En una próxima vista

El Supremo sienta en el banquillo a Eulàlia Reguant por negarse a contestar a Vox en el juicio del 'procés'

  • La diputada cupera defiende su actuación como un acto "colectivo" para plantar cara a la extrema derecha

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Ángeles Vázquez
Ángeles Vázquez

Periodista

Especialista en Tribunales y Justicia

Escribe desde Madrid

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Júlia Regué
Júlia Regué

Periodista

Especialista en información del Parlament de Catalunya, siguiendo la actualidad política catalana

Escribe desde Barcelona

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A veces cuanto menor es un delito, más vueltas entre órganos judiciales debe dar para ser juzgado. Sobre todo, si el imputado está aforado. El Tribunal Supremo ha abierto juicio oral contra la diputada de la CUP en el Parlament Eulàlia Reguant para juzgarla por desobediencia grave a la autoridad al negarse a contestar a las preguntas que como testigo le dirigió Vox, que ejercía como acusación popular en el juicio del 'procés'. Durante esa vista oral, el tribunal impuso a Reguant y al exdiputado Antonio Baños una multa de 2.500 euros y les conminó a declarar si no querían que se abriera el procedimiento al que ahora se enfrentan.

El Supremo es el competente para juzgar a Reguant, ya que por su condición de diputada solo puede ser juzgada por el Tribunal Superior de Justicia catalán, por hechos cometidos en Catalunya, o el Supremo, cuando son fuera, como en este caso, ya que el juicio a la cúpula del 1-O se celebró en Madrid. Fuentes del alto tribunal señalaron a este diario que en principio Reguant no será juzgada por ninguno de los jueces que intervino en el juicio del 'procés'.

Mientras que los imputados pueden negarse a contestar cualquier pregunta, los testigos no: están obligados a decir verdad y a responder a todas las partes. De ahí que la negativa de Reguant y Baños a contestar a un "partido machista, fascista y xenófobo" terminara en el juzgado.

Instrucción previa

La instrucción del caso se siguió en el Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid, que llegó a abrir juicio oral contra ambos por desobediencia grave, hechos por los que el fiscal pedía para Reguant y Baños seis meses de prisión e inhabilitación.

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Al ser aforada, esa resolución se trasladó al Supremo. A partir de ahora la diputada de la CUP tiene 10 días para oponerse y solicitar las pruebas que crea oportunas para defenderse. Su defensa ha anunciado que pedirá la nulidad del procedimiento.

En una rueda de prensa desde el Parlament, Reguant defendió su negativa a responder a Vox en el juicio como una acción "colectiva" y animó a que su caso se convierta "en un bumerán contra el Estado". "Queríamos evidenciar una voluntad colectiva y señalar que aceptar la presencia de los que niegan derechos fundamentales en el juicio era ya una declaración de intenciones del poder judicial, que era imposible obtener justicia en ese tribunal como vimos después", espetó. En su opinión, "la acusación de Vox se convirtió en una herramienta más del Estado para construir un juicio político".