'Comuns', ERC y CUP piden una comisión sobre abusos en la Iglesia

Tras varias dilaciones, en espera de que algún otro grupo, especialmente el PSC y Junts, se sumara a  la iniciativa, En Comú Podem, ERC y CUP registrarán este mediodía en el Parlament la petición de crear una comisión de investigación sobre los abusos sexuales producidos en las instituciones dependientes de la iglesia católica, cuya génesis ya detalló EL PERIÓDICO.

La ponencia parlamentaria es uno de los puntos del plan de los tres partidos de izquierda para arrojar luz a los abusos sexuales. Las fuerzas pretenden, también, la implicación del Síndic de Greuges y del propio Govern en el esclarecimiento de los hechos. El PSC ya señaló que no participaría de la generación de la comisión por cuanto la querrían más “generalista” y no tan centrada en una institución. En tanto, los impulsores esperaron, en vano, una respuesta definitiva de Junts sobre si se incorporaba al grupo promotor.

El portavoz parlamentario de ECP, David Cid,  señaló, en referencia a las dudas expresadas por el PSC, que aboga por impulsar una investigación que no se circunscriba a los abusos cometidos en el ámbito eclesiástico, que la Iglesia es una institución suficientemente relevante como para ser objeto de una comisión específica.

La idea de la comisión partió de los ‘comuns’ en otoño pasado y ha sido en este inicio de año cuando ha hallado eco y sustento, primero de ERC y, luego, de la CUP. En el texto que se entrará a registro, y al que tuvo acceso este diario, se hace referencia al caso de Francia donde “la misma Conferencia Episcopal encargó una comisión de investigación independiente con conclusiones aterradoras: Entre 1950 y 2020 216.000 menores fueron víctimas de violencia sexual por parte de más de 3.300 sacerdotes”.

“En contraste”, añade la petición de comisión  que se registrará, “la iglesia católica en Catalunya y España se ha negado sistemáticamente a reconocer su responsabilidad directa en los escándalos de pederastia, tratándolos de casos aislados”. Una falta de implicación, sigue, “que va en contra del mandato del Papa Francisco que estableció el deber de tota la iglesia católica de cooperar con la justicia”.

Justamente el lunes, la Conferencia Episcopal anunció la contratación de un bufete de abogados para que realice una “auditoria”. La contratación llega semanas después de que el Gobierno de Pedro Sánchez anunciara que impulsará una comisión externa al Congreso de los Diputados que estará liderada por el Defensor del Pueblo. La fórmula –que reunirá a expertos, víctimas y representantes del clero– ha suscitado recelos entre las asociaciones de supervivientes de abusos. A pesar de que aún se desconoce cómo tomará cuerpo la propuesta, que ya ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados, algunas entidades consideran que a la institución que lidera Ángel Gabilondo le falta fuerza para obligar a la Iglesia a entregar sus archivos o para forzar la declaración de obispos.

La Conferencia Episcopal, que recibió con “decepción” la noticia de la creación de la comisión externa, encargó la auditoría al despacho, Cremades & Calvo-Sotelo, cercano a los obispos. Su presidente, el abogado Javier Cremades, preside también la Fundación Madrid Vivo, que se define como "un puente entre la sociedad civil y la Iglesia de Madrid".

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