La fiscalía se querella contra la exdiputada y alcaldesa de Calella por malversación

La fiscalía ha presentado en los juzgados de Arenys de Mar una querella contra la exsenadora, exdiputada en el Parlament y actual alcaldesa de Calella, Montserrat Candini, del PDEcat, así como dos personas que trabajaron en el área de comunicación del consistorio y un empresario por presuntas irregularidades en la contratación de una campaña de publicidad y el supuesto fraccionamiento de facturas, incumpliendo la legislación. La acusación les atribuye los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad en documento mercantil.

En la querella, que ha sido admitida a trámite por el juzgado, sostiene que el 3 de junio del 2020 el pleno del Ayuntamiento de Calella aprobó, a propuesta de Candini, la adjudicación a una empresa de Carles F. E. la adjudicación de un contrato de servicios para la elaboración de un plan para la promoción turística de la ciudad en forma de campaña publicitaria. Este servicio se tramitó como contrato menor y, por lo tanto, sin concurrencia de otras empresas, por un precio de 14.943 euros (muy cerca del límite permitido de 15.000 euros).

El informe sobre este plan, según los metadatos del documento facilitado en formato electrónico, fue realizado por la empresa adjudicataria el 21 de mayo del 2020, sin que se produjesen modificaciones en fechas posteriores, por tanto, recalca la fiscalía, antes de que el pleno del ayuntamiento aprobase la contratación (4 de julio). Por otra parte, en documento añade un calendario que prevía el arranque de la campaña el 25 de mayo. El trabajo fue facturado el 15 de junio, pocos días después de la adjudicación. El coste total de la campaña de publicidad de "És Calella" ascendió a 89.000 euros.

Contratos irregulares

La querella relata que, al menos entre 2018 y 2021, dos personas que trabajaron en el área de comunicación del Ayuntamiento de Calella encadenaron contratos menores. En estos casos, precisa, se infringió la normativa administrativa, cubriendo "necesidades permanentes del consistorio mediante una fragmentación de contratos". Estas dos empleadas percibieron, además, una retribución de una de las empresas de Carles F. E. al que se le había adjudicado la campaña publicitaria". Al entender de la fiscalía, siguieron instrucciones de la alcaldesa para que giraran a esta firma el gasto de las horas extras durante el periodo en que duró la iniciativa turística. "De modo que sería la empresa y no el consistorio quien les abonaría las horas trabajadas de más", recalca la acusación.

Para "compensar" este gasto y "gratificar la colaboración prestada", la alcaldesa y el empresario Carles F. E. acordaron que le adjudicaría, también por el sistema de contratos menores, la elaboración de un informe sobre el impacto de la campaña "És Calella" por un importe de 15.064 euros. La factura fue emitida cuatro días después del encargo. La empresa, incide la querella, carece de infraestructura para realizar ese trabajo y el informe emitido era de "muy baja complejidad técnica".

El Ayuntamiento de Calafell ha emitido un comunicado en el que asegura que no tienen constancia de la querella, que la alcaldesa está de baja por enfermedad y que el Gobierno municipal da "todo su apoyo" a Candini que, precisan, "durante años y años ha demostrado --y lo continúa haciendo en cada momento--su lucha a favor del país, su trabajo incansable por la ciudad y su compromiso inalterable con las personas y con la verdad".