El Govern acude al odio racial contra los judíos para demandar a Casado por sus "injurias" contra la escuela catalana

El Govern ha presentado una querella contra el líder del PP, Pablo Casado, ante el Tribunal Supremo por los delitos de Injurias, calumnias e incitación al odio y la violencia, tras sus palabras criticando al profesorado catalán que no deja ir al lavabo a los escolares castellanohablantes. Así lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo, Patricia Plaja. Según el escrito presentado por la administración catalana, las injurias repercutidas en medios están penadas con una multa de entre seis y 14 meses. En el texto se recuerda que en el artículo 510 “las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social".

Recurre, además, a la persecución del pueblo judío. "Las manifestaciones realizadas por el querellado manifiestan un claro afán discriminatorio y denigrante, dirigida contra una parte de la población, por motivos culturales o idiomáticos, con capacidad suficiente para incitar al odio contra ellas, o lesionar su dignidad, así como justificar, enaltecer o dar publicidad a tales conductas mendaces". Eso antes de hacerse eco de una sentencia del propio Tribunal Constitucional de 11 de noviembre de 1991, que estimó vulnerado el derecho al honor de un colectivo, el pueblo judío, representado por la persona física de la querellante, una ciudadana judía, en calidad de miembro integrante del mismo.

"Menosprecio" público

Casado afirmó el pasado día 17, en un acto de partido en Galicia: "¿Se puede tolerar de verdad que a un niño de cinco años se le pida apedrear y aislar en clase? ¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano? ¿Se puede tolerar que haya niños que porque hablan en castellano en el recreo les metieran piedras en la mochila? ¿Se puede tolerar que a los hijos de la Guardia Civil y la Policía Nacional se les señale en clase y se diga que esos niños no pueden estar integrados?".

Ante ello, la portavoz del Govern, Patricia Plaja ha afirmado que tras un estudio por parte de los servicios jurídicos del Govern, se constata que son palabras que "atacan al profesorado y al sistema educativo" de Catalunya "sabiendo que estaba mintiendo". "Acusa al profesorado de delitos contra la integridad moral", ha añadido, advirtiendo que "hay lineas que no se pueden traspasar, son declaraciones de un responsable político acusando de delincuentes a la comunidad educativa".

Jurisprudencia sobre derechos humanos

En el escrito, la Generalitat presenta abundantemente jurisprudencia basada en tribunales de derechos humanos, para desmentir que la andanada de Casado pueda protegerse en los límites del derecho a la expresión.

Asimismo, se hace eco de una sentencia del propio Tribunal Constitucional de 11 de noviembre de 1991, que estimó vulnerado el derecho al honor de un colectivo, el pueblo judío, representado por la persona física de la querellante, una ciudadana judía, en calidad de miembro integrante del mismo.

Plazas de funcionarios

Por otra parte, el Govern ha acordado crear 4.000 nuevas plazas de funcionarios públicos, de ls cuales la mayoría serán docentes no universitarios (2129), seguida de Mossos d'Esquadra (840), bomberos (240) y agentes rurales (un centenar), más funcionarios de la administración penitenciaria. El objetivo del Ejecutivo es llegar a loas 5.100 plazas.