Un mes de margen hasta la votación en el Congreso

El PSOE prioriza a los socios para la reforma laboral pero no descarta a Cs

Los socialistas se dirigirán primero a ERC, PNV y Bildu, pero ya han testado sus posiciones duras y las complejidad del acercamiento. Cs podría "ceder"

En Unidas Podemos coinciden en dar prioridad a los aliados habituales y no se "creen" la postura de los naranjas. Señalan que no buscarán sus votos

La hoy vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, en rueda de prensa tras su reunión en el Ministerio de Trabajo el pasado 10 de mayo de 2021.

La hoy vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, en rueda de prensa tras su reunión en el Ministerio de Trabajo el pasado 10 de mayo de 2021. / EFE / JUAN CARLOS HIDALGO

Juanma Romero

Juanma Romero

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El Gobierno acaba el año con la reforma laboral aprobada, publicada en el BOE y ya en vigor. En 30 días hábiles, como máximo, el real decreto ley deberá ser sometido a debate y votación en el Congreso, pero el Ejecutivo no tiene segura la convalidación. Ni mucho menos. Sus socios habituales (PNV, ERC y Bildu) siguen instalados en el no y exigen cambios en el texto. Pero Ciudadanos sí tiene una posición más templada y no se cierra en banda a dar su apoyo o, al menos, su abstención, aunque sus nueve votos serían insuficientes. Los socialistas, señalan a este diario fuentes de la cúpula parlamentaria, van a intentar atraerse a sus aliados parlamentarios, pero no descartan incluir a los naranjas en la ecuación. En Unidas Podemos, sin embargo, no se creen la disposición del partido de Inés Arrimadas y dudan de que sea una vía de salida.

Ha pasado una semana desde que patronal y sindicatos cerraron con el Gobierno la reforma del mercado de trabajo, comprometida con Bruselas y cuyo punto nuclear es el abordaje de la temporalidad (26,02%, según el INE), aunque también busca reequilibrar las relaciones laborales e incorporar a la legislación ordinaria los ertes, utilizados como un mecanismo de flexibilidad interna y para evitar los despidos. Un decreto que supone, para su impulsora, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, un "cambio de paradigma", una reforma "histórica" que, a diferencia de las anteriores, "recupera" derechos de los trabajadores y no es un retroceso para ellos. Pero esos argumentos, por sí mismos, siguen sin convencer a PNV, Bildu o ERC.

Las dos formaciones vascas exigen la prelación de los convenios autonómicos —el "respeto al marco laboral propio", en palabras de los 'jeltzales'—. Los republicanos también lo comparten y, al igual que Bildu, consideran que la redacción se queda corta, que es poco ambiciosa. ERC echa en falta la recuperación de la autorización administrativa para los despidos colectivos, la vuelta a los salarios de tramitación o la ampliación de las indemnizaciones por despido que laminó la reforma del PP de 2012. Aspectos estos que, recuerdan en Unidas Podemos, no figuraban en su acuerdo de coalición con el PSOE [aquí en PDF] y que, por tanto, no han estado sobre la mesa del diálogo social, por lo que no pueden entrar ahora en el Congreso.

Una dificultad que observan PSOE y UP es que PNV y Bildu son más impermeables a la presión de CCOO y UGT, porque el ecosistema vasco es distinto

CCOO y UGT están inmersos en conversaciones discretas con los grupos para intentar persuadirles de que lo pactado se convalide sin modificaciones sustanciales que espanten a la CEOE. Pedro Sánchez (y también Yolanda Díaz) ya ha dejado meridianamente claro que no quiere cambios de calado: es de "sentido común" que el Parlamento respete el pacto con los agentes sociales, se hartó de repetir el miércoles en su comparecencia de fin de año en la Moncloa.

