Nuevo borrador

El Poder Judicial advierte de que la ley de vivienda elimina competencias autonómicas

El borrador del informe que se discutirá el jueves acoge los presupuestos de la enmienda a la totalidad que apoyaron la mayoría de los vocales contra el informe inicial de Cuesta, que era complaciente con el Anteproyecto de Sánchez

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Cristina Gallardo

El borrador del informe sobre la ley de vivienda que será previsiblemente respaldado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el próximo jueves no incluirá sorpresas y, en consonancia con la enmienda que tumbó el pasado día 14 el texto inicial, que era muy complaciente con el Anteproyecto del Gobierno de coalición, advertirá de que éste vulnera el reparto constitucional de competencias en esta materia. En términos muy duros, el texto llega a afirmar que los planes del Ejecutivo puede causar inseguridad jurídica al 'expropiar' competencias de las comunidades autónomas.

El texto, de 59 páginas y al que ha tenido acceso El Periódico de España, afirma que "esa 'expropiación' de la regulación autonómica por el legislador estatal generará, sin duda, una situación de gran inseguridad jurídica al resultar ciertamente difícil determinar qué norma habrá de aplicarse, la estatal o la autonómica, cuando no concuerden completamente entre sí". 

Ello, aventuran los vocales Enrique Lucas y José Antonio Ballestero, obligará al Tribunal Constitucional a intervenir "comprobando, en primer lugar, que la ley estatal que resulte de este anteproyecto se desenvuelva en el ámbito competencial propio del Estado y, hecho, esto si existe verdadera contradicción con la ley autonómica que sea insalvable como consecuencia de la inconstitucionalidad sobrevenida o mediata de esta última".  

Solo protección básica

Para los ponentes, la vivienda es una materia de titularidad autonómica, en virtud del artículo 18.1. tercero de la Constitución y los estatutos de autonomía. Por ello, entienden que el anteproyecto ha de ceñirse al ámbito incidental de las competencias autonómica y los planes del Gobierno no deberían pasar de "una ley sobre las condiciones básicas del derecho de la vivienda, su promoción y protección, o, como dice su título, una ley por el derecho a la vivienda, pero no, en puridad, 'la ley de vivienda' o 'del derecho a la vivienda'".

 La garantía de la igualdad no autoriza, tampoco, la innecesaria superposición sobre la actual legislación autonómica de otra estatal que en gran medida "viene a duplicarla o sustituirla ni a cubrir supuestas lagunas de la legislación autonómica" tal y como sostiene la exposición de motivos del Anteproyecto impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. 

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El dictamen no es vinculante para el Gobierno, pero el rechazo de la propuesta inicial, que evidenciaba una gran sintonía con el Anteproyecto, supone un duró revés para el Gobierno de coalición.

Frente a un borrador inicial que del que algunos vocales criticaban su "sesgo ideológico" y falta de rigor técnico, firmado por el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, el órgano de gobierno de los jueces someterá ahora a debate un texto que, acogiendo el criterio de la enmienda Lucas, afirma que el Anteproyecto impone además un modelo de intensa intervención pública en la vivienda que hace irreconocible la configuración del derecho de propiedad que contiene la vigente legislación civil.