Medio ambiente

La Fiscalía pide cárcel por la dejadez política en la contaminación del Mar Menor

El fiscal pide 21 meses de prisión para el exconsejero murciano Antonio Cerdá y para el excomisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura Manuel Aldeguer por permitir los vertidos

La Fiscalía pide cárcel por la dejadez política en la contaminación del Mar Menor
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Alberto Sánchez

No hubo control, ni inspecciones, ni sanciones, y, de forma "consciente", se permitió la contaminación por nitratos agrícolas del Mar Menor durante años. La Fiscalía de la Región de Murcia ha pedido hasta un año y nueve meses de prisión para dos de los principales acusados del caso Topillo, que investiga la degradación "irreversible y catastrófica" del Mar Menor, por haber cometido un delito contra el medio ambiente: el exconsejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Comunidad entre 1999 y 2015, Antonio Cerdá, y el excomisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura y actual director general de Agua de la Comunidad Valenciana, Manuel Aldeguer.

El fiscal pide a su vez entre cinco meses y seis años de prisión, además de multas millonarias, para más de 40 agricultores, gerentes de empresas agrarias y varias mercantiles por cometer un delito de prevaricación ambiental. De Mata considera acreditado que con los vertidos de salmuera cargada de nitratos procedentes de las desaladoras ilegales en el Campo de Cartagena se ocasionó "un perjuicio grave" al Mar Menor y también al acuífero.

Para otra de las figuras políticas implicadas en la causa, la expresidenta de la CHS, Rosario Quesada, el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Miguel de Mata, en su escrito de acusación, no aprecia indicio de delito alguno ya que sobre ella "no recaían" las labores de inspección y tramitación de sanciones por los vertidos que llevaron a cabo las empresas y agricultores investigados dado que estas competencias eran del comisario de Aguas.

"Papel mojado"

La Fiscalía cree que el exconsejero Cerdá, "responsable" de elaborar la normativa en el uso de nitratos, dejó en "papel mojado" las diversas instrucciones aprobadas para reducir y controlar los fertilizantes nitrogenados que han provocado la vulnerabilidad de la laguna y del acuífero cuaternario.

De forma "consciente" y con la "finalidad de no perjudicar al sector agrícola", el entonces responsable de Agricultura del Gobierno regional no puso encima de la mesa los medios necesarios ni el modo de control para inspeccionar las explotaciones agrícolas desde donde se vertían los sobrantes de las centenares de desaladoras ilegales que operaban en el Campo de Cartagena. Estas se han ido precintando en los últimos años. "El acusado se limitó a establecer una previsión formal pero siendo consciente de su falta de operatividad, se hizo como que se hacía pero en realidad no se hizo nada".

Sanciones millonarias para los responsables

La Fiscalía pide para el exconsejero Antonio Cerdá y el excomisario de Aguas Manuel Aldeguer unas multas de 5.760 euros para cada uno aparejado al delito de prevaricación ambiental que les imputa. 

Por otro lado, al resto de acusados, agricultores y administradores de empresa, se les pide una sanción por un total de casi 160.000 euros, 9.000 para aquellos que acarrearían penas de prisión de seis años. Por otro lado, el fiscal pide por responsabilidad civil un total de casi 20 millones de euros a las empresas para las que trabajan los acusados. 

De estas sanciones, las más cuantiosas recaen sobre el holding empresarial GS España, con 2,5 millones de euros, junto con otras que superarían el millón de euros: Pozo Camachos, Ciky Oro, El Montes y Los Triviños. 

Por otro lado, el fiscal considera también que la CHS era consciente de la existencia de un gran número de sondeos y desaladoras que carecían de autorización, "y que ello era un problema ambiental de primer orden". Asegura que el organismo de cuenca mantuvo una situación de "permisividad consciente" frente a la desalobración sin freno hasta diciembre de 2012, cuando ya no estaba en el cargo Manuel Aldeguer.

El excomisario "no adoptó decisión alguna respecto a la incoación de expedientes sancionadores como hubiera sido su obligación, permitiendo, con esa conducta omisiva, una contaminación de las aguas y la creación de un riesgo grave" para el acuífero y Mar Menor".

