Acciones penales contra el Govern

Cs redobla su triple ofensiva contra la inmersión lingüística

  • Los naranjas se dirigen a la fiscalía del TSJC para que investigue si el Govern está cometiendo algún delito al prestar protección jurídica a los docentes que reciban "ataques" por el uso del catalán en las aulas

El diputado de Cs Joan García, el líder del partido en el Parlament, Carlos Carrizosa, y la diputada Anna Grau a las puertas de la Fiscalía Superior de Catalunya, en un foto de archivo.

El diputado de Cs Joan García, el líder del partido en el Parlament, Carlos Carrizosa, y la diputada Anna Grau a las puertas de la Fiscalía Superior de Catalunya, en un foto de archivo. / ACN

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Júlia Regué
Júlia Regué

Periodista

Especialista en información del Parlament de Catalunya, siguiendo la actualidad política catalana

Escribe desde Barcelona

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Catalunya, España y Europa. La triple ofensiva de Cs contra la inmersión lingüística se redobla y pasa ya por la vía penal. Los naranjas presentarán un escrito ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en el que acusan a la administración catalana de desoír el fallo que establece un 25% de horas lectivas en castellano en las aulas y de ofrecer protección jurídica a los docentes que reciban "ataques" por el uso del catalán, algo que, a su juicio, requiere la intervención del ministerio fiscal para que indague si hay indicios de delito. Paralelamente, se dirigirán al Tribunal de Cuentas para que estudie si la Generalitat ha podido cometer alguna irregularidad con el lanzamiento de una campaña publicitaria en defensa de la inmersión lingüística.

Cs pretende así que se contemplen acciones penales por el acuerdo del Consell Executiu pasado 4 de enero, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), en defensa del catalán y la cohesión social que se reafirma en “seguir impulsando y promoviendo las actuaciones necesarias para garantizar su protección jurídica como su uso social”, al tiempo que rechaza “cualquier ataque ilegítimo e injusto” contra la comunidad educativa o colectivos en defensa de la inmersión lingüística. Los naranjas consideran que en estas líneas se “proclama su voluntad de no implantar el 25% de la enseñanza en castellano, destinando recursos para vulnerar los derechos de los ciudadanos amparados por el TSJC e induciendo a funcionarios a vulnerarlos también”.

En cuanto a la publicidad institucional, solicitan al Tribunal de Cuentas que se active tras el lanzamiento de unos anuncios en los que hay ilustraciones con el mensaje "en la escuela, catalán, y luego en la calle el resto de lenguas". En una entrevista con Efe, el portavoz de Ciudadanos en la Cámara catalana, Nacho Martín Blanco, tacha de "aberrante" y "propagandística" la campaña porque lejos de responder al interés general propio de un mensaje institucional recogería "puro argumentario separatista".

En el argumentario lanzado por el partido tras darse a conocer la sentencia del TSJC en la escuela de Canet de Mar (Barcelona) que se ha ido replicando en otros centros educativos, reclaman "garantizar la libre elección de la lengua vehicular y la consulta a los padres de su preferencia educativa para los hijos", reforzar la Alta Inspección del Estado en Catalunya e instar a la Abogacía del Estado "a dar seguimiento a las resoluciones judiciales en este ámbito con el fin de velar por su cumplimiento íntegro".

Del Congreso a la UE

La batalla también se libra fuera de Catalunya. En el Congreso de los Diputados, donde buscan implicar al Gobierno para que el Govern acate la sentencia o, de lo contrario, como mínimo erosionar al presidente Pedro Sánchez por "inacción", han registrado una batería de preguntas para saber qué acciones pretende impulsar el Ejecutivo central para garantizar el cumplimiento del 25% de horas lectivas en castellano. Todo esto, después de que el Govern alcanzara este acuerdo para prestar apoyo jurídico al personal docente “ante posibles ataques por el uso del catalán en el ámbito educativo” y de que la respuesta del Defensor del Pueblo fuera "decepcionante" para las filas naranjas.

La formación asegura que la Generalitat “no tendrá ningún reparo a la hora de utilizar recursos públicos para intentar sortear su obligación de garantizar la adaptación de los proyectos lingüísticos de los centros educativos de Catalunya”, por lo que tratan de hacerse escuchar también en Europa.

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Y hay eco. Societat Civil Catalana y Cs se reunieron durante 45 minutos el 9 de diciembre con el comisario de Justicia, Didier Reynders, para intentar que la UE obligue al Gobierno a cumplir con la sentencia del 25% de castellano "como hace con Polonia o Hungría". Días después, los diputados catalanes se dirigieron a la comisaria de derechos humanos, Dunja Mijatovic, en una misiva en la que piden “amparo, o cuando menos la atención, de instituciones como el Ombudsman Europeo o el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, así como de la opinión pública internacional ante una situación de violación de derechos sistemática, insistimos, insólita en la Europa democrática”.

Todavía no han obtenido respuesta, pero no descartan abrir nuevos frentes. Y es que la inmersión lingüística es para el partido una batalla principal, que les vio nacer en 2006 y que, ahora, en el peor momento vital de la formación, puede ser un motor para evitar el naufragio electoral en las próximas contiendas.