueva farsa". La ley permite no asistir a la vista a los imputados a los que se les reclama menos de dos años de prisión, como es el caso, pues se reclama inhabilitación.

Torra publico en un tuit antes del juicio el que anunció que no iría a la vista. "No reconozco la legitimidad de la justicia española que no respeta ni los tratados internacionales ni los derechos fundamentales", escrinió. En este sentido, su abogado, Gonzalo Boye, aportó en la vista el documento del Consejo de Europa de junio del 2021 que recomendaba la libertad de los independentistas entonces presos y su indulto, resolución calificada después por la fiscalía como "anecdótica" por el resultado de la votación.

Imagen del juicio contra el expresidente Quim Torra, al que este no ha asistido.

/ J. G. Albalat

La fiscalía reclama al exjefe del Ejecutivo catalán un año y ocho meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros. Es la segunda vez que el exmandatario es juzgado por no quitar una pancarta en apoyo a los políticos presos. La primera vez le costó el cargo. En septiembre de 2020, el Tribunal Supremo confirmó la condena a un año y medio de inhabilitación y multa de 30.000 euros por no retirar una, pese a que se lo había ordenado la Junta Electoral Central para garantizar la neutralidad de los edificios públicos durante la campaña de abril de 2019.

En el nuevo escrito de acusación, la fiscalía sostiene que el 19 de septiembre de 2019 el TSJC dictó auto en el que aceptaba la medida cautelar pedida por Impulso Ciudadano para que Torra retirara la pancarta que rezaba: “Libertad de los presos políticos y exiliados", en catalán e inglés y con un lazo amarillo. Pese a esa orden, el entonces 'president' respondió una vez más con un desafío. El 20 de septiembre de 2019, el TSJC le dio 48 horas para quitar el cartel. Lejos de obedecer, Torra denunció una "vulneración flagrante del derecho a la libertad de expresión". Al final, el 27 de septiembre, expirado el plazo, los jueces ordenaron que los Mossos retiraran la pancarta, tras lo que dos operarios de la Generalitat quitaron el mensaje del balcón del Palau. El Govern, sin embargo, respondió con un nuevo envite: colgó otra pancarta con el lema 'Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos'.

Unos operarios retiran la pancarta a favor de los independentistas presos, en septiembre del 2019.

/ Àngel García

En su informe final, la fiscalía insistió que Torrea no está "acusado por colocar una pancarta", un acción "subjetiva" en base a su "libertad de expresión" personal, sino por no obedecer los requerimientos como presidente de la Generalitat. La acusación pública recordó que los edificios públicos "han de estar al servicio de los intereses generales" y no de "un grupo de ciudadanos" con una determinada ideología, ya que tienen la "obligación de mantener la neutralidad política". "El problema no fue el mensaje de la pancarta, sin el uso indebido de un edificio público", recalcó la fiscala, que agregó que el expresidente "tenía una voluntad explícita" de eludir el requerimiento para que retirara la pancarta.

La alusión al presidente de Rusia

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El abogado de Torra, Gonzalo Boye, se quejó vehemente de que la fiscalía tildara de "anecdótico" la resolución del Consejo de Europa y recordó que si fuera así no se habría ido el presidente de Rusia, Vladimir Putin, "lo mismo que a la señora fiscala". "Haber si nos vamos a ver un día sentados junto a él", alegó. "¿Documento anecdótico, ha dicho la fiscalía?, ¿Dónde nos quieren llevar, a Rusia o Polonia?", espeto en plena polémica por los contactos del entorno de Carles Puigdemont con Moscú. El letrado recalcó que contra "el enemigo todo vale" y que solo "quemar en la hoguera" a Torra, "lo que nos hubiera ahorrado mucho papel". A su entender las acusaciones pública y popular, ejercida por Impulso Ciudadano, "han asumido" que va haber condena, no valorando la prueba". "No han hecho los deberes porque tenían las cartas marcadas y conocía a los dueños del casino", aseguró. El exjefe del Ejecutivo catalán, añadió, ejerció la liberta de expresión, "pero nos quieren callados". "Torra no se va a presentar a las elecciones, porque ya las ha ganado, igual que la dignidad", concluyó.

Torrra se negó a declarar ante el juez del TSJC instructor de la causa. En una breve comparecencia, aseguró que se sentía víctima de la "represión" al independentismo y que debía regresar cuanto antes a su responsabilidad para atajar la pandemia. " Le he dicho al magistrado que ese no era un tribunal neutral, que dijera lo que dijera, la sentencia ya está escrita, y que me acogía a mi derecho a no declarar. Le he dicho que soy un independentista catalán y que el juicio se enmarcara en la persecución política contra los independentistas catalanes, la causa del independentismo es justa y es una causa de una minoría nacional", subrayó.