Estado y Govern encauzan el traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital

"Sangre, sudor y lágrimas. Lo que se ha conseguido, no está mal, pero no es suficiente. Si el Gobierno pretende construir puentes y confianzas, que se aplique". Es el resumen de una voz del Govern sobre la negociación y acuerdos alcanzados cara a la Comisión Bilateral del viernes por la tarde en el Palau de la Generalitat. Una voz que entona la misma melodía que entonó Pere Aragonès en su discurso del MNAC, con una letra aplicada, no a la mesa de negociación donde lo que se discute es la autodeterminación y la amnistía, sino a un órgano estatutario.

Y es que seis meses después de la reunión de Madrid, del 2 de agosto, vuelven las reuniones meramente autonómicas entre Estado y Generalitat, superado ya el trámite electoral de Castilla y León cuyos resultados, además, han despejado la opción de una eventual adelanto de los comicios en Andalucía. Ambas delegaciones estarán encabezadas por la ‘consellera’ de Presidència, Laura Vilagrà y la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. A la 'consellera' Vilagrà la acompañarán, en u segundo plano, el vicepresidente Jordi Puigneró, el titular de Economia, Jaume Giró, y la delegada del Govern en Madrid, Ester Capella.

Cesión de la B-23 y la B-30

El orden del día no está cerrado, pero según ha podido saber este diario se ha encauzado un acuerdo, a falta de flecos, sobre el traspaso del ingreso mínimo vital, una competencia que, por ejemplo, fue transferido a Euskadi en mayo del 2020, como moneda de cambio de un apoyo del PNV a la prórroga del estado de alarma. En el capítulo de posibles logros también se halla el posible traspaso de la capacidad de convocar plazas de secretario municipal, y es que la escasez del número de estos funcionarios es uno de los principales problemas de la administración local, especialmente en las localidades menos pobladas.

En cuanto a infraestructuras, a la ya conocida cesión de la B-23 se suma la de la B-30, el incompleto segundo anillo de Barcelona, es decir, los laterales de la AP-7. También, el sufragio, por parte del Estado, de las nuevas conexiones de la autopista AP-2 a su paso por el Segrià y Les Garrigues.

Se prevé también que el Gobierno traspase el canal Xerta-Sènia, por entender que es un regadío "de uso exclusivo para Catalunya". Esta cesión tiene su miga, por cuanto algunos planes de trasvase de agua del Ebro tenían su origen, precisamente en el canal de regadío ("sobredimensionado"; según dijo la Fiscalía General del Estado en el 2013). Ahora, la llave estará en manos del Govern y no de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

¿Y dónde surge el descontento de la parte catalana? De la marcha atrás que el Gobierno ha dado en dos de los puntos 'acordados' en agosto. El traspaso de la gestión de las plazas del MIR, algo que la ministra de Sanidad, Carolina Darías, no está dispuesta a ceder, contra lo dicho por Rodríguez en el conclave agosteño, y salvamento marítimo.

Hay otro punto "encallado", como es el traspaso de las becas universitarias. Y es que la Generalitat exige que la transferencia se acompañe de la pertinente partida económica.

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