'Fact check': Casado, Ayuso, Egea y varias versiones sobre corrupción y espionaje en el PP

La implosión del PP se ha centrado en una batalla por el poder entre el líder nacional, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha empañado otro debate de fondo: las idas y venidas de Génova y Puerta del Sol sobre el posible espionaje y los contratos de los que supuestamente se habría lucrado el hermano de la líder. La líder madrileña reconoció finalmente que Tomás Díaz Ayuso cobró 283.000 euros y no 55.580 euros como mantuvo en un inicio. Esta es la cronología de las versiones dadas sobre la operación con espías y la adjudicación a dedo.

En plena resaca por las elecciones en Castilla y León, con una victoria amarga para el PP, 'El Confidencial' y 'El Mundo' publican que el núcleo duro de Casado ha contactado con detectives privados para recopilar información comprometedora sobre el hermano de Ayuso. La sospecha es que Tomás Díaz Ayuso podría haber recibido una comisión por varios contratos adjudicados en abril de 2020 para adquirir mascarillas FFP2 y FFP3 para la Comunidad de Madrid, algo que la oposición llevaba tiempo alertando. Ángel Carromero, hombre fuerte del alcalde José Luis Martínez-Almeida es señalado como la cabeza pensante de esta supuesta operación de espionaje.

Almeida confirma que el Ayuntamiento había abierto hace dos meses una investigación para descubrir si alguien había contratado a detectives para investigar al hermano de Ayuso, pero dice que no encontró indicios sobre esa operación.

La presidenta defiende la legalidad de los contratos y achaca a Casado una operación "cruel" y reta al partido a que demuestre sus acusaciones.

Génova niega el espionaje y acusa a Ayuso de maniobrar para que se convoque cuanto antes el congreso del PP de Madrid en el que ella coja las riendas del partido. Desde la cúpula revelan que Casado y el secretario general, Teodoro García Egea, habían convocado a Ayuso para pedirle información sobre estos contratos y sobre el cobro de "280.000 euros" de comisión. El partido abre un expediente a Ayuso por “las acusaciones gravísimas, casi delictivas, contra Casado y la dirección del partido”.

El Gobierno desmiente que la Moncloa facilitara a Casado un dosier contra Ayuso. Al cabo de unas horas, dimite Carromero y la izquierda lleva el caso a la Fiscalía Anticorrupción.

El líder del PP lanza sospechas sobre un posible delito de tráfico de influencias. "No permitiría que mi hermano cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi consejo de ministros”, espeta Casado en la Cope. “Me duele que me achaque un delito o falta de ejemplaridad. Hemos realizado miles de contratos de emergencia con muchas empresas. Todo está fiscalizado y todo es transparente. Que yo tenga que demostrar mi inocencia, me ofende”, responde Ayuso.

La presidenta lanza un comunicado en el que revela que su hermano cobró 55.580 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive, no por obtener un contrato con la Administración regional, sino por el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario, en concreto por comprar las mascarillas en China y trasladarlas a Madrid.

En una rueda de prensa posterior, los consejeros madrileños de Sanidad y de Hacienda, Enrique Ruiz Escudero y Javier Fenández-Lasquetty muestran los cinco contratos de urgencia, entre ellos, el adjudicado a Priviet Sportive, por 1.512.500 euros, y un informe de la Cámara de Cuentas que no incorpora ninguna observación relevante.

Casado convoca a Ayuso en Génova y da por buenas sus explicaciones sobre los contratos a dedo, por lo que ordena el cierre del expediente informativo, cuando ni siquiera se había nombrado a un instructor que debía encargarse de ello.

El secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, anuncia que llevará a la Fiscalía Anticorrupción los contratos en los que se intuye vinculación con el hermano de Ayuso. Los barones del PP ven la “rendición” de Casado ante la presidenta como una muestra de su “extrema debilidad” y Ayuso congrega a unas 3.000 personas a las puertas de la sede del PP en su defensa.

La presidenta madrileña comparece para anunciar que llevará a la fiscalía toda la documentación relativa a los contratos y, ante la posibilidad de que se convoquen unas primarias para elegir a un nuevo líder, certifica que no concurrirá. Pese al aislamiento, Casado se niega a dimitir y anuncia la convocatoria de la junta directiva nacional para el próximo martes, máximo órgano entre congresos del partido. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, pide "tomar decisiones".

Casado pierde apoyos de forma progresiva hasta el punto de quedarse completamente solo y acaba sacrificando a su mano derecha, García Egea, que anuncia su dimisión, al tiempo que se abre a convocar un congreso extraordinario para elegir a un nuevo líder del partido.

Paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción abre una investigación y este diario publica que el fiscal jefe, Alejandro Luzón, solicitará información a las unidades de apoyo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre la documentación aportada por Ayuso, así como informes a la adscrita Unidad de Policía Judicial sobre las relaciones de su hermano con Priviet Sportive.

El Ayuntamiento de Madrid aprueba, con los votos a favor de todos los grupos salvo Vox, que se abstuvo, la creación de una comisión de investigación para averiguar si Génova intentó espiar a la presidenta. Almeida reitera, tras días de silencio, que no hubo "ninguna práctica irregular" en su gobierno municipal.

En una entrevista en 'La Sexta', García Egea inquiere en que se le ha acusado "falsamente de espionaje" y defiende que el partido tenía derecho "a hacer preguntas" sobre los contratos bajo sospecha del hermano de la dirigente.

La Comunidad de Madrid admite que el hermano de la presidenta "cobró 283.000 euros" en cuatro pagos el 2020. La cifra multiplica por cinco los 55.000 euros admitidos inicialmente, cuando Génova apuntaba hasta los 300.000 euros. Ayuso no había querido dar detalle de los 227.000 euros que faltaban, argumentando que pertenecía a la "privacidad" de su hermano y no guardaban relación con la administración que preside.

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