investigación judicial
Una testigo clave cobró un incentivo del Consell Esportiu de L'Hospitalet
La policía considera que era una paga de beneficios, cuando se trata de una entidad sin ánimo de lucro, mientras que la defensa considera que era un plus
J. G. Albalat
J. G. AlbalatRedactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
Una testigo clave en la investigación contra altos cargos del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat percibió un plus extra o "paga de beneficios" del Consell Esportiu de L'Hospitalet. Se trata de Mercedes H., que había sido pareja del denunciante Jaume Graells, exteniente de alcalde de Educación, Juventud y Deportes y todavía concejal. Esta empleada de la entidad cobró en 2019, junto con otros tres trabajadores y el mismo director, Eduard Galí, un plus de 700 euros netos, según un informe de la UDEF de la Policía Nacional al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Los investigadores sostienen que es un reparto de beneficios, cuando la entidad es sin ánimo de lucro, mientras que las defensas consideran que es un simple incentivo.
El informe policial recoge una cadena de correos electrónicos de Galí, director del Consell, con concepto "paga de beneficios", dirigidos a la asesoría que gestiona la actividad económica de la entidad. En uno de esos mensajes se especifica que la cantidad es de 700 euros, a la vez que remite un listado en la que aparecen los cinco empleados, Galí entre ellos. Los agentes han localizado las nóminas donde figura este complemento, así como apuntes bancarios.
Las subvenciones
Los agentes concluyen que "existe un afán de lucro" en una entidad que nada tiene que ver con el sector privado (en la que si existe ese ánimo de obtener beneficios) y cuyo último fin "no debe ser el de obtener el mayor enriquecimiento posible para posteriormente repartirlo entre sus miembros", sino que los fondos de los que dispone deben revertir en el propio Consell Esportiu.
La policía recuerda que esta entidad de promoción del deporte obtiene el grueso de sus ingresos de subvenciones públicas, por lo que tiene que justificar el destino del montante recibido. Recalca, además, que "se oculta de forma reiterada" el beneficio real obtenido. En esta causa figuran como imputados la alcaldesa Núria Marín, el actual teniente de alcalde Cristian Alcázar, el exconcejal Cristian Plaza, y el director de la entidad, Eduard Galí.
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