El fiscal pide al TSJC investigar a la 'consellera' Garriga solo por desobediencia

La Fiscalía Superior de Cataluña ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investigue únicamente por un delito de desobediencia, que no conlleva prisión y solo comporta inhabilitación y multa, a la 'consellera de Cultura', Natàlia Garriga, que antes de ser aforada había sido procesada por malversación de fondos públicos por los preparativos del 1-O. En su escrito, la acusación pública mantiene que existen indicios de que la alto cargo del Ejecutivo catalán incurrió en un delito de desobediencia grave por "desatender" los mandatos del Tribunal Constitucional cuando era directora de servicios de la secretaria general del Departamento de Vicepresidència.

Garriga fue procesada por un juzgados de instrucción antes de ser miembro del Gobierno catalán. Se le atribuyó entonces su participación en la adjudicación de varios contratos menores para acondicionar un centro de atención telefónica que debía funcionar como centro de recogida de datos del 1-O, así como por sus gestiones para obtener un local donde almacenar el material electoral, facilitar el acceso a la web del referéndum y asistir un acto de Vicepresidencia a favor de la consulta.

El fiscal Pedro Ariche razona que en otro proceso judicial seguido en el TSCJV contra el exsecretario general d'Economia, Josep Maria Jové, y el exsecretario de Hacienda, LLuis Salvador, ya descartó que los gastos destinados al acondicionamiento del centro de atención telefónica constituyeran un delito de malversación. Según recuerda, se rechazó esa posibilidad porque, si bien ese espacio iba a ser una infraestructura clave para el 1-O, después fue utilizado "para procesos electorales legales y para otras actividades". La fiscalía precisa, sin embargo, que este acto es "un hito más dentro del delito de desobediencia".

El Constitucional

El escrito describe otras acciones que, al entender de la acusación pública, pudieran ser constitutivos de presunta desobediencia, dada la "obligación" de la actual 'consellera' "de acatar y cumplir escrupulosamente las resoluciones judiciales que afecten directamente o tangencialmente a su competencia o función y, entre estas, de manera muy especial las emanadas del Tribunal Constitucional". En este sentido, la fiscalía asegura que la titular del departamento de Cultura "ejerció de enlace" entre Jové y otra de las procesadas por el 1-O para obtener un local donde almacenar el material electoral del referéndum y llegó a "transmitir instrucciones" para la cesión de unas naves de Bigues i Riells (Barcelona).

Garriga también hizo gestiones para que la web del referéndum pudiera ser accesible por cualquier persona y asistió a un acto el 21 de abril de 2017, organizado por Vicepresidencia, "con el que se pretendía transmitir a la ciudadanía el compromiso de los miembros y demás altos cargos del Govern con el referéndum ilegal que se iba a convocar en breve". La alto cargo del Govern fue una de las detenidas en la operación del 20-S