Comunicado

Los funcionarios del Parlament estudian acciones legales por las prejubilaciones y el 'caso Juvillà'

  • El consejo de personal carga contra las fuerzas políticas por haber puesto en duda su "imparcialidad y profesionalidad"

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, en el hemiciclo.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, en el hemiciclo.

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Júlia Regué
Júlia Regué

Periodista

Especialista en información del Parlament de Catalunya, siguiendo la actualidad política catalana

Escribe desde Barcelona

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Los funcionarios del Parlament alzaron este viernes la voz por la supresión de las licencias por edad, el régimen especial al que podían acogerse los que tuvieran 60 años y llevaran 15 en la institución que les permitía cobrar sin trabajar, y la retahíla de "ataques" que sufrieron por parte de la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, al responsabilizarles de la retirada del escaño al cupero Pau Juvillà.

En un comunicado, el consejo de personal, asesorado por los abogados del Col•lectiu Ronda, lamentó la "campaña de descrédito” en la que se vieron envueltos, una trifulca que achacaron a “batallas políticas", y anunciaron que estudian emprender acciones legales contra el acuerdo de la comisión de asuntos internos que eliminó del reglamento el artículo 79 que fija la paga, "de forma unilateral y sin negociación previa" con los trabajadores, algo que "representa una vulneración del principio de negociación colectiva y de libertad sindical”.

El equipo de abogados certificó que dispone de dos meses desde la publicación de la eliminación de las licencias por edad para impugnar esta decisión ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). "La resolución aprobada no solo podría estar conculcando derechos considerados fundamentales por la Constitución, sino también el contenido de diferentes artículos del reglamento", apuntaron.

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El enfado de los funcionarios se acrecentó debido a la suspensión del acta de Juvillà, al sentir que se puso en duda su "imparcialidad y profesionalidad": "Mantenemos el engranaje de la administración parlamentaria, no obstaculizamos ni bloqueamos, trabajamos para preservar el buen nombre de la institución y su prestigio”.

Borràs negó en todo momento haber dado instrucciones de cumplir con la orden de la JEC y dijo que se encontró con el registro de la institución "cerrado" y con el sistema informático "bloqueado" sin su plácet para justificar su acatamiento.