El doble reto parlamentario del arranque de año

El Gobierno intenta salvar también el decreto de la mascarilla obligatoria

  • El Ejecutivo tiene que solventar primero, a finales de enero, la convalidación de la norma que reimpuso el tapabocas en la calle, y en el PSOE son optimistas

  • Unidas Podemos remarca que habrá “seguro” cambios en la reforma laboral en dos puntos: convenios autonómicos e inspección de Trabajo

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, participa en la charla ’Transformar el presente, imaginar el futuro: más allá de la precariedad y las desigualdades’, con el economista Thomas Piketty, organizado por el IECCS y el CBA, este 14 de enero de 2022 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, participa en la charla ’Transformar el presente, imaginar el futuro: más allá de la precariedad y las desigualdades’, con el economista Thomas Piketty, organizado por el IECCS y el CBA, este 14 de enero de 2022 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. / JOSÉ LUIS ROCA

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Juanma Romero
Juanma Romero

Periodista

Especialista en información de Gobierno y PSOE.

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El Ejecutivo tiene, en las próximas tres semanas, dos votaciones importantes que ganar en el Congreso. A finales de enero, la convalidación del decreto que reimpuso la mascarilla en exteriores. Y en la primera semana de febrero (el jueves 3, exactamente), el refrendo de la decisiva reforma laboral. Ambos textos continúan en el aire, aunque en el Gobierno confían en sacarlos adelante. No sin tensiones con los grupos parlamentarios. 

El acuerdo con patronal y sindicatos es la pieza clave, y en la negociación se aprecian diferencias en las estrategias de los socios de coalición. Los socialistas insisten en que no hay “margen ninguno” de negociación, que el decreto ha de convalidarse “y punto”, sin tramitarlo posteriormente como proyecto de ley, para poder introducir enmiendas. En Unidas Podemos son más flexibles y ya anticipan como “seguro” que, para atraer a PNV y ERC, habrá que introducir dos cambios: garantizar la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales y recuperar para las comunidades la autorización administrativa para los eres. 

El decreto ley que volvió a hacer obligatoria la mascarilla en la calle peligraba hace semanas. El Gobierno se encontró con críticas durísimas de los grupos (incluidos sus aliados habituales) y el cuestionamiento de los expertos. Ahora ya están en marcha las conversaciones preliminares y, según indicaron a este diario fuentes de la dirección socialista, las expectativas son “positivas”, aunque “queda negociación por delante”, especialmente con el bloque de investidura. Otras pequeñas fuerzas del Congreso no tienen tan claro que la norma vaya a recibir el refrendo necesario.

PNV y ERC se muestran firmes pero “abiertos a negociar”, más “distantes” están Bildu o BNG. Los morados no cuentan con Ciudadanos

El PSOE pretende que el decreto se convalide, sin que se introduzcan después cambios. Defienden que no tendría sentido, porque la obligatoriedad del tapabocas decaerá, ya lo prometió Pedro Sánchez, en cuanto sea posible. También esgrime que el texto incluye medidas para ayudar a descongestionar la sanidad, al autorizar la contratación de personal sanitario jubilado y facilitar el fichaje de profesionales con título de especialista obtenido en Estados extracomunitarios. Y recoge, por último, una modificación legal para asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.

La polémica de la carne, por medio

A la reforma laboral, por su parte, le quedan más días de conversación con los grupos. En la Moncloa admiten lo “extraño” de una semana que ha estado dominada por la polémica de la carne auspiciada por Alberto Garzón, que ha elevado la tensión entre PSOE y Unidas Podemos. Ahora, tras el despliegue mediático del ministro Luis Planas y el respaldo claro que Sánchez y el PSOE le han prestado frente al titular de Consumo, el Ejecutivo intenta bajar el balón al suelo, sacar al presidente del charco y desviar las culpas al PP, por intentar “estirar” la polémica para pescar más votos en Castilla y León. 

La estrategia de Díaz pasa por pactar con los grupos plazos, procedimientos y redacción de los cambios antes del debate de convalidación

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya está hablando con los grupos, al igual que el PSOE, a través del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Los dos miembros de la coalición insisten en que el texto ha de ser convalidado para no retornar a la legislación del PP, de 2012. Pero a partir de ahí surgen los matices. El PSOE no quiere modificaciones, porque se correría el riesgo de romper el difícil “equilibrio” conseguido con patronal y sindicatos, y en concreto teme que los empresarios, que avalaron el texto con jirones internos, se desmarquen.

En el entorno de Díaz se sostiene que esa posición inflexible del PSOE obedece a su “estrategia negociadora”, pero que tendrá que asumir cambios al final. En concreto, en dos puntos: la prevalencia de los convenios autonómicos, en la que son muy firmes PNV y ERC, y en dotar de más herramientas a la Inspección de Trabajo en Catalunya, en lo que insisten los republicanos. 

El 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, se reúne con la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el Palau de la Generalitat, este 14 de enero de 2022, en Barcelona.

/ ACN

Lo que no se incluirá

Los morados señalan que, por mucho que la patronal alerte de la “ruptura de la unidad de mercado”, ya existen convenios autonómicos (aunque son minoría), además de provinciales. Y que tampoco sería complicado tocar la autorización de los eres. “En lo que no cederemos es en el cambio de la indemnización por despido o la recuperación de los salarios de tramitación”, indican en Unidas Podemos: eso sí sería casus belli para la patronal, apuntan. 

"Vamos a sacar la reforma haciendo política, como hizo Montero con los Presupuestos, pero el PSOE debe saber que es nuestra criatura", sostienen en la formación morada

La foto, ahora mismo, es que Bildu y BNG están “muy distantes” y PNV y ERC, firmes pero “abiertos a negociar”. Los socialistas no descartan a Cs, pero sí lo hacen los morados, que recuerdan que los nueve votos naranjas son insuficientes y espantan a los socios de investidura. “Haría falta el PNV, y ellos te ponen el listón de los convenios, y ahí Cs no va entrar. El PSOE debe darse cuenta de que su calculadora”, su pretensión de tender puentes con Inés Arrimadas, “no funciona”. “Vamos a sacar la reforma haciendo política, como hizo [María Jesús] Montero con los Presupuestos, pero el PSOE debe saber que es nuestra criatura. Tendremos que acordar los límites, pero la pieza nodal está en Trabajo”. La estrategia de Díaz es, como avanzó ‘El Periódico de España’, pactar con los socios, antes del debate de convalidación, el alcance de los cambios que se introducirían a la reforma, el procedimiento y los plazos. 

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ERC insiste en que sigue “muy lejos” del Gobierno. El ‘president’, Pere Aragonès, se ha visto esta semana con la vicepresidenta segunda, el miércoles, y con la titular de Igualdad, Irene Montero, este viernes. Los republicanos aducen que no hay negociación real, sino contactos “protocolarios”, y que no les moverá del no el “chantaje” que verbalizó con nitidez Bolaños: si no apoyan la reforma están validando la legislación del PP. Otros socios del Ejecutivo, como Más País y Compromís, garantizan de entrada como mínimo la abstención, aunque advierten de que hay margen de “mejora”. El patrón de esta negociación se parecerá, probablemente, al de pactos anteriores: conversaciones bajo mucha presión y acuerdos sobre la bocina.