Presupuestos de 2022

El Gobierno se servirá de su holgado apoyo a los presupuestos para instar a un gran pacto laboral

Pedro Sánchez ha logrado en 2020 y en 2021 lo que no pudo durante sus primeros dos años en Moncloa: aprobar las cuentas

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. / Europa Press

Ángel Alonso Giménez

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Los presupuestos que aprobó el Gobierno de

Mariano Rajoy

en 2018 gracias al PNV le duraron un mes. A Pedro Sánchez, sin embargo, le duraron más de dos años, y eso que no le gustaban. Cosas de la moción de censura y de la fragmentación política.

El Congreso, a punto de acabar 2021, sigue tan fragmentado o más que antes (una veintena de partidos representados en once grupos), pero la legislatura disfruta por ahora de estabilidad. Se debe a las alianzas, no exenta de tiranteces, que han forjado el

PSOE

y

Unidas Podemos

, los socios de la coalición. Los 13 diputados de

ERC

, los seis del

PNV

, los cinco de

EH Bildu

, así como un puñado de parlamentarios agrupados en Más País, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y Partido Regionalista de Cantabria,

han permitido que la agenda progresista

del Gobierno avance. Con sobresaltos, sin duda, pero avanza.

La prueba está en los presupuestos vigentes y en los presupuestos que los reemplazarán. Las cuentas de 2021 recibieron el apoyo de 188 diputados. Las de 2022, igual. Como este martes el Congreso dará luz verde al proyecto tras su paso por el

Senado

, el Gobierno exhibirá ese nivel de consenso, esa fortaleza parlamentaria, para intentar aprobar el siguiente gran reto que tiene por delante: la

reforma laboral

.

Acuerdos a pesar de las quejas

Dicen a menudo los miembros de la dirección del grupo socialista, y también algunos ministros/as del Gobierno, que su capacidad de negociación y consenso está más que acreditada, y para comprobarlo invitan a repasar el listado de leyes aprobadas: las de los presupuestos son las más importantes, pero hay más. Dos ejemplos recientes: el jueves pasado el Congreso sacó adelante la

nueva norma de residuos

y suelos contaminados, que es una renovación integral de las políticas de reciclaje que se han llevado a cabo en este país, y respaldó el dictamen sobre las ayudas a los niños/as que quedan huérfanos por la lacra de la violencia machista.

Señalan con frecuencia los diputados de los grupos aliados que los negociadores socialistas afrontan tarde el diálogo y que, cuando lo hacen, determinados medios de comunicación han desgranado antes las líneas esenciales de la materia a tratar. También recalcan que los negociadores del PSOE, en numerosas ocasiones, pecan de arrogancia. Entre los aliados es posible detectar ya cierta desconfianza hacia el ministro encargado de tejer las connivencias y de que funcionen:

Félix Bolaños.

Pero la agenda legislativa cuaja en el Congreso porque, a pesar de las demoras, las tiranteces, las susceptibilidades y las presiones, los acuerdos terminan llegando, a veces sobre la bocina. ERC y PNV facilitaron la tramitación de las cuentas en la Cámara Baja porque, a unos minutos de que expirara el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad, el Gobierno hiló sendos acuerdos sobre la ley audiovisual y el Ingreso Mínimo Vital

.

En el Senado, sucedió algo parecido. El Ejecutivo fue sorteando las trampas y los ultimátum, como el de los independentistas catalanas con la citada ley audiovisual, cuestión que se enrevesó porque en el proyecto no figuraba la protección de las lenguas cooficiales en los términos pactados previamente. Hubo que forjar un segundo pacto.

Al final, entre las numerosas enmiendas, se coló en el proyecto una de Compromís sobre las lenguas minoritarias que el PP, junto al resto de fuerzas regionalistas y nacionalistas, apoyó. Los planes de Sánchez y de María Jesús Montero sobre los tiempos de tramitación se truncaron, por tanto, pero no sus planes sobre la solidez parlamentaria, ya que en la Cámara Alta recibieron otros respaldos, como los de Geroa Bai, Asociación Socialista Gomera, Més per Mallorca y Partido Aragonés.

Esos 188 votos a favor de los presupuestos que dio el Congreso a finales de noviembre, volverán a lucir este martes respecto al cambio proveniente del Senado, que es lo único que se votará. El proyecto irá al BOE y los presupuestos entrarán en vigor esta misma semana. Dos años, dos presupuestos. Habida cuenta de que Sánchez convivió con los de Cristóbal Montoro desde junio de 2018 hasta diciembre de 2020, no está mal.

