Batalla en la abogacía de Barcelona por la inmersión lingüística en la escuela de Canet

Dos sectores contrapuestos en el seno de la abogacía de Barcelona, los constitucionalistas y los independentistas, están librando una batalla de recogida de firmas a raíz del rechazo por parte de un colectivo de juristas a la actitud del Gobierno catalán de criticar y oponerse a la decisión del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de obligar a una escuela de Canet de Mar a impartir el 25% de las clases en castellano. La polémica estalló por un comunicado de la Sección de Derecho Constitucional del Col.legi de l'Advocacia de Barcelona en el que mostraba su "preocupación" por la reacción del presidente de la Generalitat y recordaba que las sentencias deben acatarse y cumplirse. La junta del colegio profesional se mantiene al margen de estas escaramuzas y recuerda que las comisiones son autónomas a la hora de expresar sus opiniones y que no tienen porque compartirlas.

La actitud adoptada por las autoridades catalanas respecto a la escuela de Canet de Mar, al entender de la Sección de Derecho Constitucional, "es de extrema gravedad y atenta de modo frontal contra el principio del Estado de Derecho reconocido en el artículo 1 de la Constitución". Esta comisión añade que estos hechos afectan "a algo tan fundamental en una democracia avanzada como la nuestra como es el garantizar la protección integral de los menores contra toda forma de violencia y de victimización secundaria, principios estos consagrados por nuestro ordenamiento con rango de ley orgánica". El texto dejaba constancia que las comunicaciones de las comisiones no se pueden atribuir a la corporación profesional. "La voz oficial del colegio se manifiesta a través de su junta de gobierno", precisa.

El comunicado de la Sección de Derecho Constitucional levantó las iras un grupo de abogados alineados con el independentismo y encabezado, entre otros, por el diputado de Junts y exdecano del Col.legi de l'Advocacia de Barcelona, Jaume Alonso Cuevillas. Este colectivo, que ha logrado 500 firmas de apoyo, emplaza a la cúpula del colegio de los abogados barceloneses a pronunciarse sobre la posición de la Sección de Constitucional, al considerar que su comunicado "es estrictamente político" y está "alienado con las tesis ultra nacionalistas españolas". "No es un análisis jurídico y es muy triste", asegura uno de los promotores de la iniciativa, el abogado Lluís Mestres, que se queja del silencio de la decana Maria Eugènia Gay.

La junta de gobierno

El Col.legi de l'Advocacia de Barcelona, por su parte, ha recibido una petición en nombre de una abogada para que la junta de gobierno de la entidad se pronunciara. El máximo órgano del colegio recuerda en su respuesta que las comisiones tienen autonomía para expresar sus opiniones y que sus manifestaciones no tienen por que ser compartidas por la institución. También argumentó que los posicionamientos oficiales deben garantizar y preservar "la voluntad de neutralidad política" del organismo colegial y solo pueden ser emitidas por la misma junta de gobierno, elegida democráticamente.

Con motivo de esta polémica otros miembros del colegio de la abogacía vinculados al sector constitucionalista han lanzado una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma Change.org para que abogados de toda España manifiesten su apoyo a la Sección Constitucional. "Ante la campaña de acoso al ICAB (Il.lustre Col.legi de l'Advocacia de Barcelona) promovida por sectores del independentismo radical, entre los que se encuentra un grupo minoritario de abogados, la mayoría de los abogados de Barcelona, de Cataluña y del resto de España queremos mostrar nuestro más firme apoyo y solidaridad con el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, su Sección de Derecho Constitucional y los compañeros que han sido señalados públicamente por esos radicales", recoge la iniciativa y que ha recogido, por ahora, más de 1.500 firmas.