Consell de Garanties Estatutàries
Cs llevará al TC el veto de la Mesa a revisar la constitucionalidad de la ley antidesahucios
El órgano parlamentario rechazó canalizar la solicitud al Consell de Garanties Estatutàries porque precisaban dos grupos y el PP está dentro del grupo mixto
Activistas de la PAH en una protesta ante un desahucio / Ferran Nadeu
Por qué confiar en El Periódico Júlia Regué
Responsable de la sección de Política.
Graduada en Periodismo y en Ciencias Políticas por la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ha desarrollado su carrera profesional en la sección de Política, donde se incorporó en noviembre de 2016. Ha seguido la actualidad política del Parlament de Catalunya y el día a día de varios partidos. También ha colaborado en programas de TV-3, Catalunya Ràdio y RAC1.
Ciutadans acudirá al Tribunal Constitucional en busca de amparo después de que la Mesa del Parlament vetara su intento de solicitar al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que estudiara la constitucionalidad de la ley antidesahucios catalana. El órgano consultivo, al recibir la petición, la ha tumbado alegando que antes debía tener el plácet del órgano parlamentario que decidió no aceptar dicha solicitud, un factor que habría impedido su aprobación en el pleno de la semana pasada, ya que debería haberse analizado si se ajusta o no al marco legal antes de la votación.
Catalunya se dotó el miércoles de una normativa que recupera medidas para frenar la emergencia habitacional que habían sido rechazadas por el TC, como la obligación a grandes tenedores de ofrecer alquileres sociales a quienes ocupen sus inmuebles, algo que para el tribunal suponía una vulneración del derecho a la propiedad.
La ley fue aprobada con el apoyo de PSC, ERC, Junts, CUP y En Comú Podem, después de una larga negociación que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) bendijo. De hecho, Cs y PPC no participaron en la votación tras el veto de la Mesa de acudir al CGE al interpretar que la petición debe ir firmada por dos grupos y los populares no lo son, ya que están dentro -aunque solos- del grupo mixto.
La nueva ley antidesahucios amplía la definición de gran tenedor (incluye a personas jurídicas con más de 10 viviendas y mantiene el umbral en 15 para personas físicas), contempla la creación de un registro de grandes tenedores, aboga por la renovación obligatoria de alquileres sociales a grandes propietarios si los ocupantes son vulnerables y dentro de un banco o un fondo de inversión.
El diputado de Cs, Nacho Martín Blanco, ha defendido que la argumentación jurídica del CGE para rechazar su petición "es de lo más endeble" porque el "proverbial sectarismo" de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha impedido la solicitud del informe. A su juicio, la jugada de Borràs era "aprobar una ley abiertamente inconstitucional para luego poder decir que el TC y el Estado son insensibles e inhumanos y seguir alimentando el victimismo”.
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