La 'consellera' Garriga alega ante la jueza que no fue apercibida por el Constitucional sobre el 1-O

La 'consellera' Natalia Garriga alegó este lunes ante la jueza del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Maria Eugènia Alegret, que le investiga por la organización del referéndum unilateral del 1-0 que no fue apercibida en persona por el Tribunal Constitucional de que no podía realizar acciones vetadas en sus resoluciones en relación a la consulta soberanista .La fiscalía entiende que existen indicios de que la alto cargo del Ejecutivo catalán incurrió en un delito de desobediencia grave por "desatender" los mandatos del alto tribunal cuando era directora de servicios de la secretaria general del Departamento de Vicepresidència, aunque en su auto de procesamiento, dictado antes de que fuera aforada por el Juzgado de Instrucción número 13, figura también el delito de malversación. La Abogacia del Estado también ha expresado la misma opinión. Sin embargo, todavía es posible que sea juzgada por malversación porque Vox ejerce la acusación popular.

La 'consellera' se presentó en la sede del TSJC arrobado por diputados de Junts, ERC i la CUP, además de la presidenta del Parlament, Laura Borrás, y varios miembros del Gobierno catalán. Garriga, a la que se le ha notificado su procesamiento, solo ha respondido a las preguntas de su abogada, Laura Palmés, con lo que la indagatoria ha durado unos 15 minutos.

En esta declaración, la 'consellera' afirmó que la nave acondicionada en el CTTI (Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat) antes del referéndum unilateral se utilizó posteriormente en unas elecciones y durante la pandemia del coronavirus para el 061 y los rastreadores, justificando, por lo tanto, los 70.000 euros destinados a esas instalaciones. Su interrogatorio versó sobre este asunto y en si había recibido alguna notificación personal del TR sobre el impedimento de promover acciones secesionistas. En este sentido, la titular del departamento de Cultura rechazó que el alto tribunal le comunicara nada. Por esta razón, su abogada ha solicitado que se requiera al Constitucional si eso es así.

La detención

La 'consellera' fue detenida el 20 de septiembre de 2017, en la operación ordenada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona para abortar la logística del 1-O que dio pie al registro de la sede del Departamento de Vicepresidencia y Economía, dirigido por Oriol Junqueras y donde la consellera ejercía de directora de servicios. Posteriormente, fue procesada por participar en los preparativos del referéndum unilateral que suspendió el TC, principalmente a raíz de sus gestiones para obtener un local donde almacenar material electoral y acondicionar un centro de recogida de datos de la votación. Cuando fue elegida en las ultimas elecciones, el caso pasó a manos del TSJC por su aforamiento.

Garriga fue procesada por su papel en la adjudicación de varios contratos menores para acondicionar un centro de atención telefónica que debía recoger los datos del 1-O, por sus gestiones para obtener un local donde almacenar el material electoral y facilitar el acceso a la web del referéndum, así como por asistir un acto de Vicepresidencia a favor de la consulta. No obstante, según la fiscalía, la propia jueza del TSJC que procesó por el 1-O a Josep Maria Jové ya descartó que los gastos destinados al acondicionamiento del citado centro constituyeran un delito de malversación de caudales públicos, dado que después fue utilizado para procesos electorales legales y otras actividades.

La fiscalía también acusa a la consellera de ejercer de "enlace" entre Jové y otra de las procesadas por el 1-O para obtener un local donde almacenar el material electoral del referéndum y de "transmitir instrucciones" para la cesión de unas naves de Bigues i Riells (Barcelona). Según el ministerio público, también hizo gestiones para que la web del referéndum pudiera ser accesible por cualquier persona y asistió a un acto de abril de 2017, organizado por el Departamento de Vicepresidencia, "con el que se pretendía transmitir a la ciudadanía el compromiso de los miembros y demás altos cargos del Govern con el referéndum ilegal que se iba a convocar en breve".