"Seguimos igual, en el no", dice ERC

Los socialistas creen que hay camino para avanzar con las fuerzas pequeñas, como Más País o Compromís. Pero admiten su preocupación respecto a PNV, Bildu y ERC. "Estamos hablando con los grupos y vemos muy rígidos a los dos partidos vascos. Se marcan el uno al otro y venimos de las tiranteces de la negociación de los Presupuestos", indican a EL PERIÓDICO fuentes de la dirección parlamentaria. En las conversaciones para las cuentas del Estado, los de Arnaldo Otegi cerraron el acuerdo con el PSOE antes que el PNV, carrera a la que se suma la competición en Euskadi por un electorado que comparten. Desde el PSOE advierten de una dificultad añadida: que la presión ejercida por CCOO y UGT es, en este caso, irrelevante, ya que ambas centrales son minoritarias en Euskadi, donde la representación de los trabajadores la colonizan ELA y LAB, y ambos rechazan la reforma laboral. Un obstáculo que también aprecian en Unidas Podemos.

Cs fue clave en las últimas prórrogas del estado de alarma, pero sus votos no son suficientes. El PSOE ya buscó su apoyo para las cuentas de 2021, pero esa vía embarrancó

La dinámica con ERC es distinta, convienen socialistas y morados, porque en este caso sí puede tener más fuerza el empuje de los dos sindicatos mayoritarios, ya que "su base social procede" de ese universo. La cúpula republicana en Madrid reconoce los contactos con las centrales, pero de momento no les han convencido sus argumentos. "Seguimos igual, en el no", confiesan, y deploran la falta de interlocución con el Gobierno y con los dos partidos que lo sustentan, dato que desmienten en el equipo de Díaz y en el entorno del portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez.

La lectura que extrae la dirección socialista es que "no es pura escenificación" la postura de partida de los grupos, sino convencimiento. "Hay que dejar que maduren las cosas —señalaban este jueves con preocupación en la dirección socialista—. Pero sí creemos que hay que trabajar mucho el acuerdo y poner encima de la mesa algo. No van a cambiar de criterio a cambio de nada. Necesitan una salida". ¿Y cuál? Una alternativa, explican, sería la tramitación del decreto como proyecto de ley, lo que permitiría a los grupos introducir enmiendas, o bien negociar cambios en otras iniciativas, como se hizo con los Presupuestos, que ERC desbloqueó cuando obtuvo garantías de protección de las lenguas cooficiales en la ley audiovisual.

Ante las dificultades que encuentran con los socios de legislatura, en el PSOE miran a Ciudadanos. El presidente no cerró la puerta a ningún grupo en su comparecencia del miércoles, y sostuvo que la reforma es "equilibrada", "trasciende las ideologías" y "debería representar a todas las formaciones políticas". No hay una negociación abierta con los naranjas, solo contactos "informales" con el portavoz en el Congreso, Edmundo Bal. "Son de los que creemos que pueden ceder, aunque por ahora priorizamos a los grupos de la investidura", reconocen en la dirección parlamentaria, que a su vez está al habla constantemente con la cúpula morada en la Cámara baja y con el Ejecutivo.

Cs fue clave para Sánchez en las últimas prórrogas del estado de alarma: salieron adelante con su voto y con el PNV, alternativa hoy más compleja: la consolidación de la entente parlamentaria con ERC, PNV y Bildu ha corrido en paralelo al alejamiento del Gobierno hacia los naranjas, cada vez más diluidos. Sus nueve diputados, además, no bastan por sí mismos y podrían retraer a otras formaciones pequeñas. Pero esa vía no está cerrada para el PSOE. Para los PGE de 2021, el PSOE buscó a Cs, pero esa vía, rechazada por Pablo Iglesias, embarrancó.

"Les apedrean"

En la Moncloa, asimismo, no descartan "ningún apoyo, ningún grupo", e insisten en que, por mucho que ahora se aferren al no, los partidos se acabarán moviendo, porque "no pueden rechazar una reforma laboral apoyada por sindicatos y empresarios". "El tiempo hará su trabajo", apuntan. "Es difícil como todos los decretos leyes que llevamos a convalidación, como pasó también con los Presupuestos de 2022. Vamos a tener que trabajar cada apoyo con más dedicación si cabe y siendo muy convincentes. Los agentes sociales serán aliados también", indica una ministra socialista del área económica, que remata que la "clave", para atraer al PNV, pueden ser "los empresarios vascos". Antonio Garamendi, jefe de la CEOE, "es vasco y les conoce muy bien", añade.

