¿Qué quería investigar, de verdad, Teodoro García Egea sobre Isabel Díaz Ayuso?

La versión que dan Pablo Casado y Teodoro García Egea sobre el pago de comisiones, presuntamente ilegales, al hermano de Isabel Díaz Ayuso por un contrato con la Comunidad de Madrid expone que recibieron un soplo y decidieron investigar si era verdad. Para ello requirieron información a la propia presidenta y, también presuntamente, intentaron contratar a unos detectives. Todo ello es atípico. Si, como dicen Casado y Egea, este episodio formaba parte de su cruzada de tolerancia cero con la corrupción tenían bastante con revisar la documentación pública de ese contrato, si quieren como deferencia, y llevar los resultados a la fiscalía. A no ser que lo que quisieran saber, de verdad, era el destino de esa comisión y no solo su posible origen ilícito. Y lo que sospechara García Egea fuera que Díaz Ayuso estaba montando un sistema de recaudación paralelo al del partido, lo cual le daría una libertad de actuación frente a la dirección nacional similar a la que tuvieron en su día Esperanza Aguirre, Eduardo Zaplana o Jaume Matas. Ello explicaría que la respuesta en abierto de Díaz Ayuso al envite de Génova fuera la exigencia de adelantar el congreso del PP en Madrid y su intención de presentarse a la presidencia del mismo.

El uso sistemático del cobro de comisiones para financiar los partidos políticos ha tenido consecuencias en los mecanismos internos de poder. En primer lugar, porque ha provocado que el acceso a determinados cargos no dependiera principalmente de los méritos de los candidatos sino de la tolerancia hacia ciertas prácticas. En segundo lugar, porque ha generado unos poderes informales que mueven los hilos de la vida interna de las formaciones que nada tienen que ver con la ideología o la capacidad de gestión, sino con la complicidad con las redes de impunidad que se construyen alrededor de este tipo de prácticas. Los resultados del complejo congreso de Valencia del PP en el 2008 tienen una lectura completamente diferente si los miramos con las gafas de lo que luego hemos sabido de la trama Gürtel. Quizás lo que investigaba Teodoro no era solo, ni principalmente, el desvío de fondos públicos sino la posibilidad de que Isabel Díaz Ayuso tuviera los recursos económicos para ser un verso libre hasta las últimas consecuencias.

El trasiego de ese dinero de origen oscuro para financiar la actividad electoral requiere de relaciones de confianza muy próximas a las que se producen en los grupos mafiosos. Por ello es habitual que se recurra a la familia para esos menesteres. Esa es la sospecha que siempre hubo en el caso de Alfonso Guerra con su hermano Juan. Y esa es la realidad que se ha desvelado respecto a Jordi Pujol y su nutrida prole capitaneada por su mujer y educada por Lluís Prenafeta. Este podría ser el esquema que buscara confirmar la dirección nacional del PP respecto a esa comisión que cobró, incluso que fuera de manera legal, el hermano de Díaz Ayuso para, posteriormente, utilizarla para pagar los gastos electorales de su hermana que no debería rendir cuentas ante nadie del aparato de Pablo Casado. Esa veleidad, si se confirmara, dejaría a Díaz Ayuso a los pies de los barones.