Tribunales

El juez pide información detallada de hasta doce empresas vinculadas al caso Infraestructuras

El magistrado pregunta al Ayuntamiento de Córdoba si tenía una lista de empresas para contrataciones directas de alumbrado e investiga cuáles eran los criterios de selección de las constructoras en el área municipal bajo sospecha

Fachada del Ayuntamiento de Córdoba.

Fachada del Ayuntamiento de Córdoba. / Francisco González

Irina Marzo

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El juez de Instrucción Número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz, ha iniciado la instrucción del llamado caso Infraestructuras, en el que se investiga el posible amaño de contratos en la delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, y ha solicitado información detallada de hasta doce empresas, que aparecen como aspirantes o adjudicatarias en las licitaciones investigadas, todas ellas contratos menores realizados en el año 2020. En concreto, el juez solicita información al punto neutral judicial para conocer sus domicilios sociales, fecha de constitución y administradores de las mismas. Entre la docena de empresas se encuentra la señalada por Izquierda Unida en la denuncia inicial que destapó el caso Infraestructuras, la empresa Construcciones Sierracom SL, que resultó adjudicataria de la obra de la avenida de Libia, "la punta de iceberg" de esta investigación, según los denunciantes.

En el auto judicial, en el que el juez ha imputado a la excoordinadora general de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba y a un técnico de este área municipal, se pregunta además a la asesoría jurídica municipal para saber si en el área de Alumbrado existía algún sistema de listas de empresas con las que poder contratar de forma directa y en tal caso cuestiona cómo se determinaba la pertenencia a esa lista o exclusión de las empresas eventuales adjudicatarias de las contrataciones menores bajo sospecha.

De qué ve indicios el juez

El juez considera que los hechos investigados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal; en concreto posibles delitos de prevaricación administrativa del art. 404 del Código Penal para la contratación de servicios u obras, mediante técnicas de fraccionamiento de costes, pese a constar con la existencia de informes desfavorables, y elusión de la competencia mediante selección inadecuada de posibles contratistas invitados a licitar; falsedad en documento oficial 390.1, pendiente de calificación concreta según las resultas de investigación, en cuanto respecta a lafirma de certificaciones de obra, así, como, en su caso, posible delito de malversación de caudales públicos, de concretarse la existencia de pagos indebidos, duplicados o indebidamente justificados”. La coordinadora general de Infraestructuras —un puesto de confianza designado por Ciudadanos— fue cesada en noviembre del 2021 cuando la Fiscalía se pronunció sobre este caso.

Implicaciones políticas

Después de este auto, el Ayuntamiento de Córdoba podrá personarse como perjudicado en una causa que denunció en primera instancia, allá por febrero, el grupo municipal de Izquierda Unida por boca de la tristemente fallecida Amparo Pernichi y que meses más tarde terminó formando parte de una demanda judicial conjunta con Podemos. Asimismo, por encargo del alcalde, José María Bellido, el titular de la asesoría jurídica municipal, Miguel Aguilar, realizó un minucioso informe sobre los contratos menores de la Delegación de Infraestructuras en este mandato (un total de 42 contratos de más de 3.000 euros adjudicados en 2020), que también engrosó la información que la Fiscalía Anticorrupción valoró considerando que había en los hechos narrados indicios de posibles delitos. Entre lo apuntado por el Ministerio Fiscal estaban el fraccionamiento de contratos, adjudicaciones a empresas con las que se tenían vínculos familiares e incluso obras que se pagaron sin ni siquiera hacerse.

Al margen de estos contratos, la Fiscalía sigue estudiando una veintena más de adjudicaciones también de alumbrado sobre las que aún no se ha pronunciado y que se remontan a 2016, es decir, que se licitaron en el anterior mandato municipal, y que fueron elevados a los juzgados por el propio David Dorado.

A nivel político, el terremoto por el caso Infraestructuras provocó, por un lado, la cuarta crisis del gobierno municipal, en la que David Dorado, hasta ese momento teniente de alcalde de Infraestructuras fue apartado de sus responsabilidades aunque mantuvo su acta de concejal; y por otro lado, llevó al equipo de gobierno de PP y Cs a elaborar nuevos requisitos para hacer que la contratación de menores fuera más restrictiva. En el auto judicial al que ha tenido acceso Córdoba no aparece el nombre de David Dorado.

Interrogatorios y petición de investigación

En su auto el juez, por otra parte, determina como primera diligencia de investigación a practicar la toma de declaración en calidad de investigados de los dos imputados. También pide al Ayuntamiento los documentos referidos a la solicitud de cambio de responsable de la jefatura de la unidad que se produjo iniciado el mandato para colocar al técnico ahora apuntado, así como fechas de vacaciones concedidas al investigado, así como información sobre las empresas adjudicatarias de los contratos bajo sospecha. Asimismo, el juez ordena que se recabe información sobre cuáles fueron los criterios de selección de los contratistas en contratos de obra menor, entre otros.