Nada es seguro

El Consejo de Ministros aprobará el decreto-ley que acabará con la reforma laboral de Mariano Rajoy este mismo martes y lo enviará al Congreso, que dispone de 31 días para convalidarlo o derogarlo. Enero es mes inhábil, es decir, sin actividad parlamentaria, por lo que la presidenta de la Cámara, la diputada socialista Meritxell Batet (actualmente de baja por covid), tendrá que convocar un pleno extraordinario. A ese pleno irá también el polémico decreto de las mascarillas obligatorias en exteriores, como medida más sonora de las desplegadas para atajar la ola de contagios por ómicron.

Es poco probable que el decreto sobre la reforma de la reforma laboral sea derogado, pero no descartable. El escenario factible contempla la convalidación, y acto seguido, la apertura de un proceso de negociación en el Congreso, entre el PSOE y Unidas Podemos, por un lado, y los demás aliados, por otro. Será a partir de entonces cuando surjan los problemas.

Porque esos mismos aliados que han permitido al Gobierno sacar pecho de sus dos presupuestos "históricos" y de algunas leyes de calado, por ejemplo la de la eutanasia o la del cambio climático

, están muy molestos con lo que hasta ahora han conocido del decreto, acordado ya con sindicatos y patronal.

ERC, remarcan fuentes del grupo parlamentario, pide al Gobierno que atienda sus demandas de una vez, pues se las transmitieron hace meses y "parece ser que entre día histórico y día histórico no han tenido tiempo de verlas". Esas demandas son: mejorar los salarios de tramitación, reforzar la indemnización por despido, regular el papel de las administraciones con las empresas que despidan a pesar de haber recibido ayudas públicas y dar prevalencia a los convenios colectivos autonómicos. Actualmente, el respaldo del grupo republicano no está en absoluto garantizado.

Tampoco el del PNV. Es más: los nacionalistas vascos, si mañana tuvieran que votar el decreto en el Congreso, lo rechazarían. El portavoz en la Cámara,

Aitor Esteban

, afirmó este sábado que la condición 'sine qua non' es precisamente una de las reclamaciones de ERC: la prevalencia de los convenios autonómicos. Según las declaraciones que recogió Efe, explicó que en Euskadi existe una "dinámica sindical" distinta a la del resto del Estado, de ahí su exigencia.

A EH Bildu tampoco le gusta lo que ha trascendido del decreto. Su líder,

Arnaldo Otegi

, avanzó el pasado viernes que los independentistas vascos buscarán mejorar el texto en el Congreso a través de enmiendas. Al mismo tiempo, la portavoz parlamentaria, Mertxe Aizpurua, pidió al Gobierno que escuche menos a la patronal y más a los partidos que han de sacar adelante el nuevo modelo laboral, pues se vota en el Parlamento. "Mucho nos tememos que en los próximos días la CEOE va a seguir imponiendo sus vetos y va a intensificar sus condiciones para rebajar el alcance de la reforma laboral", añadió.

Más País

, por medio de Íñigo Errejón, coincidió en el adjetivo "descafeinado" para describir el contenido conocido del decreto, por lo que instó al Ejecutivo a estrechar los lazos con sus aliados para "no desaprovechar una oportunidad histórica".

PSOE y Unidas Podemos se ponen manos a la obra

Han hecho falta tres días, incluso a pesar de ser Nochebuena y Navidad, para que los socios de la coalición constaten que el amplio apoyo parlamentario habitual no está asegurado. No lo está ante una medida estrella: el nuevo marco laboral.

El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, se ha limitado a hacer un llamamiento a los aliados parlamentarios, en tanto que

Pablo Echenique

, de Unidas Podemos, ha empezado a tantear a estos grupos. Las dos formaciones del Gobierno se juegan mucho capital político en la reforma laboral, aunque quizá sea más trascendente la operación para Unidas Podemos por cuanto su previsible candidata en las próximas elecciones generales, Yolanda Díaz, es ministra de Trabajo.

Como indican las fuentes de la dirección parlamentaria socialista, el cuadro parece ahora oscuro, pero según pasen los días se irán abriendo claros y seguramente habrá acuerdo. Este martes, en el Congreso, recordarán que los primeros y los segundos presupuestos de Sánchez han sido aprobados con 188 votos a favor.