TSJC asume el juicio contra la 'consellera' Natalia Garriga por el 1-O
El alto tribunal descarta el archivo de la causa y la acumula a la seguida contra Jové y Salvador

La 'consellera' Natàlia Garriga en el acto de toma de posesión de su cargo. Foto Ferran Nadeu / Ferran Nadeu

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha asumido la competencia de la investigación contra la 'consellera' de Cultura, Natàlia Garriga, por los preparativos del referéndum unilateral del 1-O, al tener la condición de aforado por su cargo. El alto tribunal desestima la petición de archivo de la causa e incluye las pesquisas, hasta ahora llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, en el sumario abierto por los mismos motivos a los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.
La fiscalía entiende que existen indicios de que la alto cargo del Ejecutivo catalán incurrió en un delito de desobediencia grave por "desatender" los mandatos del Tribunal Constitucional cuando era directora de servicios de la secretaria general del Departamento de Vicepresidència. Garriga fue procesada por un juzgados de instrucción antes de ser miembro del Gobierno catalán. Se le atribuyó entonces su participación en la adjudicación de varios contratos menores para acondicionar un centro de atención telefónica que debía funcionar como centro de recogida de datos del 1-O, así como por sus gestiones para obtener un local donde almacenar el material electoral, facilitar el acceso a la web del referéndum y asistir un acto de Vicepresidencia a favor de la consulta.
En "enlace"
La acusación pública sostiene que la titular del departamento de Cultura "ejerció de enlace" entre Jové y otra de las procesadas por el 1-O para obtener un local donde almacenar el material electoral del referéndum y llegó a "transmitir instrucciones" para la cesión de unas naves de Bigues i Riells (Barcelona). Garriga también hizo gestiones para que la web del referéndum pudiera ser accesible por cualquier persona y asistió a un acto el 21 de abril de 2017, organizado por Vicepresidencia, "con el que se pretendía transmitir a la ciudadanía el compromiso de los miembros y demás altos cargos del Govern con el referéndum ilegal que se iba a convocar en breve". La alto cargo del Govern fue una de las detenidas en la operación del 20-S.
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