Consejo de Ministros

El Gobierno da luz verde a la subida del 2,5% de las pensiones contributivas

También se aprueba la denominada "paguilla", un extra de 250 euros de media que compensa la diferencia entre la subida de 2021 y la evolución media de la inflación

Gabriel Ubieto

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El Consejo de Ministrosha dado luz verde este martes a la subida y revalorización de las pensiones para el 2022 para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. Las pensiones contributivas subirán ya desde la nómina de este enero y lo harán el 2,5%; mientras que las pensiones no contributivas, las clases pasivas, las cuantías mínimas de las prestaciones no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV) lo harán el 3%. Un total de 11,5 millones de personas se beneficiarán del incremento aprobado formalmente este martes y para costearlo el Estado destinará un total de 6.500 millones de euros adicionales (si se suma la 'paguilla' también aprobada y que se pagará este enero).

"Se inicia un marco de certidumbre absoluta", ha declarado el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luís Escrivá, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. A partir de la reforma que entra en vigor plenamente este martes las pensiones subirán cada año según lo que suba la inflación media del año. Es decir, sumando el IPC de cada mes desde diciembre del ejercicio anterior hasta noviembre del presente y dividiendo por 12. Sin que tenga que intervenir ninguna negociación en el seno del Gobierno, ni entre partidos políticos, ni con patronal ni sindicatos.

En el marco de esta reforma y en consecuencia para mantener el poder adquisitivo, el Gobierno también ha aprobado la denominada "paguilla", un extra que compensa la desviación entre el 0,9% que subieron las pensiones en el 2021 y la inflación media final que fue del 2,5%. Los pensionistas lo cobrarán a finales de este mes y el importe variará en función de la cuantía habitual de su pensión. De media, según los cálculos de la Seguridad Social, esa paguilla será de unos 250 euros.

Escrivá ha puesto en valor el incremento del gasto público que requiere la reforma aprobada y que supone un cambio de orientación respecto al mecanismo heredado por el PP. Según este, las pensiones hubieran subido en el 2021 el 0,25%, 10 veces menos de lo que finalmente recibirán los pensionistas.

También ha querido poner en valor otro pilar de su reforma y que a su vez entierra un elemento central de la de Rajoy: la derogación del factor de sostenibilidad. Este adaptaba la esperanza de vida a la cuantía de la prestación, lo que reducía el importe a medida que la gente vivía más años. Este elemento nunca llegó a aplicarse, pero, según los cálculos de Escrivá, actualmente hubiera supuesto un recorte del 7% en la pensión de los hoy jubilados.

"El cambio no puede ser más marcado", ha defendido. El Gobierno ha sustituido parcialmente ese elemento reductor de gastos por un aumento de los ingresos por la vía de subir las cotizaciones a las empresas y desincentivar las prejubilaciones de los trabajadores.

Con la subida, la pensión mínima de jubilación se situará en 2022 en 10.103,8 euros anuales en el caso unifamiliar y llegará hasta 12.467 euros en caso de cónyuge a cargo, mientras que la pensión de jubilación máxima llegará a los 39.468,66 euros anuales.

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Consejo de Ministros / David Castro

Déficit del 1% del PIB

Escrivá ha insistido en su discurso en que esa mejoría de las prestaciones no irá en detrimento del déficit público de la Seguridad Social, que ha cifrado en el equivalente al 1% del PIB español. Según la nómina de prestaciones actualizada también este mismo martes, España mantiene un gasto público en pensiones del 12% del PIB pese al incremento. Y es que la buena evolución del empleo y los ingresos adicionales que sus cotizaciones están inyectando -las arcas de la Seguridad Social ingresan el 4% más que antes del covid- permiten apuntalar la "fortaleza" del sistema, según ha defendido el ministro.

En esa línea de descargar de gastos a las arcas de la Seguridad Social para no contribuir al déficit, el Estado derivará a los Presupuestos Generales del Estado un total de 18.300 millones de euros este 2022. Una partida que Escrivá ha calificado de "gastos impropios" y que suponen prestaciones sociales, pero que no se costean con cotizaciones. En el 2021 la Seguridad Social ya derivó como "gastos impropios" un total de 13.800 millones de euros. La previsión del Gobierno es que en el 2022 el déficit de la Seguridad Social siga bajando y cierre en el 0,5% del PIB.