La extrema derecha toca poder
Castilla y León, el primer gobierno PP-Vox después de tres pactos autonómicos
La extrema derecha entrará por primera vez en un ejecutivo regional tras años ejerciendo como muleta de los populares
PP y Vox, vasos comunicantes
Júlia Regué
Responsable de la sección de Política.
Graduada en Periodismo y en Ciencias Políticas por la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ha desarrollado su carrera profesional en la sección de Política, donde se incorporó en noviembre de 2016. Ha seguido la actualidad política del Parlament de Catalunya y el día a día de varios partidos. También ha colaborado en programas de TV-3, Catalunya Ràdio y RAC1.
El PP entrega a la extrema derecha la cuota de poder que solicitaba (la presidencia de las Cortes, la vicepresidenta del gobierno y tres consejerías) para que Alfonso Fernández Mañueco siga agitando la batuta del gobierno de Castillo y León. La dependencia de Vox para que los populares contengan su liderazgo territorial ofrece un trampolín a los ultras para seguir creciendo y para que sus alegatos se cuelen como un altavoz en las instituciones. En pleno auge, la extrema derecha -que ostenta cinco alcaldías de municipios muy pequeños- ha cedido sus votos para investir a tres presidentes autonómicos y a cinco alcaldes de capitales orquestadas por el PP: Madrid, Oviedo, Zaragoza, Teruel y Córdoba.
Comunidad de Madrid
Isabel Díaz Ayuso rompió la baraja y llevó a los madrileños a las urnas tras el anuncio de la operación murciana que pretendía desbancar al PP del gobierno autonómico. Ayuso gobernaba la Comunidad de Madrid desde 2019 gracias a un pacto con Cs y Vox, después de comprometerse a cumplir "en su totalidad" las exigencias de los ultras. En las pasadas elecciones del 4 de mayo de 2021, Ayuso arrasó, ganando en todos los distritos de la ciudad y en todos los municipios salvo dos. Sólo requería la abstención de los 13 diputados ultras, pero estos terminaron votando a favor y convirtiéndose en el socio prioritario de la presidenta tras la desaparición de Cs.
El 22 de diciembre de 2021 la presidenta aprobó sus primeros presupuestos con el plácet de la extrema derecha tras aceptar algunas de sus propuestas como las que arremeten contra los menores extranjeros no acompañados con auditorías periódicas a las subvenciones que reciben o la reducción del presupuesto para servicios públicos o la gratuidad de las etapas educativas no obligatorias ligada al incremento de la colaboración publico-privada. Ayuso no muestra ningún reparo a aliarse con los ultras y, de hecho, invitó a Mañueco a seguir su mismo camino: "Prefiero pactar con el partido de Ortega Lara que con quienes lo secuestraron", espetó.
Región de Murcia
La extrema derecha tumbó la primera sesión de investidura de Fernando López Miras en julio de 2019, pero acabó ofreciendo su apoyo al gobierno PP-Cs después de que estos dos partidos asumieran parte de su programa electoral. Entre las medidas más polémicas, destaca la necesidad de que los padres tengan la libertad de elegir la educación de sus hijos y que "no se adoctrine a los niños más allá de las asignaturas curriculares", decidiendo así sus contenidos, además del compromiso a desarrollar "programas de prevención de cualquier tipo de violencia intrafamiliar".
Cuando los socialistas y los naranjas pactaron presentar una moción de censura, López Miras esquivó el cese gracias a los tres votos en contra de los tránsfugas de Cs y de los tres parlamentarios expulsados de Vox acusados de irregularidades, así como del único diputado que mantiene las siglas. López Miras premió a una representante de la extrema derecha, Mabel Campuzando, nombrándola consejera de Educación con un plan dispuesto a desplegar el veto parental, a mermar la educación pública en favor de la concertada y el cheque escolar.
Andalucía
Tras 40 años de gobiernos socialistas, el PP se hizo con el mando de Andalucía gracias al apoyo externo de Vox y en un ejecutivo compartido con Cs. Juan Manuel Moreno se convirtió en presidente tras aceptar en su plan de gobierno la creación de una Consejería de Familia, la promoción de una "ley de concordia" que sustituya a la de memoria histórica, el "cumplimiento" de la legislación en materia de inmigración para que sea "ordenada, legal y respetuosa". Pese al pacto, Vox tumbó los presupuestos andaluces en este año electoral y pidió que la cita con las urnas sea cuanto antes. Las próximas elecciones andaluzas medirán la dependencia de Vox, aunque el PP teme que los antecedentes puedan hacer crecer a las izquierdas y que puedan sumar. Sea como sea, el acuerdo en Castilla y León abre la puerta a esta opción bajo el futuro presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.
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