Las 345 'puertas giratorias' de exaltos cargos en siete años | BUSCADOR

La polémica sobre la autorización de compatibilidad pedida por el exministro José Luis Ábalos para trabajar como tertuliano en Mediaset ha puesto de relieve la divergencia de opiniones que siempre planea cuando se trata de abordar la cuestión de las 'puertas giratorias'. Pero el dosier de Ábalos es solo uno de los últimos casos de exaltos cargos del gobierno de España que solicitan el visto bueno de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), que depende del Ministerio de Hacienda, para trabajar en la empresa privada. La ley 3/2015 que regula el ejercicio del alto cargo establece, entre otras cosas, que quienes hayan ocupado estos puestos de responsabilidad no podrán prestar servicios a entidades privadas que hayan sido afectadas por decisiones en las que ellos o ellas hayan participado durante los dos años siguientes a la fecha de su cese.

La OCI resolvió un total de 353 solicitudes de 195 exaltos cargos, como los exministros Dolores de Cospedal, Cristóbal Montoro y Ana Mato, o Sixte Cambra, el expresidente del Port de Barcelona, entre el 30 de marzo de 2015, cuando entró en vigor la citada ley 3/2015, y el 15 de junio de 2021, pocos meses antes que el caso de Ábalos llegara a esta oficina. De estas 353 peticiones, 345, es decir, el 97,7%, fueron autorizadas y 8, denegadas. Unas cifras poco elevadas, ya que la mayoría de altos cargos cambian de posición, pero no suelen abandonar la función pública.

Los 8 'noes'

Entre las 8 peticiones denegadas, destaca el caso de Sixte Cambra, expresidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB), que no pudo incorporarse al patronato de la Fundación Cares, de la que la APB forma parte y que el propio Cámara había presidido mientras estaba al frente del Port de Barcelona. Otra de las peticiones denegadas fue la del teniente general Ignacio Azqueta, ex director general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). Azqueta pidió autorización para trabajar en el departamento de relaciones públicas del grupo Airbus, empresa a la que había adjudicado contratos cuando dirigía el INTA.

Asesorías y consultorías, una salida recurrente

El listado de empresas de destino de losex altos cargos es casi tan largo como el número de solicitudes de compatibilidad. Pero las tareas relacionadas explícitamente con el asesoramiento y la consultoría o con empresas dedicadas a este sector (sobre todo en su vertiente económica, fiscal y legal, pero también tecnológica, logística, de seguridad o medioambiental) suponen entorno de un centenar de las 353 solicitudes.

En este sentido, casos como el de Oriol Amat, exconsejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), es uno de los más destacados en términos cuantitativos. De entre las 24 autorizaciones que obtuvo, Amat recibió el visto bueno de la OCI para llevar a cabo al menos 11 asesorías y analizar 10 cuentas anuales de diversas empresas.

Rafael Català, exministro de Justicia, con 2 de las 6 solicitudes positivas relacionadas con tareas de asesoría y consultoría empresarial, o el caso del expresidente de Ingeniería y Economía del Transporte Isaac Martín-Barbero, con tres asesorías autorizadas, son otros ejemplos de ex altos cargos que decidieron reorientar su carrera profesional en este ámbito.

El Instituto de Empresa y el ámbito educativo

 La formación universitaria es una salida laboral por la que también optan varios cargos de alta responsabilidad del gobierno. De las más de 20 solicitudes para ejercer en el ámbito de la educación superior, 9 de ellas eran para trabajar en el Instituto de Empresa (más conocido por sus siglas IE), con presencia en más de 90 países. La también universidad privada CUNEF, con sede en Madrid, con 4 solicitudes, es la segunda en esta clasificación. Le siguen la Universidad Pontificia de Comillas, con tres solicitudes, o la Universidad de Deusto y la Universidad Europea de Madrid, con dos peticiones de autorización cada una.

Ernst and Young, Airbus y el Corte Inglés

En cuanto a las empresas de destino, Ernst and Young (EY) con 8 solicitudes, es la firma que acumula más casos fuera del sector educativo. Roman Escolano, ex ministro de Economía, Industria y Competitividad hasta el 2018 y los ex secretarios de estado Juan Pablo Riesgo (Empleo), Miguel Ferré (Hacienda) y Marta Fernández Curras (Presupuestos y Gastos) son los casos más destacados en relación a la multinacional dedicada a la auditoría y al mundo de las finanzas, los impuestos y la asesoría legal.

En el caso de Airbus, la OCI autorizó dos de las solicitudes. Se trata de las peticiones de Juan Antonio Carrasco, exjefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, y Carlos Gómez-Múgica, ex embajador en Canadá. Como se ha avanzado en este artículo, la oficina rechazó la petición del teniente general Ignacio Azqueta, ex director general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial hasta finales de 2017, para incorporarse al departamento de relaciones públicas del grupo Airbus. Sin embargo, Azqueta sí obtuvo la autorización para trabajar en una empresa de consultoría tecnológica de la que no se han facilitado mayores detalles.

El Corte Inglés también cuenta con un total de tres solicitudes. Luis Sánchez Gónzalez, que ejerció como director del departamento de inspección financiera y tributaria de la AEAT, Carlos Cabanas, ex secretario general de Agricultura y Alimentación y Carmen Alba, exdelegada del gobierno en Navarra, consiguieron las autorizaciones para trabajar en la empresa que gestiona la gran cadena de grandes almacenes entre 2018 y 2019.

Finalmente, BBVA y Cuatrecasas, terceros en este ranking, están detrás de cuatro de las solicitudes (dos por cabeza). En el caso del despacho de abogados, la incorporación de Soraya Saénz de Santa María, vicepresidenta del gobierno de Mariano Rajoy, tuvo mucho eco, pero Pedro Llorente, ex subsecretario de empleo y seguridad social también obtuvo la autorización para trabajar en Cuatrecasas en marzo de 2019. Las ofertas del BBVA se referían a los casos de Daniel Navia, exsecretario de estado de Energía, y Pilar Mas, quién ejerció de directora general de Análisis Económico.

El anteproyecto ley de conflicto de intereses

Manuel Villoria, catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y experto en la materia, asegura a Verificat que es necesario que la legislación vaya más allá. "La cantidad de inspectores de finanzas y abogados del estado que entran y salen de la administración y van a organizaciones y empresas con las que han tenido relación durante su cargo público son un problema importante", afirma el catedrático en relación a estas categorías intermedias que no se ven afectadas por las limitaciones de los altos cargos. Una realidad, dice Villoria, que podría cambiar con el anteproyecto de ley de prevención de conflictos de intereses del personal al servicio del sector público, que todavía está pendiente de su redacción definitiva, según fuentes del Ministerio de Hacienda.

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