Con 13 procuradores

Vox exige al PP entrar en el Gobierno de Castilla y León

Los ultras avisan que pedirán "lo mismo o más" que lo que obtuvo Cs: la vicepresidencia y tres consejerías

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abascal vox / Pablo Requejo / EFE

Miguel Ángel Rodríguez

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"Tenemos el derecho y el deber de integrar el próximo gobierno de Castilla y León". Con esta contundencia, el candidato de Vox, Juan García-Gallardo, ha dejado claro que exigirán al PP entrar en el Gobierno a cambio de sus votos. Además, no se conformarán con poco. El dirigente ultra ha asegurado que pedirán lo mismo que obtuvo Ciudadanos tras los comicios de 2019: una vicepresidencia y tres consejerías. O, incluso, algo más, ya que han obtenido mejores resultados que los naranjas hace tres años.

Tras lograr 13 procuradores y hacerse con la llave de la gobernabilidad, García-Gallardo ha subrayado en varias ocasiones que no va a "regalar los votos a nadie" y que está a la espera de que le llame el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, para empezar a hablar sobre la conformación del próximo gobierno: "Estaremos encantados de negociar con sentido de la responsabilidad, prudencia, firmeza, pero también con flexibilidad".

En una rueda de prensa celebrada en Valladolid para valorar los resultados, García-Gallardo ha reconocido que el peso que han obtenido en las urnas no les permitiría "imponer la integridad" de su programa electoral, ni "ocupar la totalidad de los puestos del próximo gobierno", pero eso no quita que vayan a "hacer valer" sus votos. El dirigente de Vox no ha querido pronunciarse sobre qué consejerías querrían ocupar e, incluso, no ha dado por hecho que vayan a exigir la vicepresidencia, como sí hizo Santiago Abascal tras el recuento.

Por el momento, García-Gallardo ha señalado que están dispuestos a sentarse con el PP para "hablar del programa" y después negociar los puestos que ocuparán. "Lo mismo o más que obtuvo Ciudadanos", ha dicho. Los naranjas, con el 15% de los votos, se hicieron con una vicepresidencia y las consejerías de Empleo e Industria; Sanidad; y Cultura y Turismo. Vox ha obtenido el 17,64% de las papeletas.

Las negociaciones

Preguntado sobre posibles escenarios en los que el PP se niegue a negociar y pueda surgir un gobierno de la izquierda, el dirigente ultra ha dejado claro que no se van a abstener para facilitar un Ejecutivo popular. "Pierdan toda la esperanza de que vamos a regalar nuestros votos", ha sentenciado. Así, ha pedido a los conservadores que actúen con "responsabilidad". "Si no se conforma un gobierno para cambiar el rumbo de Castilla y León que no cuente con Vox. Vox solo va a integrar un gobierno para cambia el rumbo de Castilla y León", ha reiterado.

García-Gallardo ha asegurado que será él mismo quien se encargue de las negociaciones con el propio Fernández Mañueco. En este sentido, ha lamentado que el candidato del PP vaya a estar "atado de pies y manos por el criterio de su dirección nacional y por el Partido Popular Europeo". El dirigente de Vox ha afirmado que espera una llamada en las próximas horas de Fernández Mañueco para iniciar cuanto antes las negociaciones.

Las exigencias

Más allá de los puestos en el Gobierno, García-Gallardo ha señalado que tendrán que hablar con el PP sobre el programa. No obstante, Vox apenas tiene propuestas concretas. El programa electoral que ha presentado en estas elecciones en su página web se limita a 10 puntos en el que no especifica ninguna medida. A la hora de mencionarlas, ha apuntado que habrá que tratar temas como "la natalidad, el campo y la industria".

Además, ha planteado la exigencia de "derogar toda la legislación de izquierdas". Pese a que Castilla y León lleva 35 años gobernada por el PP, la gran mayoría en solitario, García-Gallardo ha señalado que este tipo de normas es "numeroso" y ha citado dos casos: "la ley de violencia de género autonómica y el decreto de memoria histórica". La primera de ellas, aprobada en 2010, recibió 78 votos a favor, de los 83 que componían la Cámara -PP (48), PSOE (33), UPL (2)- y ninguna abstención ni ningún voto en contra. El segundo fue un decreto aprobado en 2018 por un Gobierno del PP en solitario.