En Unidas Podemos creen que los socios "no pueden dejar caer la norma" porque sería volver a 2012 y no podrían explicarlo a sus votantes. Coinciden con el PSOE en que el tiempo ayudará

"Paciencia, no nos queda otra", recetan también fuentes muy próximas a Díaz. En el entorno de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo creen también que los socios acabarán cediendo, como sucedió con la ley riders, a la que se oponían inicialmente. El decreto se tramitó como proyecto de ley y al final salió aprobado sin cambios. La alternativa, insisten, es volver a la legislación del PP: "No pueden dejar caer esta norma. Que ERC explique a los trabajadores de Catalunya que hacen eso: les apedrean. ¿Va a decirle Pere Aragonès a sus trabajadores públicos que pueden ser despedidos tras aprobar una oposición, cuando ese punto queda derogado con este decreto?". También recuerdan a los republicanos que votaron a favor de la investidura de Sánchez en 2020 "sabiendo que el acuerdo con UP no incluía ni tocar el despido ni los salarios de tramitación".

Respecto a la prelación de los convenios autonómicos, en Trabajo no apuntan cuál puede ser la fórmula que satisfaga a PNV y Bildu, pero sí advierten de que no se dejaron contenidos abiertos en la negociación con patronal y sindicatos para luego utilizar esa pieza en las conversaciones con los grupos: "Nunca se hace eso". Díaz, igual que Sánchez, no es partidaria de cambios sustanciales. "La vocación es que la reforma permanezca como está", afirmó el martes, tras la aprobación del decreto por el Consejo de Ministros.

"La clave del diálogo social es respetar lo trabajado, y hemos estado negociando nueve meses", abundaban este jueves en el círculo de la vicepresidenta. Lo explicitó este jueves Jaume Asens, presidente del grupo morado, en una entrevista con Europa Press, en un claro aviso a los socios: "Existe un riesgo real de que la CEOE salga del acuerdo y este es el escenario deseado por el PP". "Que la CEOE esté es clave para el país y para reventar al PP", completan con sinceridad fuentes próximas a la titular de Trabajo.

Aval de FAES a la estrategia de CEOE

En Unidas Podemos tampoco dicen rotundamente no a Cs, pero entienden que su posición es estratégica. Es decir, que el partido de Arrimadas "no comparte" el decreto, pero ve la oportunidad de diferenciarse de PP y Vox, que han anunciado su voto en contra, y de encarnar la voz de "los empresarios sensatos". "Esta norma es difícil para ellos. En el acuerdo que firmaron con el PSOE [en 2016] defendían mochila austríaca y subir el SMI un 1% y ellos defienden el contrato único y bajar las indemnizaciones por despido. No nos creemos que quieran acercarse".

"Esta norma es difícil para Cs. En el acuerdo que firmaron con el PSOE defendían mochila austríaca y subir el SMI un 1%", señalan fuentes próximas a Díaz

Aducen que en la ley riders se pensaba que darían el sí porque "la CEOE lo intentó", y al final votaron en contra. "La prioridad son los socios", concluyen, "y una cosa es que Cs decida apoyar y otra cosa es que contemos con esos votos para renunciar a otros". La formación naranja, como relataba 'El Periódico de España', se abre a apoyar el texto si no se introducen las modificaciones que piden los socios de izquierda del Ejecutivo, y entienden que la postura más complicada la tiene el PP, porque la reforma del bipartito no desmonta "ningún aspecto significativo" de la ley de 2012.

"Los empresarios se han encontrado con una derecha a la que no influyen", analizan en el PSOE. En el partido, para recalcar la "incongruencia" de Pablo Casado, se remiten al comunicado de FAES, la fundación de José María Aznar, que respalda la estrategia de la CEOE de "limitar el daño" y admite que la norma "consolida" la legislación del PP de 2012.

Las conversaciones sufrirán el parón del último tirón de la Navidad. Después se acelerarán, y el resultado, a día de hoy, sigue siendo incierto.