Por desobediencia
El Supremo juzgará a Eulàlia Reguant el 1 y 2 de marzo por negarse a contestar a Vox
Ángeles Vázquez
Periodista
Periodista especializada en tribunales. Vivo entre la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional. Descubrí '100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida' y lo conté en un libro.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha señalado para los próximos días 1 y 2 de marzo el juicio a la diputada del Parlament Eulàlia Reguant por un delito de desobediencia grave a la autoridad al negarse a responder a la acusación popular que en el juicio del 'procés' ejercía Vox, pese a que estaba obligada a hacerlo al comparecer como testigo en la vista contra los líderes independentistas.
El Supremo ha aceptado las pruebas propuestas tanto por la Fiscalía como por la defensa de la diputada, que incluyen el interrogatorio de la acusada, que podrá declarar en catalán como ha solicitado, lo que previsiblemente obligará a que sus palabras sean traducidas consecutivamente, circunstancia que en el juicio del 'procés' fue rechazada por los acusados que abogaban por una traducción simultánea.
Al principio del juicio
Respecto a lo que no se ha pronunciado aún el tribunal es sobre la petición de nulidad formulada por la defensa de Reguant, que se enfrenta a una petición fiscal de seis de prisión e inhabilitación. Lo hará en el trámite de cuestiones previas con el que comenzará la vista oral.
La diputada, que sostiene haber actuado "en una suerte de objeción de conciencia" ante un "partido machista y xenófobo", argumenta la nulidad de las actuaciones en que es aforada ante el alto tribunal y el procedimiento seguido contra ella fue instruido en los juzgados de Plaza de Castilla.
También señala que durante el juicio del 'procés' ya fue multada con 2.500 euros por el tribunal por negarse a contestar a Vox, una sanción prevista para los testigos que "faltaran en las vistas y actos judiciales de palabra, obra o por escrito a la consideración, respeto y obediencia debidos a jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y resto sin que constituyan delito".
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