Puigdemont y el 'procés' de nunca acabar... en los tribunales

Puigdemont

"Los 60 los celebraremos juntos en casa", escribía Puigdemont en Instagram el 29 de diciembre, día de su 59º cumpleaños. Eso dependerá de cómo evolucione su larga batalla con la justicia española. Después de salir indemne de una segunda detención, en esta ocasión en Italia, el 'expresident' afronta este año dos episodios clave que la justicia europea tiene pendientes de resolver: el primero, la devolución o no de la inmunidad como eurodiputados a Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí; y el segundo, la cuestión prejudicial que el juez Pablo Llarena planteó en marzo al Tribunal de Justicia de la UE acerca del alcance de las euroórdenes. Si ambas resoluciones les favorecen, estarían blindados frente a acciones judiciales, y eso abriría la puerta a su regreso, aunque en su entorno insisten en que no volverán hasta tener absoluta garantía de no ser arrestados.

Tribunal de Cuentas

Indultados desde junio los nueve presos del 'procés', la organización y el coste del 1-O centrarán las dos grandes causas que se juzgarán en 2022. El Tribunal de Cuentas ya ha reclamado 5,4 millones de euros en fianzas a medio centenar de cargos de los gobiernos de Puigdemont y Artur Mas. Es el dinero que, según el organismo fiscalizador, se gastó de manera ilegal en la organización de la consulta y en su promoción internacional. La causa la juzgará un recién renovado tribunal que cuenta ahora con mayoría progresista y que, de entrada, deberá decidir en enero si acepta los avales de la Generalitat.

Los preparativos del 1-O

Otro macrojuicio del 'procés' (en realidad, el origen de todas las causas relacionadas con los hechos de otoño de 2017) podría llegar a finales de año, aunque de momento sigue enredada entre recursos. El Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona ha procesado a 29 altos cargos del Govern y empresarios por supuesta malversación y desobediencia, entre otros delitos, por los preparativos del 1-O. Pronto podría sumarse a ellos la 'consellera' de Cultura, Natàlia Garriga, que fue procesada por los mismos hechos antes de ser aforada. En su caso, la fiscalía pide que sea investigada solo por desobediencia.

Roger Torrent

Y es que el 2022 judicial podría afectar también a la composición del actual Govern de Pere Aragonès. Por Garriga y, sobre todo, por el 'conseller' de Empresa, Roger Torrent, que se enfrenta a una posible inhabilitación del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), como el resto de miembros independentistas de la anterior Mesa del Parlament, por haber permitido la tramitación de mociones a favor de la autodeterminación y en contra de la Monarquía. La fiscalía reclama un año y ocho meses de inhabilitación.

Los indultos

En paralelo a las causas que discurren en Catalunya, en Madrid, el Tribunal Supremo tendrá que deliberar sobre los 63 recursos presentados contra los indultos que el Gobierno concedió a los nueve líderes del 1-O. Este mes decidirá si PP, Vox y Ciudadanos están legitimados para recurrir y la previsión es que la sentencia definitiva sobre las impugnaciones esté lista en abril o mayo.

Sindicatura Electoral

El 1-O sentó en el banquillo el año pasado a los miembros de la Sindicatura Electoral, entre ellos Tània Verge, que meses después se convertiría en 'consellera' de Igualtat i Feminismes a propuesta de ERC. Absueltos en primera instancia, están aún pendientes del recurso que la fiscalía presentó ante la Audiencia de Barcelona.

Disturbios y mossos

Los disturbios que siguieron a la sentencia del 'procés' en octubre de 2019 derivó en un goteo de causas judiciales que continuarán su curso este año, para incomodidad de la Generalitat en los casos en que ejerce la acusación particular en defensa de mossos lesionados, y que en algún caso ya les ha dejado sin defensa.

Pau Juvillà y Quim Torra

La Mesa del Parlament también se puede ver zarandeada por la justicia este año. El TSJC condenó al 'cupaire' Pau Juvillà, secretario tercero de la Mesa, a seis meses de inhabilitación y a una multa de 1.080 euros por no retirar los lazos amarillos de su despacho en la Paeria de Lleida durante un periodo electoral. ERC, Junts y la CUP han pactado una fórmula, que no usó Quim Torra en su día, para poder desatender una posible orden de la Junta Electoral reclamando el acta del diputado mientras la condena no sea ratificada por el Tribunal Supremo. El 'expresident', por cierto, también encarará a partir del 17 de marzo su segundo juicio por desobediencia.

Laura Borràs

Más allá del 'procés' El TSJC estudiará si abre juicio contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por presunta malversación, prevaricación y fraude por trocear contractos para favorecer a un amigo cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes. Un proceso cuyo desenlace podría condicionar su futuro político, de ahí que haya promovido una reforma del reglamento de la Cámara catalana con la que podría blindar su escaño hasta que una hipotética condena fuese firme.

El clan Pujol

Una causa, la de Borràs, por supuesta corrupción, como la que a finales de año podría sentar en banquillo, por fin, al 'expresident' Jordi Pujol y a sus siete hijos. Asociación ilícita y blanqueo de capitales son los principales delitos que se imputan al clan por haber amasado una fortuna en Andorra que ellos siguen defendiendo que procedía de una 'deixa' familiar. La fiscalía pide nueve años de cárcel para Pujol y 29 para su primogénito, mientras que Marta Ferrusola ha sido exculpada por demencia.