La Iglesia reconoce que 912 bienes que tiene registrados no son suyos

La Iglesia española considera que 912 bienes que están a su nombre gracias a una ley que aprobó José María Aznar no son suyos. En total, entre los años 1998 y 2015, inmatriculó unas 34.000 propiedades, entre lugares de culto, solares y viviendas, y ahora, tras la petición que el Congreso hizo en 2017, ha revisado la titularidad y ha detectado que casi un millar no le pertenecen.

El anuncio lo vendió el Gobierno este lunes como un éxito. Tanto que Pedro Sánchez quiso participar de la escenificación y se reunió por la mañana con el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella. El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, usó ese reconocimiento por parte de la Iglesia para mandar un recado al PP: el Ejecutivo no solo sabe negociar con los empresarios y cierra una reforma laboral con ellos, ahora también logra que los obispos se comprometan a impulsar la regularización correcta de 912 bienes (el 2,6% del total).

Pese al acuerdo, que la CEE y el Gobierno dieron a conocer la noticia en un comunicado conjunto tras la reunión entre Omella y Sánchez, hubo muchos matices, sobre todo por parte de la Iglesia. Los obispos hicieron público un informe de 186 páginas en las que asegura que, de la lista de 34.976 bienes que elaboró el Ejecutivo, ha verificado "de manera correcta" un total de 32.401 por sus diócesis. Entre los 2.575 restantes, se incluyen los 912 a los que ha dado luz verde para que se registren de manera correcta, 111 que aparecían duplicados, 748 que eran anteriores al periodo analizado (1998-2015), 31 de los que no tenía información que existieran y 691 que les pertenecen por herencias, permutas o donaciones.

El Gobierno pondrá ahora en conocimiento de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) esta información para que puedan iniciar un proceso de regularización que la CEE se compromete a "facilitar".

El presidente @sanchezcastejon y el cardenal Omella han mantenido hoy un encuentro en el que han celebrado el acuerdo sobre inmatriculaciones alcanzado entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal.

El Ejecutivo ha destacado el buen diálogo que mantienen ambas instituciones. pic.twitter.com/0rdWnOOFOm

— La Moncloa (@desdelamoncloa) 24 de enero de 2022

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La Iglesia registró legalmente a su nombre esas propiedades gracias a una modificación de la ley hipotecaria que aprobó Aznar en 1996 y que facilitaba el trámite sin ningún documento acreditativo más que su propia palabra.

Una iniciativa de 2017

La iniciativa de revisarlos partió de una proposición no de ley que el PSOE presentó en 2017, cuando estaba en la oposición. Salió adelante en el Congreso y se pidió al Gobierno de Mariano Rajoy que hiciera el listado de las inmatriculaciones. Fue Sánchez el que, en 2018, tras ganar la moción de censura a Rajoy, encargó a su entonces vicepresidenta Carmen Calvo que se pusiera manos a la obra y abordara el asunto con la Conferencia Episcopal.