El Parlament exprimirá la vía judicial pese a la orden de la JEC de retirar el escaño a Juvillà

El Parlament libra la batalla por el cupero y secretario tercero de la Mesa, Pau Juvillà, hasta que su condena sea firme. Los grupos soberanistas no tienen la intención de seguir, por ahora, el criterio de la Junta Electoral Central (JEC), que el jueves ordenó la retirada de su escaño tras la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que le condenó a seis meses de inhabilitación y a pagar una multa de 1.080 euros por negarse a retirar los lazos amarillos de su despacho en la Paeria de Lleida durante el periodo electoral de 2019, cuando era concejal.

La presidenta de la Cámara, Laura Borràs, ya manifestó que defendería su acta al menos hasta que el Tribunal Supremo (TS) intervenga o el fallo sea firme, por lo que ahora el Parlament se concentra en exprimir todas las vías judiciales posibles para blindarle. Así, la Cámara presentará un recurso contencioso-administrativo con petición de medidas cautelares ante el Alto tribunal que avalará la Mesa el lunes, al igual que lo hará el propio parlamentario que, a su vez, prepara otro recurso de casación contra la sentencia del TSJC.

"Agotaremos todas las vías posibles", espetó Juvillà en una rueda de prensa flanqueado por los miembros independentistas de la Mesa y un diputado de los 'comuns'. "El Parlament es competente en esta cuestión y aprobamos un dictamen con 113 diputados. La JEC no es un organismo judicial, sino administrativo con funciones muy concretas y centradas en el proceso electoral", añadió, haciendo valer la potestad de la Cámara. Preguntado por si dejará su puesto cuando la sentencia sea firme, despejó que "en la CUP ni nos aferramos ni renunciamos a nada, se trata de hacer de esta y de otras causas una herramienta de denuncia, no de la represión una arma arrojadiza".

Desempate en el Supremo

Pero, mientras la sentencia no sea firme, sí activan todos los mecanismos a su disposición para evitar una inhabilitación "exprés" como la del 'expresident' Quim Torra. La maniobra ideada por los cuperos pasa por defender ante la Justicia la validez del acuerdo de la comisión del Estatuto del Diputado –que se aprobó con amplia mayoría en el pleno el 17 de diciembre- actuando este como una forma de aval que sirva a Borràs para poder desatender el requerimiento de quitarle el escaño, alegando que la JEC es un órgano administrativo y no judicial y que la "soberanía" parlamentaria puede estar por encima hasta que no haya decisión del Supremo. La JEC, por contra, defiende que el diputado está afectado por una "causa de inelegibilidad sobrevenida" tras la sentencia del TSJC pero, como cabe recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, los soberanistas esperan poder dilatar los plazos. La defensa del diputado está estudiando, asimismo, si presenta o no medidas cautelares o cautelarísimas.

La CUP encontró un resquicio legal en una sentencia sobre la petición de amparo del 'expresident' Quim Torra al TS, cuando fue inhabilitado por el TSJC, de la que se desprende que mientras el Alto tribunal se pronuncia sobre un recurso, son competentes tanto la JEC como el Parlament para decidir si un diputado queda suspendido cautelarmente o no.

El PSC, que apoyó el dictamen en defensa de Juvillà en la comisión y en el pleno, ahora se mantiene al margen y no figuró en la fotografía de unidad ante la prensa. Fuentes del partido afirman que el Parlament puede activar todas las vías judiciales que tenga a su disposición y que mientras haya canales abiertos pueden ser explorados sin contravenir el ordenamiento jurídico.

Las derechas, en cambio, buscan caminos para que el Parlament retire el escaño a Juvillà cuanto antes. Ciutadans registró un escrito a la Mesa en el que solicitan que se designe a un sustituto -el siguiente en la lista electoral- y que se suspenda a Juvillà de todas sus funciones y atribuciones, así como que se declaren nulas las decisiones que ejecute a partir del jueves pasado. Fuentes del PPC explican que el partido se dirigirá al Supremo para que intervenga ya y la extrema derecha, mientras tanto, advierte a Borràs de que la denunciará si "desacata" las órdenes de la JEC.