Inquietud en el Supremo por los intentos de politización con las posibles querellas contra Batet

En el Tribunal Supremo preocupa un fenómeno que han detectado últimamente: la proliferación de querellas y denuncias contra miembros del Gobierno. Y en breve se espera que a ellas se sume alguna de las anunciadas contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por la polémica votación con la que salió adelante la reforma laboral, circunstancia que se interpreta como una muestra más del intento de extender el ring de la confrontación política al alto tribunal.

Fuentes jurídicas señalan a EL PERIÓDICO la preocupación que supone en el Supremo constatar este fenómeno, pese a su restrictiva jurisprudencia ante las iniciativas judiciales contra políticos con independencia de su signo político. En este sentido recuerdan que la misma suerte corrieron las querellas presentadas contra el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, y la interpuesta contra el presidente de Vox, Santiago Abascal. La primera, por un tuit tras las concentraciones que se produjeron en toda España por la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél, y la segunda por otro mensaje en redes tras aparecer una granada en un centro de menores.

Al primero le acusaba Vox y al segundo, el PSOE. Ninguna de las querellas prosperaron, porque con independencia del delito que se atribuía a cada uno, del que el Supremo no aprecia indicio alguno, el alto tribunal siempre que puede hace hincapié en que los límites de expresión en la confrontación política son superiores a los de un ciudadano ajeno al debate parlamentario.

Incumplir el reglamento

En el caso concreto de Batet, las fuentes consultadas explican que la propia conducta que se le atribuye -no haberse dirigido a la Mesa cuando el diputado del PP Alberto Casero alegó haber votado por error telemáticamente y quiso hacerlo de forma presencial- puede ser un incumplimiento el reglamento de la Cámara, pero no un delito de prevaricación, que castiga la adopción de una decisión a sabiendas de que es injusta.

El legislador de 1978, señalan las mismas fuentes, ya era consciente de la carga política que tenían los acuerdos de la Mesa de las Cámaras parlamentarias. Por eso, previó que solo pudieran ser impugnados ante el Tribunal Constitucional directamente y no ante la Audiencia Nacional o el Supremo. El objetivo era evitar que los tribunales también se convirtieran en el campo de batalla política.

Ello va en la misma línea del criterio restrictivo que ha mantenido la Sala Tercera del alto tribunal en recientes resoluciones, cuando ha declarado la falta de legitimación de los partidos políticos para impugnar decisiones del Gobierno, como los indultos del 'procés' o el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

De ahí que cueste entender por qué, además de acudir al Constitucional, para tratar de revertir el resultado de una votación -pese a que los votos nunca han podido ser enmendados aunque se hayan producido por error- se opte por la vía penal contra la presidenta del Congreso. De momento, quien ha materializado la querella ha sido Manos Limpias, pero el PP sostiene que lo está estudiando.

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