Mano tendida

Illa se propone aprobar una ley electoral catalana en seis meses

El líder del PSC quiere que la comunidad deje de ser la única sin una norma propia

El primer secretario del PSC, Salvador Illa

Daniel G. Sastre

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Nuevos retos para la nueva cúpula del PSC. Salvador Illa, que se convirtió formalmente en líder del socialismo catalán en el congreso extraordinario de hace menos de un mes, ya ha puesto un difícil encargo a los dirigentes de los que se ha rodeado para esta etapa. Después de llegar a un acuerdo con ERC y JxCat para renovar 112 altos cargos dependientes del Parlament con mandatos caducados, ahora quiere impulsar la aprobación de una ley electoral catalana.

Es difícil porque esa norma es uno de los grandes agujeros negros de la política catalana desde hace décadas. De hecho, Catalunya es la única comunidad que no tiene una ley electoral propia y que, más de 40 años después de la recuperación de las libertades, sigue rigiéndose por los principios que establece una disposición transitoria del Estatut de 1979 y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General española (Loreg).

Pero Illa no se da por vencido. Después de llegar a un acuerdo en la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) que se había postergado durante años, el líder del PSC quiere ahora una ley electoral. "La falta de una ley electoral no nos puede hacer sentir orgullosos a los catalanes", dijo durante la primera reunión interparlamentaria que ha encabezado como nuevo primer secretario del partido.

"Que por nosotros no quede"

Y puso plazo a ese anhelo. "Los socialistas tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para que se apruebe en el primer semestre de 2022 una ley electoral propia. Que por nosotros no quede. Catalunya es la única comunidad sin una ley electoral propia", recordó.

La norma no se ha cambiado porque es muy difícil alcanzar un consenso que contente a todos. O, al menos, a los partidos mayoritarios, porque se necesita que 90 diputados de los 135 miembros del Parlament aprueben esa ley. Ha habido numerosos intentos de pactar un texto, pero el escollo siempre es el mismo: el sistema electoral. El actual modelo ha favorecido históricamente, y sigue haciéndolo, a los partidos nacionalistas, porque sobrerrepresenta el sufragio rural en detrimento del urbano.

En el plan del actual Govern se contempla la aprobación de un proyecto de ley electoral, lo cual supone un avance con respecto a anteriores legislaturas. Pero nadie se llama a engaño con respecto a la posibilidad de que esa voluntad se concrete. De hecho, en los contactos que ha habido hasta Navidad, los partidos han vuelto a encallar en el espinoso asunto de cómo plasmar en diputados los votos en las diferentes circunscripciones.

Illa hizo este anuncio en el marco de la reunión interparlamentaria, donde, rodeado de los portavoces del PSC en las diferentes Cámaras -Alícia Romero y Raúl Moreno (Parlament), José Zaragoza (Congreso) y Eva Granados (Senado)-, y de Miquel Iceta -ahora presidente del partido- y Lluïsa Moret -viceprimera secretaria de Organización-, defendió que la "utilidad" de sus propuestas debe ser una de las guías de acción del socialismo catalán. "En Catalunya, la política útil significa la construcción de una alternativa a un Govern que no funciona. Enseñar a la ciudadanía que hay un camino diferente no está reñido con ser capaces a llegar a acuerdos", sostuvo.

"No pasa nada por dar más castellano"

Salvador Illa también se ha propuesto, en la nueva etapa del PSC que aspira a que le lleve al Palau de la Generalitat, abordar de cara los debates candentes, por problemáticos que sean o que hayan sido en el pasado para la formación. Es el caso de la polémica lingüística en las escuelas: Illa dijo en su discurso ante la interparlamentaria que "no pasa nada porque, además de lengua y literatura, otra materia se enseñe en castellano", cumpliendo así con "las resoluciones judiciales".

El PSC, añadió, está de acuerdo con que el catalán "sea el centro de gravedad" en las escuelas catalanas, pero también que se enseñe "más castellano". Y lanzó una advertencia al Govern: "Si el uso social del catalán ha retrocedido, habrá que rendir cuentas a los que han gobernado Cataluña en los últimos 10 años. Porque nosotros no gobernábamos Catalunya cuando el uso social del catalán ha retrocedido".