El juez da por concluida la investigación de la financiación del PP de Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón quiere ir concluyendo la instrucción del caso Púnica que se prolonga desde 2014. Ahora le ha tocado el turno a la pieza en la que ha investigado si el PP de Madrid también se financiaba con una caja b, diligencias que no prorrogará, por lo que concluirán el próximo día 29. El juez entiende que no quedan diligencias por practicar y que las solicitadas por las acusaciones, partidarias de prolongar las pesquisas, no "superan el tamiz del empleo de argumentaciones potenciales o futuribles".

Según consta en el auto al que ha tenido acceso este diario, el magistrado incluye la salvedad de que "la instrucción se ha de dar por finiquitada, sin perjuicio de quedar a merced" de que ya estuviera acordado con anterioridad y aún se encuentre en tramitación. Se trata de la pieza en la que están imputados los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González, después de que el magistrado levantara las actuaciones contra Cristina Cifuentes, al entender que no había indicios suficientes contra ella.

Ahora el magistrado se tendrá que pronunciar sobre si propone juzgar al resto de imputados y las acusaciones no descartan que Aguirre corra una suerte similar a la de su sucesora en la presidencia madrileña.

Facturas de Majadahonda

De momento, el juez rechaza todo intento de las acusaciones de prolongar esta pieza y tacha "alusiones vagas, genéricas e indiscriminadas" las que nuevas diligencias que proponen y con que considera que resultaría "harto difícil dar por concluida la instrucción en momento alguno”.

La ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) se basaba en la documentación aportada hace unos meses por el alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, que había expresado su voluntad de cooperar.

Aunque parte de las facturas que entregó están aún pendientes de informe por la UCO, el juez considera que "el escrito no indica, más allá de meras sospechas y acusaciones genéricas, la necesidad de las concretas diligencias a practicar, ni las enumera, precisa ni detalla, más allá de un simple voluntarismo en la supuesta voluntad de cooperar del señor Ortega". Por eso, son rechazadas junto a las demás para agilizar la instrucción y "evitar demoras innecesarias".

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Aguirre está imputada desde septiembre de 2019, en el mismo auto en el que adquirió esa condición Cifuents. El juez basó su imputación en considera que "fue quien ideó la búsqueda de recursos" para las campañas electorales en las que obtuvo mayoría absoluta y que lo hacía con el objetivo de "fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta" de la Comunidad de Madrid.

Sostenía que el juez debía conocer "las actuaciones presuntamente ilícitas perpetradas en favor de la recaudación de fondos para el partido y de sus dirigentes, desde las otras grandes empresas públicas de la Comunidad, ICM y Canal de Isabel II", como "presidenta del Gobierno regional y del partido, y del conocimiento personal que se le presume de la intervención de las empresas principales proveedoras de la Comunidad, como Indra, en las licitaciones amañadas, los pagos de trabajos de reputación y la recaudación una vez más de dinero para las arcas del PPCM".