"Una realidad indiscutible"

«La contaminación del acuífero por nitratos es una realidad indiscutible», señala el fiscal en su relato de los hechos, donde pone énfasis en cómo la red de tuberías que partían desde las explotaciones y que trasladaban el rechazo de las desaladoras hasta la desembocadura de la rambla del Albujón provocaban un vertido de 3.300 toneladas de nitratos al año en el Mar Menor. Todas esas canalizaciones, en su origen, venían a recoger el sobrante de esas máquinas que desalaban el agua del acuífero para tratarlas en la desalobradora del Mojón, pero «lamentablemente la utilidad de toda esta cara infraestructura (desaladora, bombas de impulsión, red de drenajes de sobrantes de riego y salmueroconductos) ha sido prácticamente nula», remarca el fiscal.

Las continuas desaladoras privadas que funcionaban sin autorización y que se iban conectando a esa red de salmueroconducto "provocaron una sobreexplotación del mismo produciéndose roturas que no fueron arregladas por nadie y que hacían que parte del contenido de salmueras aflorara a la superficie y terminara filtrándose al acuífero".

El Ministerio Público añade que las cifras que aporta la "apabullante" cantidad de documentación "científica y técnica", que acreditan la contaminación de la laguna por el uso de fertilizantes nitrogenados en la cuenca vertiente en su entrada en el ecosistema por varias vías, «dan idea de la magnitud del problema».

Los agricultores acusados vertieron  "con total desprecio"

Durante años el crecimiento desmesurado de la superficie de regadío en el Campo de Cartagena, los periodos de sequía y la insuficiente dotación de agua proveniente del Tajo-Segura provocaron que muchos agricultores se lanzaran, como indica el fiscal, a "la adquisición de máquinas desaladoras careciendo de cualquier tipo de autorización o control para el vertido de salmuera". Y en muchas de esas ocasiones, las extracciones se llevaron a cabo de pozos "clandestinos, no autorizados", que llegaron a ser más de 400 según distintos censos que aporta la CHS. 

El fiscal subraya en su escrito de acusación que aunque no se llegaran a legalizar estas instalaciones, nadie les sancionaba por utilizar estas máquinas. Y, por consiguiente, miles de millones de litros de salmuera acabaron en el Mar Menor. Los agricultores vieron en la «permisividad» de la CHS la ‘autorización’ para seguir desalobrando agua subterránea cargada de nitratos. 

Los productores argumentan

"La utilización de estas instalaciones de desalobración se realizó con plena consciencia de que su uso, y el vertido de rechazo que generaban, requerían la previa autorización administrativa" de la Confederación, señala el fiscal Miguel de Mata, quien tiene claro que los agricultores que hacían uso de la red de tuberías de la comarca luego se "despreocupaban" de lo que vertía por ellas e "ignorando" si acababa en el Mar Menor.  

"En el caso de la reinyección al acuífero y de vertido cuyo destino final es el terreno, balsas, pantanos o depósitos sobre los que no consta actividad de impermeabilización es claro que se efectuó con total desprecio y aceptación de las consecuencias ambientales".

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Para esos más de 40 agricultores o empresas del Campo de Cartagena señalados en la primera pieza del caso Topillo, la Fiscalía pide entre 5 meses y 6 años de prisión. A todos ellos se les acusa de un delito contra el medio ambiente por verter durante años 5.900 millones de litros de salmuera con nitratos. "Buena parte del excedente de los nitratos agrícolas han terminado depositados en el Mar Menor".

La proveedora Insal

El fiscal de Medio Ambiente, en su escrito, ha pedido el archivo de la causa para el administrador de la empresa Insal, quien fue responsable de comercializar el material necesario para el funcionamiento de las desaladoras ilegales. "Los servicios prestados por Insal, además de no existir acuerdo de voluntades en el delito, son de lícito comercio", remarca Miguel de Mata. El Ministerio Público considera que la empresa tenía actividad legal consistente en realizar instalaciones eléctricas, fabricación, comercialización, instalación y servicio de mantenimiento de todo tipo de sistemas de riego y fertirrigación automática, entre otras cosas. "El delito contra el medio ambiente no es por tener una maquina desaladora sino por el vertido que realice el usuario carente de autorización administrativa y de forma tal que ponga en riesgo el equilibrio de los sistemas naturales".