Calviño y la coalición, más papistas que Macron

Esta semana, acudieron al foro Spain Investors Day tanto la vicepresidenta Nadia Calviño como el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura. La primera defendió la decisión del Gobierno de coalición de mantener ese escudo contra las opas extranjeras hasta finales del 2022. El segundo se mostró partidario de flexibilizarlo. Lo curioso es que esa defensa aferrizada del instrumento no implica que la vicepresidenta lo utilice cuando se necesita. El caso más crítico que ha habido hasta ahora, la opa de la australiana IFM sobre Naturgy, no mereció que el Gobierno español moviera un dedo, enredado en la repulsión que siente la vicepresidenta Calviño por intervenir en los mercados y una deriva verde mal entendida de la vicepresidenta Ribera. El caso es que IFM es ahora un actor cada vez más relevante en la tercera compañía eléctrica de España. Un sector en el que ya hay una compañía en manos italianas (Endesa) y una empresa sometida a una guerra en los juzgados (Iberdrola) que este martes vivirá un episodio que veremos como acaba impactando en su gobierno corporativo a medio plazo. Un mal asunto en tiempos revueltos por la covid. El Gobierno español, oficialmente uno de los más de izquierdas de Europa, es el que menos uso está haciendo de esta facultad de intervención que choca con la ortodoxia comunitaria, partidaria, como Calviño, del libre mercado puro y duro. El presunto liberal Macron, por ejemplo, no ha dudado ni un minuto en cerrar el paso a una multinacional canadiense que pretendía adquirir Carrefour y ahora auspicia su fusión con Auchamp. 

Si el Gobierno mantiene, como defiende Calviño, el escudo antiopas a lo largo del 2022 va a tener nuevas oportunidades para ejercer responsablemente esa potestad. En la misma Naturgy, hay que ver qué pasa con el 20% que tiene el fondo CVC pues vence el plazo de 5 años que acostumbra a dar a sus inversiones. Telefonica, a pesar de los esfuerzos de su presidente por limpiar la deuda, es un caramelo accesible a inversores de un cierto tamaño. Repsol lleva con retraso su transición verde. Suez, de donde acaba de salir Criteria, debe transferir a Veolia una compañía tan estratégica como Agbar. Por poner solo algunos ejemplos. 

Las reticencias de Calviño beben de una mirada antigua sobre estos asuntos. Lo que está en juego aquí no es el proteccionismo frente al extranjero sino la protección de la industria frente a los fondos puramente financieros que rehúyen toda responsabilidad social porque no conocen ni tratan a los clientes o a los trabajadores de las empresas que poseen. Y la coalición también se fundamenta en principios obsoletos. No tiene sentido prometer asaltar el cielo para luego limitarse a destruir todo aquello que tiene un gran tamaño sin distinguir sus formas de actuación. Hay que saber si este Gobierno está contra el capitalismo de fondos antes que contra cualquier otra forma más inclusiva de capitalismo. Sería lo lógico.