El Govern se felicita por la vuelta al cole el día 10

El Govern ha saludado positivamente el retorno de todos los alumnos con normalidad a las aulas el día 10, acordada por el Gobierno con el consenso de todas las autonomías. La portavoz del Ejecutivo, Patricia Plaja, ha subrayado que los centros escolares son "entornos seguros" por lo que ha considerado que la vuelta a las escuelas el día 10 es una noticia que va en la linea de lo plantado por la Generalitat.

Por otra parte, el Govern, a petición del 'president' Pere Aragonès, ha aprobado una declaración de apoyo al catalán, las escuelas y la cohesión social en la que se muestra el apoyo y la protección jurídica de la Generalitat a los docentes ante "cualquier ataque" que puedan sufrir. El Govern apunta que seguirá exigiendo responsabilidades a quienes ataquen a colectivos o personas individuales "por el simple hecho de defender el uso del catalán". El Govern insiste en su defensa de la escuela catalana como un "modelo de éxito basado en la no discriminación lingüística del alumnado". Se trata de dar formato institucional a lo que "ya es una prioridad" del Ejecutivo, ha admitido Plaja sobre el alcance de esta declaración.

Sobre la mesa de diálogo y la próxima reunión de este organismo bilateral para abordar el conflicto soberanista, la portavoz ha afirmado que "todavía no está cerrada la fecha" pero ha insistido en que la previsión es que se produzca "a principios de año". Plaja ha añadido que este diálogo debería estar "al margen" de los procesos electorales de este año como el de Castilla-León.

Reforma laboral

El 'conseller' de Treball, Roger Torrent, ha insitido en las críticas de Aragonès a la reforma laboral aprobada por el Gobierno porque "no es la que necesita" la economía catalana ni la que se había marcado "como listón" el Gobierno. Torrent ha insistido en reclamar las herramientas para la tramitación de los ERE por parte de la Generalitat. El 'conseller' ha reclamado que le convenio sectorial autonómico prevalezca sobre el convenio sectorial de toda España, así como un mayor control de la subcontratación, y las indemnizaciones por despido, que no han vuelto a la situación previa a la reforma del PP o la recuperación de los salarios de tramitación.