Detrás del 'putsch' frustrado del 3-F, la debilidad extrema del Gobierno

El 'flashback' de la votación del jueves 3 de febrero a unos minutos antes de la votación sobre el decreto ley de reforma de la ley de reforma laboral de Mariano Rajoy arroja un fotograma clave para entender lo que ha ocurrido.

Sobre las seis y cuarto de la tarde, Cuca Gamarra, portavoz del PP, sube a lo alto de la tribuna donde está la presidenta de la cámara, Meritxell Batet. Se suman Guillermo Mariscal y el secretario general del PP, Teodoro García Egea. Al ver el revuelo, suben el vicepresidente primero, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, la vicepresidenta segunda, la popular Ana Pastor, la vicepresidenta tercera, Gloria Elizo, y se les une, también, el secretario cuarto, el popular Adolfo Suárez. Con la presidenta Batet se encuentra el letrado mayor Carlos Gutiérrez, secretario general del Congreso.

“Presidenta, el diputado Alberto Casero ha votado telemáticamente y se ha producido un error informático; es necesario repetir su voto de manera presencial”, urge la portavoz del PP a Batet. “Aquí no se detectado ningún fallo informático, todos los que han votado lo han hecho con normalidad”, replica el letrado mayor, Gutiérrez. Es que este 3 de febrero han votado catorce o quince diputados vía telemática. Ningún error.

La presidenta Batet concluye: “Al no registrarse un error en el sistema las normas no permiten al diputado volver a votar de manera presencial”. Los miembros del PP presentes pueden solicitar que se suspenda la votación y que se reúna inmediatamente la Mesa del Congreso para examinar la situación creada. Pero se abstienen de hacerlo.

“No ha sido una situación o discusión dramática la que se vive allí arriba en la presidencia. Se advierte incertidumbre, pero me parece que el PP cree que le van a salir igual las cuentas y que logrará tumbar el decreto”, dice un miembro de la Mesa del Congreso a EL PERIÓDICO.

Todos se van a ocupar sus asientos. Las puertas del hemiciclo, como es habitual, se cierran. Nadie puede entrar o salir durante la votación. Desde su asiento, la portavoz del PP tiene también la posibilidad de levantarse y pedir la suspensión de la votación. No lo hace.

A la presidencia llega la noticia de que Casero esta en el Congreso. Tenía gastroenteritis y consiguió autorización de la Mesa para votar telemáticamente. Pero El PP le ha llamado de urgencia. Y está aquí con las puertas ya cerradas.

Meritxell Batet se equivoca en el recuento y da por derogado el decreto ley. Los diputados del PP y de Vox estallan de júbilo. La noticia esperada. Sergio Sayas y Carlos García Adanero, los dos diputados de la Unión del Pueblo Navarro (UPN) que habían prometido a su partido votar a favor del decreto ley, en aplicación del acuerdo sellado con el PSOE el miércoles 2 de febrero en Madrid, han cumplido.

Conspiración secreta

Pero no con la ejecutiva de UPN sino con lo que se habían juramentado, sigilosamente, con el PP y con Vox, en una conspiración secreta hasta el resultado de la votación. El 'putsch' del 3-F es una realidad. Se trata de una moción de censura encubierta. La reforma de la reforma laboral hará caer al Gobierno de Pedro Sánchez.

Pero he aquí que la euforia dura segundos. El trampantojo se desdibuja. Es que Batet rectifica: el decreto ley se convalida por un voto.

Es el voto de Alberto Casero, el que le había anticipado Cuca Gamarra arriba hace unos minutos. Casero, mano derecha de García Egea en el partido, se ha equivocado y ha votado sí cuando debía votar no. Ya no es la mano de García Egea sino la mano de Dios, aquella referencia de Diego Armando Maradona a los medios de comunicación británicos al encajar el gol con la mano izquierda en la portería de Inglaterra el 22 de junio de 1986 en el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo en México.

Y no es la única mano de Dios que mueve a Casero. No es su único error este 3-F. Vota no a la tramitación del decreto ley de reforma laboral, es decir a favor del Gobierno, como proyecto de ley, y en contra de una moción de su propio partido, el PP, sobre “observancia constitucional del programa legislativo” del Gobierno.

El bloque parlamentario que sostiene el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez sabía que esta votación era decisiva, de supervivencia del propio Gobierno y para cumplir una de las exigencias para el desembolso de 12.000 millones de euros por parte de la Comisión Europea a mediados de 2022. De esa cantidad, 10.000 millones dependían de la convalidación del decreto ley.

Y conocía la dificultad para conseguir el respaldo de los partidos de su “arco parlamentario virtual”. “No se puede tener esa prepotencia. Ahora viene un mindundi del Ministerio y te dice 'ahí tienes el texto'. El descrédito del parlamentarismo tiene que ver con esto. No se puede llegar al extremo de plantear una negociación parlamentaria sin que se pueda mover una coma”, explica un diputado de dicho “arco parlamentario virtual".

Pero eran lentejas, o las tomas o las dejas, según el pacto entre Gobierno, la CEOE y los sindicatos.

El Partido Nacionalista Vasco (PNV), pues, estaba excluido si no se entraba a negociar el contenido. Y las presiones sobre Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), incluso por vía sindical, demostraron ser un viaje a ninguna parte.

Una oportunidad de romper con el PP

Aunque parecía una situación sin salida, surgió la carta de UPN. El expresidente de dicha formación y expresidente de Navarra, Miguel Sanz, por un lado, y Javier Esparza, presidente del partido, por la otra, vieron una oportunidad para partir peras con el PP y replantear la coalición Navarra Suma. Algunos empresarios relevantes abogaron por que la reforma de la reforma laboral fuera esa oportunidad.

“El miércoles por la noche Javier Esparza estaba seguro de que todo iría sobre ruedas. Los dos diputados en Madrid habían asegurado que seguirían la disciplina de votar a favor del sí al decreto laboral según lo acordado por el Comité Ejecutivo de UPN”, señala una fuente que mantuvo estrecho contacto con Sanz y con Esparza en aquellas horas. “Esparza y Sanz están convencidos ahora, después de lo ocurrido, de que los dos diputados hicieron saber a PP y Vox cuáles eran sus intenciones finales: votar no”, añade la fuente.

Con todo, sacar la nueva reforma laboral adelante con los dos votos de UPN -caso de haber funcionado- ya era una solución in extremis de gran debilidad e impotencia.

En el espejo retrovisor el camino hacia esta encrucijada comenzó el 22 de octubre de 2021, cuando la presidenta del Congreso Meritxell Batet, tras asumir la certeza de que el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, iniciaría un procedimiento penal por desobediencia contra ella -el fantasma de Carme Forcadell- si no anulaba el escaño del diputado canario de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, procedió a despojarle del mismo.

Y siguió cuando Unidas Podemos en lugar de sustituir a Rodríguez en el escaño de cara a las próximas batallas, tan decisivas como las del decreto-ley de reforma laboral, optó por mantenerlo simbólicamente vacío. De simbolismo, como se ha podido ahora comprobar, nada.

Un escaño vacío

“El combate jurídico no puede justificar mantener un escaño vacío. El Tribunal Constitucional no es un juzgado de guardia al que acudes en amparo y procede con la celeridad que se pretende”, señala una fuente judicial.

El PP y Vox, convencidos de la politización de la justicia a su favor, seguirán ahora con la farsa en los tribunales de lo que es el Estado Judicial Español con mayúsculas.

Suscríbete para seguir leyendo